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NUEVO CASO DE EXCLUSIÓN DEL SECTOR MERCANTIL

ARADE recurre la licitación del servicio de Teleasistencia en Huesca por discriminación

Dependiente en silla de ruedas.
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Dependiente en silla de ruedas. (Foto: Foto Designed by Freepik)
lunes 06 de mayo de 2019, 14:07h

Hace una semana, Dependencia.info informaba de que la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano ha publicado un concurso de creación de plazas para la atención de personas dependientes en acción concertada social específica para el Tercer Sector. Destacábamos en el titular que, por ello, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), tenía previsto iniciar las acciones administrativas y judiciales oportunas ante la Administración, Tribunales Ordinarios y de la Competencia e Instituciones Comunitarias.

En la misma línea, esta semana destacamos que la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), que es la principal asociación de entidades privadas de servicios de atención a las personas mayores en Aragón, junto con el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), ha recurrido el acuerdo de acción concertada para la prestación del Servicio de Teleasistencia a domicilio en la provincia de Huesca al excluir la posibilidad de que las entidades privadas puedan optar a prestar este servicio en igualdad de condiciones.

Para la patronal de la Dependencia CEAPS “debe primar igualdad de condiciones en el acceso a los contratos públicos para que los ganadores del concurso sean aquellos que mejores condiciones ofrezcan a los usuarios con independencia de quién ofrezca el servicio, lo importante deben ser siempre las personas”.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca del pasado 2 de abril, para la prestación del servicio durante cuatro años, exige que la entidad prestadora del servicio sea una entidad sin ánimo de lucro. Como primera medida, ARADE ha presentado este recurso de reposición, si bien tomará todas las medidas legales a su alcance para paralizar una licitación que consideran un nuevo ataque a la actividad de las entidades privadas.

ARADE ya presentó el pasado mes de enero un recurso de reposición contra el Acuerdo de Acción Concertada para la prestación de servicios de plazas de atención a personas con discapacidad, a personas mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y a personas en riesgo de exclusión social, que publicó la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, alegando los mismos motivos.

Morata: "No hay una justificación"

La gerente de ARADE, Paquita Morata, y sobre este recurso que tienen presentado ante la Diputación Provincial de Huesca por el concurso del servicio de Teleasistencia que excluye a las entidades mercantiles, ha explicado a Dependencia.info:

“Aunque por ley se trata de algo que se puede aplicar a cualquier servicio social y sanitario, la cuestión es que la propia ley del Gobierno de Aragón habla de que tiene que haber una justificación de por qué se hace un concierto social. Así, tal y como se ha llevado a cabo, la Diputación no justifica porque se hace un concierto social en lugar de una contratación pública.

La ley también pide que haya una justificación económica, porque siempre hay que ir hacia una eficiencia. Normalmente, cuando se habla de entidades sin ánimo de lucro, se entiende que va a tener un coste inferior al de una empresa mercantil. Pues bien, siendo este un servicio que se ha dado siempre por entidades privadas con y sin ánimo de lucro, o se justifica el por qué se hace para entidades sin ánimo de lucro o no tiene ninguna razón de ser aplicar esta ley.

Aparte también lo que es el carácter discriminatorio. Si en la actualidad hay toda una serie de operadores que dan el servicio y lo importante es dar un buen servicio al ciudadano, no se puede elegir simplemente por la forma jurídica de la entidad. En lo que hay que pensar siempre es en la calidad del servicio. Y si hay entidades que están dando ese servicio de una forma profesional y totalmente correcta, no tiene ningún sentido que se las expulse del sector.

Es decir, la contratación sería legal, pero no es ética ni está justificada. No han dado una explicación de por qué se ha elegido esta opción del concierto social en lugar de la contratación pública. Es más, la propia ley aragonesa de concierto social indica que cuando se trata de un servicio que se da a las personas mayores se tiene que tener en cuenta a todos los operadores que están dando ese servicio.

Al final, favorecer una forma jurídica determinada puede tener un sentido en unas condiciones concretas. El Gobierno aragonés, cuando salió esta ley nos hablaba de excepcionalidad y de la necesidad de crear una tercera vía alternativa que les permitiera en un momento dado no pasar por tantos filtros como en na contratación pública. Lo que pasa es que si luego, cada una de las administraciones utiliza esta ley a su arbitrio, supone una total discriminación hacia lo que son, además en nuestro caso, pymes, unas pequeñas y medianas empresas del sector que son las que está generando empleos y contribuyentes.

Me parece muy bien que las administraciones apoyen al Tercer Sector, pero no a costa de hundir al resto, porque en este caso estamos hundiendo la economía. No se hacen las cosas por una cuestión de eficiencia, se hace por una cuestión política y, además, sin ningún tipo de sentido en este caso”.

Es importante recordar que ARADE cuenta con 77 asociados en las tres provincias aragonesas y entre ellos se encuentran empresas de Ayuda a domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Residencias para la Tercera Edad, entidades privadas con y sin ánimo de lucro que suponen cerca de 2.000 puestos de trabajo directos y unos 4.000 indirectos.

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