El sector valenciano de residencias presenta una propuesta de actuación ante un posible rebrote de la Covid-19

La fiscal coordinadora civil de la Comunidad Valenciana, Ana Lanuza, considera urgente una reunión entre las Consellerias de Igualdad y Sanidad con los directores de las residencias de la región, tanto públicas como privadas, para elaborar protocolos efectivos con los que hacer frente a un posible rebrote por coronavirus.

Textualmente, Lanuza dijo: "Se trata de salvar vidas. Deberían sentarse todos alrededor de una mesa para estudiar lo que ha pasado y tener una previsión ante posibles nuevos casos. Hay que coordinarse y elaborar algún tipo de manual tras aprender de todo lo que ha pasado".

Entiende que es el momento de preparar decretos u órdenes "para que todo funcione lo mejor posible en el caso de que haya una segunda oleada de la Covid-19". Para ello quiere contar con los profesionales de las residencias, ya que son los que "mejor conocen las carencias y necesidades" que se dan estos centros.

Todas las entidades del sector de residencias de la Comunidad Valenciana presentaron en Lunes conjuntamente un escrito en ambas consellerías en el que se pedía la creación de un grupo de trabajo tripartito para analizar de manera rigurosa lo que ha ocurrido y establecer las medidas necesarias de cara a un posible rebrote en un futuro inmediato.

Reproducimos por su interés el texto íntegro presentado por las entidades del sector residencial:

PROPUESTA SECTORIAL DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID19 FRENTE A UN POSIBLE SEGUNDO REBROTE TRAS LA EXPERIENCIA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020

Comunidad Valenciana, 15 de Junio de 2020.

Las empresas y entidades que gestionan la mayoría de las residencias de personas mayores de la Comunidad Valenciana han puesto en común la experiencia de los casi tres meses que han pasado desde la declaración del estado de alarma en España y todas las situaciones que se han causado por la pandemia del coronavirus, con el objetivo de aprender y plantear propuestas que permitan reducir el impacto negativo de un posible rebrote que se pueda producir en el futuro.

Ahora que la situación se ha estabilizado en general, creemos que es el momento de reflexionar sobre las distintas experiencias que se han vivido en los distintos centros y servicios para poder establecer los protocolos y medidas necesarias para estar preparados para afrontar el futuro con las mayores garantías posibles.

Las personas mayores que atendemos en los centros tienen un perfil medio de mujer con más de 80 años con pluripatologías por lo que requiere de un gran nivel de atención asistencial y, además, son muy vulnerables al COVID19. Por ello, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para asegurar al máximo posible su salud y, al mismo tiempo, garantizar un nivel de calidad en la atención lo más normalizado posible que respete la dignidad de cada una de ellas.

Los centros no están diseñados para atender una pandemia de carácter sanitario, ni cuentan con los profesionales ni materiales necesarios para ello y, sin embargo, se les ha exigido como si así fuera. Esto ha provocado imagen distorsionada del sector a que se le ha visto, algunas veces y de manera injusta, como culpable del trágico resultado por negligencia en su trabajo y no como una entidad afectada más por la situación producida por esta crisis sanitaria.

La sociedad tiene puestos los ojos en nuestro trabajo y en el servicio que prestamos a diario por lo que debemos hacer, más que nunca, un ejercicio de responsabilidad, aprendiendo de la situación vivida, haciendo un análisis serio y profundo de todas las circunstancias que se han producido para poder tomar las decisiones que consideramos adecuadas para mitigar las posibles consecuencias que se puedan producir.

Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:

1. No se ha podido contar con los materiales sanitarios de protección suficientes para que los profesionales trabajaran en un entorno de seguridad laboral adecuado y que se pudiera atender a las personas residentes con las medidas de seguridad necesarias.
2. La falta de realización de pruebas nos ha impedido poder llevar a cabo las medidas de aislamiento y detección necesarias, más cuando se ha demostrado el alto número de casos asintomáticos detectados en los centros. Además ha provocado un absentismo laboral innecesario muy importante con graves consecuencias para los centros.
3. Ha faltado una mayor coordinación entre las administraciones de sanidad y de servicios sociales, lo que ha provocado que la normativa sanitaria y social no haya estado alineada siempre y que se hayan producido contradicciones entre ambas.
4. No se ha podido garantizar, en todos los momentos y en todos los lugares, una adecuada atención sanitaria a las personas mayores que vivían en los centros residenciales para mayores. La asistencia en un establecimiento adaptado, y no en la residencia, ayuda a mejorar el nivel de atención sanitaria a la persona enferma.
5. El confinamiento en las habitaciones ha tenido un impacto muy negativo en la salud mental y física de muchas de las personas residentes. Por ello, hay que asegurar la mayor normalidad posible en el centro para mantener la calidad de vida de las personas, por lo que se hace necesario derivar a centros especializados los casos positivos.
6. La información, a pesar de proporcionarse a diario por parte de las residencias, no se ha conseguido que refleje claramente la situación real de los centros en cada momento y que haya sido comparable.
7. Muchos profesionales de los centros residenciales han sido contratados por las distintas consejerías de sanidad a través de las bolsas de trabajo por lo que se ha reducido la presencia de este personal sanitario en las residencias.

Las soluciones que proponemos son estas:

1. Es necesario garantizar el suministro de material de protección a las residencias para proteger a los profesionales y a las personas atendidas. No se puede admitir ningún recorte en estas entregas que lleva realizando la Consellería de Sanidad.
2. Es necesario hacer pruebas periódicas cada 15 días en las residencias a personas residentes y trabajadores. Es la única manera de saber de manera real la situación en la que se encuentra cada uno de los centros y poder tomar las medidas necesarias en cada momento.
3. Hay que crear una comisión de coordinación sociosanitaria, con presencia de las entidades del sector, para establecer de manera conjunta toda la normativa y adaptación a la realidad de las residencias evitando contradicciones y duplicidades.
4. Hay que identificar una persona de enlace en atención primaria con las residencias con un reparto de las competencias y funciones que corresponden a cada una de las partes para coordinar las pruebas, el seguimiento y las necesidades de los centros.
5. Hay que reformar los protocolos de atención sanitaria a personas residentes con el objetivo de derivar a las personas con diagnóstico positivo al hospital o los centros sociosanitarios de referencia que establezca la administración.
6. Es necesario establecer un procedimiento unificado de información para que las residencias informen a una única administración, que deberá informar al resto, con herramientas informáticas que generen datos en tiempo real que permitan conocer de manera inmediata la situación del sector.
7. Suspensión temporal de la llamada a profesionales sanitarios que se encuentren en la bolsa de las Consejerías de Sanidad correspondientes que estén desarrollando su trabajo en centros residenciales para evitar que los centros pierdan este perfil de profesionales.