La semana pasada, Afectadoscoronavirus.org, que agrupa a ciudadanos que entienden que han visto sus derechos violados o han sufrido injusticias durante la pandemia, anunció en una rueda de prensa on line que ha presentado una reclamación en vía administrativa de responsabilidad patrimonial (previa al Contencioso-Administrativo) contra la Generalitat de Cataluña por su gestión en la crisis sanitaria al considerar que ha habido un deficiente funcionamiento de los servicios públicos asistencial y de salud.
Esta primera reclamación, que ha sido dirigida concretamente al Departamento de Salud de la Generalitat y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se produce tras el fallecimiento en una residencia de Barcelona de la madre de Ángel Juárez, que es el portavoz de los afectados y que ha explicado a Dependencia.info que "la demanda está dirigida a los responsables y la hemos planteado porque hay muchas cosas que se han llevado con mucha opacidad, sin transparencia".
Ha apuntado, por un lado, a la Consellería de Salut, "que tenían que haber dado una cobertura mucho más cerrada y con más vigilancia", y también a los que tienen las competencias de residencias, que es la Consellería de Biestar y Trabajo. "Pero no descartamos absolutamente nada, y miramos también a los directores de los geriátricos porque también pueden ser ellos los responsables, especialmente los de las residencias privadas porque se están llevando el dinero", ha dicho.
Como fuere, Juárez opina que "los fallos más importantes han sido no tener una cobertura sanitaria fuerte para todos los centros de mayores, que se tenían que haber pasado unos controles muy fuertes que debían estar marcados por el Estado, en este caso por la Generalitat, que no se han hecho test a todo el personal que está trabajando con nuestros ancianos y que no se pasaron esas revisiones porque había el peligro de la transmisión de virus".
El portavoz de Afectadoscoronavirus.org cree que "es un planteamiento que se tiene que hacer toda la sociedad porque es un tema inhumano de la forma en que ha acabado todo esto. Las coberturas de protección estaban rotas completamente y por eso entró la infección precisamente a las personas más vulnerables".
Recuerda Ángel Juárez que "hubo mucha confusión también al principio desde el Ministerio de Sanidad con el intento de centralizar las compras" y subraya que "cuando entra la política por medio es complicado porque no sabes a quién hacer caso".
¿Se puede hacer extensiva esta iniciativa a otras partes de España?
Juárez apunta que "sí" y que, de hecho, "se están tratando más en Madrid, en Andalucía, Extremadura y Castilla y León". Sobre las probabilidades de éxito que pueden tener con esta demanda no ha sido tan claro: "Vamos a ver". En cualquier caso, ha recomendado a todo el mundo que demande porque, "al margen de que se gane o no, de que se consiga una indemnización o no, hay algo que es mucho mas importante y que no puede olvidar nadie que haya tenido algún familiar fallecido, que es dignidad. Se llama reparar la Justicia". "¿Los 19.200 muertos en residencias no se merecen dignidad?", se ha preguntado.
"El mayor homenaje que le podemos hacer a nuestro fallecidos es que se esclarezcan las causas de su muerte y que no vuelva a ocurrir nunca más esto", ha sentenciado, para añadir por ello: "Vamos a pedir una auditoría independiente de todas las residencias de España para saber qué es lo que ha fallado y hacer unas nuevas normas y unos nuevos controles para que no vuelva a ocurrir nunca más".
"Aunque hemos puesto una cantidad, una cifra a la indemnización, que quede claro que lo más importante es la dignidad y la reparación moral", ha concluido. Es decir: "Demandamos a la Generalitat para pedir dignidad por los fallecidos en las residencias".
En este sentido insistió en la rueda de prensa Ana Romero, socia de Cremades & Calvo-Sotelo y directora del área de responsabilidad civil y daños personales, que explicó que el propósito de esta medida es “restaurar la dignidad de las víctimas, fallecidas en un contexto de especial penuria”, así como identificar “las deficiencias asistenciales que hayan podido dar lugar a esta situación” para “promover la mejora de los protocolos de actuación para un sector de nuestra población especialmente vulnerable”.
Reclaman a la Generalitat una compensación de 151.000 euros
Afectadoscoronavirus.org insistía: “Se nos está negando desde las instituciones el acceso a información sumamente útil para nosotros como es la cifra de afectados, documentación clínica sobre los familiares de personas fallecidas por coronavirus”.
Por eso, además de dignidad y justicia, los afectados por el COVID-19 reclaman una compensación económica, que rondaría los 151.000 euros para el caso de la madre de Juárez, pues se trata de una mujer que tenía 8 hijos. Para una familia media en la que la persona que fallezca cuente con 2 hijos y 2 hermanos, ese importe sería de 130.000 euros.
En total, la plataforma calcula que si todos los familiares de las 19.000 personas que han fallecido en situaciones similares reclaman como la que ha sido presentada contra la Generalitat, la indemnización se elevaría hasta los 2.470 millones de euros.
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