La Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales (ADYGSS) ha presentado esta semana los resultados del Índice DEC 2018, es decir, la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.
Así, el año pasado solo País Vasco, Navarra y Castilla-León consiguieron un notable, mientras que Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia y Extremadura, suspenden. La buena noticia es que la nota media de las comunidades es un 5,22 puntos, la más alta desde que se elabora este Índice DEC hace siete años. Se aprecia así una evolución globalmente positiva, ya que, al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54.
Los autores del informe han destacado también en su presentación que “faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis” y que existen “síntomas de estancamiento en la inversión por mantenerse los recortes del Gobierno central al finalizar una legislatura, que, sin embargo, puede calificarse de positiva para los servicios sociales.
El informe apunta que existe la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía, lo que llaman checkingsocial, en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se constata que se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios y los desequilibrios del Sistema. Así, las Administraciones Públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 euros) que Murcia, con sólo 297; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias. Por ejemplo, en Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid esta ratio se multiplica por 10, es decir, hay un profesional por cada 8.354 habitantes.
Evitar la desigualdad territorial
De esta forma, el presidente de ADYGSS, José Manuel Ramírez, ha explicado a Dependencia.info que su conclusión principal es que “hay que buscar la igualdad en los servicios y prestaciones en el conjunto del Estado y evitar esa desigualdad territorial que existe en España”.
Para ello, considera que “los recortes que se produjeron en 2012 obligan a incrementar el presupuesto de Servicios Sociales en España para llegar al menos al 2% del PIB”. “Eso significa -insiste- que el Sistema de Atención a la Dependencia tiene que recuperar el nivel mínimo y el nivel acordado para poder atender a las personas que están en la lista de espera, avanzar en las rentas mínimas y, sobre todo también, avanzar en derechos subjetivos de ciudadanía”.
Pero, ¿hay dinero?
El responsable del área económica del Informe DEC, Luis Barriga, ha afirmado a este medio que “evidentemente que lo hay”. Aunque ha lamentado que “en materia de dependencia, lo que ha pasado es que ha habido una desinversión a partir de 2012 por parte de la Administración General del Estado y luego, paralelamente, una restricción en el gasto a todos los niveles administrativos”, al tiempo, “hay que decir que este es un sector, no solo en términos de gasto público, también en términos de aportación al valor añadido bruto del PIB de España, que tiene que ser pujante”.
Tras apuntar que “la inversión en el sector se ha ido recuperando, sobre todo a nivel autonómico y local, pero que no se ha recuperado a nivel estatal”, Barriga ha subrayado que “además es un sector que es un nicho de generación de empleo crítico e importantísimo de asentamiento de la población, ahora que se habla de la España vaciada”.
Así, ha matizado que “cualquier político con sentido común tiene que ver esto siempre como políticas de inversión, no como políticas de gasto” y añadiría también: “Les hablaría en términos de retorno, de inversión y de generación de empleo. Entiendo que tiene que haber una inversión del Estado creyéndose todo esto. ¿Qué no se dan cuenta? Pues es un problema muy serio”.
¿Faltan 1.300 millones? En línea con lo que apuntaba Ramírez, Luis Barriga aclara: “No faltan 1.300 millones, esta cantidad sería únicamente para que pudiéramos decir que se han recuperado los recortes en servicios sociales en general, no solo en dependencia, pero el nivel óptimo estaría por encima del 2% del PIB. Porque el 2% solo es para Dependencia, luego vendría todo lo demás. Este todo lo demás importa en el conjunto prácticamente la mitad de todo el gasto de servicios sociales público”.
Nuevos modelos de atención residencial
En la parte final del informe se hace una serie de reflexiones entre la que se encuentra cómo pueden influir los nuevos modelos de atención residencial en una mejora de la igualdad entre las personas y territorios.
Para José Manuel Ramírez, “fundamentalmente, en lo que tienen que influir es en generar el desarrollo de un sistema centrado en la persona, escuchar a las personas en su proyecto vital y desarrollar servicios en función de lo que ellas nos demanden”.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales recuerda que la mayoría de las personas pretenden vivir en sus casas: “Hay, por tanto, que volver a redefinir los servicios domiciliarios incorporando las nuevas tecnologías y también la domótica y la robótica”.
Su valoración final al respecto es que “también hay que configurar un nuevo modelo residencial pasando, no solo a los cuidados sanitarios, sino también a los espacios de convivencia para que se generen proyectos vitales dentro de la residencia con respecto a la dignidad de las personas y también a lo que ellos quieren vivir y realizar”.
Un nivel de prestaciones básicas por ley
En este sentido, el coordinador del Índice DEC, Gustavo García, ha explicado a Dependencia.info que lo que están proponiendo es que haya “un nivel de prestaciones básicas que se reconozcan por ley a todos los ciudadanos en España”. “Es decir, básicamente consistiría en coger un común denominador de todos los catálogos y de ahí podría salir”, completa.
García advierte que ninguna comunidad autónoma se tiene que sentir invadida porque no estamos proponiendo que se le quiten competencias: “Lo mismo que se ha hecho con dependencia, si tienes una prestación básica, unos mínimos, que se garanticen por ley. Luego, si una región tiene más sensibilidad, que haga mucho más. Lo que queremos es una ley de servicios sociales mínimos garantizados para toda España, pero que no quite ni un ápice las competencias en legislación, ordenación, planificación, en gestión del sistema a as comunidades autónomas”.
Concluye Gustavo García: “Qué nadie nos malinterprete y nos considere centralistas, lo que queremos es un mínimo homogéneo para los ciudadanos. ¿Y cuál es ese mínimo? Pues eso hay que negociarlo. Y además, que no viole lo que las leyes dicen”.
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