A finales del pasado mes de noviembre, la plataforma en torno al envejecimiento y las personas mayores del CSIC, ‘Envejecimiento en red’, ha publicado el último informe sobre residencias en España y que dentro de su proyecto de Mapa de recursos sociales, ofrece información sobre el número de centros y plazas residenciales por provincias.
Otro de los objetivos de este informe es presentar también un ratio de equipamiento de plazas respecto de personas de 65 y más años de cada comunidad autónoma.
Así, según los datos de este Mapa de recursos en abril de 2019, en España hay 372.985 plazas y 9.055.580 habitantes de 65 y más años, lo que significa que existen 4,1 plazas residenciales por cada 100 habitantes de 65 y más años. Apunta el portal que este ratio oscila entre 1,8 de Las Palmas y 11,0 de Soria.
Disparidad de criterios por CCAA
Otra de las conclusiones claras que se obtienen del trabajo de campo es que hay disparidad de criterios entre los Ejecutivos de las distintas comunidades autónomas a la hora de disponer de plazas.
El propio portal destaca que en Soria hay 11 plazas por cada 100 mayores y en A Coruña, con similar proporción de mayores de 65, tan solo hay disponibles 3. También se pregunta por qué Zamora y Toledo tienen similar ratio de plazas con una proporción muy diferente de personas mayores.
Pero también a la hora de repartir estas plazas entre residencias privadas y públicas. De esta forma, Badajoz no llega al 30% de centros privados (es la que menos) y, sin embargo, Málaga, en el otro extremo, supera el 85%
¿Existe una España descuidada de plazas residenciales?
Por esta misma razón, el portal ‘Envejecimiento en red’ se pregunta si existe una España descuidada en este tipo de equipamientos que no coincide con la España envejecida y despoblada.
De los resultados que aparecen se concluye que de no haber un crecimiento sostenido de plazas residenciales en proporción al crecimiento del número de personas mayores de 65 años, a medida que aumente el número de mayores, bajará la proporción de plazas.
De hecho, el Defensor del Pueblo entregaba en junio a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al entonces presidente del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018 en el que, al respecto de la atención que se presta en los centros residenciales para personas mayores, destacaba una insuficiencia de plazas públicas y concertadas.
Igualmente, este mismo organismo pudo constatar que en todas las comunidades autónomas existe lista de espera para personas en situación de dependencia en grado III y grado II, que tienen reconocido en su programa individual de atención (PIA) el derecho a atención residencial. Recuerda el Defensor del Pueblo que la queja que se plantea con mayor frecuencia es, precisamente, la dificultad para acceder a una plaza residencial, pública o concertada por falta de disponibilidad.
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