En el transcurso, su presidente, José Manuel Ramírez, ha denunciado el frenazo del gasto en servicios públicos esenciales y ha lamentado que el gasto social autónomico del año pasado sea un 0,4% inferior al de 2017 y un 3,6% por debajo al que se mantenía al inicio de la crisis. Ha advertido del “riesgo de estancamiento y deterioro de estos servicios en sanidad, educación y servicios sociales y que va a afectar a las personas más vulnerables de nuestro país”.
Por eso, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales solicitan en este mismo momento que se haga “un blindaje presupuestario en materia tan esencial para la ciudadanía como son los sistemas de protección social” y, si no, “poner fórmulas urgentes que permitan a las CCAA prestar estos servicios”.
Ramírez denuncia que “este deterioro de las políticas públicas por una situación política como la actual, con posturas tan extremas, que parece que van a seguir y que pone en riesgo el bienestar de las personas no se puede dejar en base a estrategias partidistas o a la falta de la talla política de nuestro país”.
Al respecto de cuáles son las necesidades más desatendidas de la sociedad por este frenazo en la inversión en Servicios Sociales, Ramírez ha destacado “claramente” el Sistema de Atención a la Dependencia: “En este momento hay 256.000 personas dependientes que tienen el derecho a una prestación o servicio. Ahora mismo tenemos un Gobierno insumiso que no les da esa prestación o servicio a un derecho subjetivo de la ciudadanía”.
Eso provoca, explica, “un sufrimiento terrible en las personas más vulnerables de nuestro país, especialmente en las 106.000 personas que son grandes dependientes o con dependencia severa y en sus cuidadoras”. Frente a eso, José Manuel Ramírez subraya que los profesionales de los servicios sociales no tienen capacidad de gestión: “El problema del sufrimiento es que no es como el dolor. El dolor tiene pastillas. Para el sufrimiento no hay pastillas. No sé qué se plantean nuestros gobernantes. Si miraran el rostro humano de esa gente que sufre, probablemente les costaría menos llegar a acuerdos y pactos para poder gobernar”.
Un problema político
Y precisamente en este tipo de escenario, “con unos políticos que piensan más en el partido que en la ciudadanía”, uno de los coordinadores del informe, Luis Barriga, explicaba que lo que más les preocupa “es que se juegue con las cosas serias, entendiendo por esto el sostenimiento mínimo del Estado de Bienestar, de Estado Social, que también viene proclamado en la propia Constitución española”.
Entiende por ello que “eso hay que blindarlo de alguna forma, hay que asegurar a la ciudadanía que ante determinadas eventualidades, como la que está sucediendo ahora con falta de Presupuestos, se puedan aprobar determinados tipos de gasto que son esenciales”.
El coordinador del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales habla claro: “Nosotros no tenemos la fórmula, ni somos quién para escribirla. Exigimos que quienes tienen que escribirla, la escriban y empiecen a pensar en estas cosas y no en otras”. Además, se ha preguntado qué posibilidades habría de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habilitara “fórmulas para la financiación de las CCAA, haya o no haya elecciones, haya o no haya presupuestos, y libere determinadas tensiones presupuestarias.
Igualmente, a futuro, se pregunta: “¿De qué manera se puede prestar determinados servicios y prestaciones a la ciudadanía evitando veleidades políticas? Como se hizo con las pensiones en el Pacto de Toledo, donde se dijo ‘con esto no se juega’, con esto pasa lo mismo, en Servicios Sociales que garanticen unos mínimos, pero no tensiones la situación de esas políticas tomando de rehenes a los ciudadanos”.
Nivel mínimo de financiación
Del mismo modo y sobre esta situación política, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales adelantaba que si hay elecciones, harán una propuesta para el Sistema de Atención a la Dependencia: “Vamos a proponer que se constituya un Consejo Territorial y de manera inmediata se arbitre un crédito en el nivel mínimo de financiación de la Dependencia vía decreto para garantizar al menos la atención de las personas con gran dependencia y dependencia severa que están en la lista de espera. Es algo que siempre ha estado pendiente y que ha tenido la mala fortuna de “pillar” situaciones políticas complicadas”.
Ramírez terminaba volviendo a pedir como asociación estatal que “en un contexto como el actual hay que considerar un blindaje presupuestario en materia esencial para la ciudadanía como es la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales para que de manera urgente se pueda a tender a las personas más vulnerables”.
Gasto social autonómico
El informe de las cuentas de las comunidades elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales presentado esta semana denuncia que el gasto social de las comunidades autónomas continúa por debajo de los niveles previos a 2009, antes de los recortes practicados durante la crisis económica. Subrayan que faltan unos 4.190 millones de euros que sí se invertían hace diez años.
Según el informe, hasta 9 comunidades habrían recuperado el gasto social previo a los recortes que provocó la crisis, que son Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Región de Murcia, La Rioja, Asturias y Extremadura.
Sin embargo, las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años son Cataluña, con el 19,91% de retroceso, y Castilla-La Mancha, que acumula una caída del 15,46%.
La región que más porcentaje de su presupuesto destina a gasto social es Asturias (68,3%) y la que menos, Navarra (49%). La media en España es del 60,7% del total del presupuesto autonómico, con 2.420 euros por habitante.
Consulte aquí residencias de toda España
Si (
No(