Desde CEAPs, sobre el concurso de creación de plazas para la atención de personas dependientes en acción concertada social específica para el Tercer Sector, en la Comunidad Valenciana, el presidente de AERTE, José María Toro, ha explicado:
“Lo que se ha hecho ahora es convocar en cada uno de los sectores -se hizo en discapacidad, en menores y se ha hecho ahora en personas mayores- y seguir insistiendo en la preferencia por las entidades sin ánimo de lucro, cosa que nosotros, evidentemente, no compartimos. Nosotros pensamos que las plazas públicas tienen que tener las mismas condiciones, independientemente de la entidad que lo gestione, y que para ello, lo ideal es que haya un solo acuerdo marco para todo tipo de entidades que fije qué tipo de condiciones tenemos y qué importe se va a pagar.
Hemos presentado un recurso de reposición ante la propia Consellería pidiendo que se paralice, que no se ponga en marcha porque entendemos que no respeta la normativa. Nosotros pensamos que va en contra de la ley de contratos del sector público. Luego, cuando nos contesten, que entendemos que la Administración nos dará una contestación negativa, tendremos que plantear el recurso contencioso-administrativo con todas las consecuencias.
No sabemos qué consecuencias podría tener si finalmente este concurso saliera adelante. Lo que creemos es que para la necesidad de plazas que hay en la Comunidad Valenciana ahora mismo, que se necesitan 18.000 plazas residenciales nuevas en los próximos 10 años, cualquier elemento que desincentive la inversión en la comunidad es negativo porque no vamos a conseguir ese objetivo de generar nuevas plazas para poder atender a las personas que lo necesitan. Evidentemente, es un elemento disuasorio. Si una empresa a nivel nacional tiene que decidir dónde invertir y considera que en la Comunidad Valenciana la preferencia se da a las entidades sin ánimo de lucro, se buscará otra comunidad autónoma donde invertir. Para nosotros es un freno a la posible colaboración público-privada que necesitamos para dar respuesta a esa carencia de plazas.
El problema es que se está generalizando. El lunes, en Asturias, salió publicado en el BOE la nueva ley de acción concertada en servicios sociales y también plantean el mismo marco, que solo podrá acceder a ese tipo de contratación o de concierto las entidades sin ánimo de lucro. También el caso de Huesca. Está generalizándose en toda España yo creo que por una mala interpretación de la directiva europea 24/2014 que planteaba que los servicios sociales tienen que gestionarse de una manera distinta a la contratación normal (tiene lógica, no es lo mismo contratar una autopista que una residencia de personas mayores), pero otra cosa es que se dé prioridad a las entidades sin ánimo de lucro.
Se dice que es más barato y más eficiente porque solo se cubren los costes, pero me gustaría que alguien me explicara por qué la Comunidad Valenciana a las entidades mercantiles se le paga 52 euros de media por plaza residencial y el concurso ha salido a 60 euros. Si se suponen que van a coste, ¿a dónde van los 8 euros de diferencia? Es un despropósito y no responde además a lo que la gente necesita. Nosotros hemos defendido siempre la necesidad de un marco estable de trabajo a la entidad sin ánimo de lucro, pero no tiene que ser excluyente”.
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