"La privatización de las residencias, entregarlas a corruptos y a fondos buitre, ha colocado a nuestros ancianos en una situación de debilidad”.
Si esta frase del vicepresidente Pablo Iglesias va a marcar el nivel del debate sobre cómo deben ser las residencias de personas mayores a partir del coronavirus, ¡vamos apañados!
Me imagino una futura comisión parlamentaria en la que alguien, como respuesta a esa frase, contesta algo sobre Venezuela. En seguida, la réplica contiene la palabra “Gurtel” a lo que se responde algo sobre mansiones en Galapagar. De aquí pasamos a “facha”, “convocantes de la manifestación feminista del contagio” y unas cuantas lindezas más. Pasadas las horas se vota algo con palabras muy bonitas, pero no tiene una aplicación directa y ¡ya está, hemos hecho el debate del nuevo modelo!
Aunque no se puede desdecir lo que se ha dicho, yo invitaría a todos a apartar las palabras del señor Iglesias del debate del modelo.
Para empezar, llevo un tiempo defendiendo que, hasta que no tengamos todos los datos (cuánta gente ha muerto en residencias, grandes, medianas y pequeñas; públicas, gestionadas, concertadas y totalmente privadas; pertenecientes a empresarios individuales, sociedades mercantiles, fondos de inversión, fundaciones, cooperativas y órdenes religiosas) resultará difícil saber qué ha funcionado y qué no con la suficiente solvencia como para poder plantear un nuevo modelo.
Insisto en que si el 50% de los fallecimientos de media en Europa y Norte América, se han producido en residencias, con puntas del 82% en Canadá, 66% en España o 60% en Noruega y Bélgica, debemos analizar qué ha producido que países tan diversos, con diferentes modelos de residencia y coordinación sociosanitaria, hayan sufrido la pandemia en sus residencias de forma tan similar.
Yo creo que primero hay que ver de cerca lo que ha pasado en las residencias para poder hacer comparaciones y detectar lo que pueden haber sido mejores prácticas. Hacerlo antes puede llevarnos a tomar decisiones que resulten muy caras y se conviertan en inoperantes cuando llegue la próxima pandemia.
También creo que hay que tener una imagen inicial ajustada del sector de las residencias en España para no equivocarnos o caer en recetas basadas en elementos falsos.
Lo primero es hablar del sector de las residencias y analizar su evolución. Los datos más antiguos que he encontrado sobre distribución de plazas públicas y privadas son de 2006 (si alguien tiene más antiguo puedo actualizarlo). Si los datos de “Envejecimiento en Red del CSIC” son ciertos, algo que no dudo, ya entonces tres de cada cuatro residencias y plazas estaban en residencias privadas.
El último informe que encuentro, referido a 2019, me indica que la cosa no ha cambiado casi y que seguimos con la misma proporción.
En los últimos 13 años tanto el sector público como el privado han crecido alrededor del 25% manteniéndose una predominancia privada que viene como mínimo de los últimos 20 ó 25 años.
O sea que, si entendemos por “privatización” que de un sector que es eminentemente público la administración se retira dejándolo en manos privadas sólo podemos concluir que este sector no se ha privatizado. Si entendemos que “privatización” es que un servicio público deja de serlo convirtiéndose en una actividad en la que funcionan las leyes del mercado, tampoco sería ajustado decir que se ha producido esa supuesta privatización.
Sí es cierto que han aumentado el número de plazas que financia la administración en residencias privadas a través de figuras como el concierto o la Prestación Económica Vinculada. Pero, aún teniendo en cuenta ese efecto, y según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la diferencia en 10 años no ha sido ostensible.
No tengo datos de cuántas residencias públicas gestiona la propia administración y cuántas se gestionan mediante un contrato con una empresa o entidad sin ánimo de lucro. Sería bueno saberlo. Yo creo que se ha producido un aumento, pero me gustaría estar seguro y también saber si éste se debe a que se han dado a gestión residencias de reciente construcción o se ha externalizado la gestión de residencias que antes gestionaba directamente la administración. Sencillamente, no he encontrado el dato.
Un último elemento del retrato que necesitamos para saber de qué hablamos es lo de los famosos “fondos buitre” a los que se les ha “entregado” las residencias. Veamos quiénes son los diez grupos más grandes del sector de las residencias privadas en España, según el informe de la prestigiosa revista Alimarket.
Entre todos suponen algo menos del 25% del total del sector privado, por lo que seguimos estando ante un sector bastante atomizado.
En los últimos meses se han hecho radiografías de todos los grupos. Recomiendo leer una con un título interesante “Fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias en España”. Me parece que es un titular que refleja muy bien el contenido del texto y un estado de ánimo pero que no me ha ayudado mucho a entender algunas cosas: ¿Quién da la etiqueta de “fondo buitre” a un fondo de inversión? ¿Todos lo son por naturaleza? Si alguien con mucho dinero invierte en un sector, ¿lo ensucia por el hecho de hacerlo? ¿Hay algún estudio, informe público o de cualquier tipo que demuestre que la calidad que ofrecen las residencias de esos grandes grupos es peor que la de una residencia con otra titularidad, pública o privada?
Me hago todas esas preguntas porque me intrigan. Yo tengo mi convicción pero me gustaría poder fundamentarla en hechos y datos. De lo que estoy totalmente convencido es de que nadie ha entregado nada a esas empresas y fondos. Lo han comprado o construido.
Una de mis actividades profesionales me lleva a participar en la intermediación en la compra venta de residencias, por lo que he tenido la ocasión de conocer cómo se producen éstas. Los fondos y empresarios que están invirtiendo están pagando cantidades importantísimas que tardarán años en recuperar, nadie les regala nada. Algunos invierten en el inmueble esperando recibir mediante el alquiler unos ingresos ajustados pero seguros a largo plazo, otros se especializan en la gestión y esperan hacerlo tan bien que puedan re-vender la actividad por más de lo que han pagado. Todos tienen esperanzas, pero ninguno garantías. Lo digo porque los fondos de inversión han invertido en residencias en casi toda Europa y no siempre han ganado. Sin ir más lejos, en Reino Unido, la mayor cadena de residencias, Four Seasons, perteneciente a un fondo, entró en 2019 en el equivalente a concurso de acreedores por lo que los inversores acabarán perdiendo parte de lo invertido.
Asumir que los inversores no tienen escrúpulos y que sólo saben obtener beneficios restando calidad de vida a los residentes y a los empleados responde a una forma de pensar más que a una realidad contrastable mediante estudios que comparen esa misma calidad en residencias con diferente tipo de propietario.
Otro tema totalmente diferente es si deben de existir fondos de inversión y qué tratamiento fiscal deben tener. Yo creo que si hay ciudadanos, empresarios o fondos que no pagan los impuestos que deben pagar, que se les persiga. Da igual que tengan residencias, panaderías o fábricas de calzado. Si su actividad es legal, pagan sus impuestos y cumplen todos los requisitos, no debería haber inconveniente en que invirtiesen en el sector de las residencias.
Como siempre, estoy abierto al debate y recibir opiniones contrarias. Me gustaría que éstas viniesen acompañadas, a ser posible, por datos.