La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Comunidad Valenciana, Helena Ferrando, ha anunciado recientemente que este año, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “extiende el concierto social a más de 2.200 plazas para personas mayores en centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro”. De esta forma, la Comunidad Valenciana sigue diferenciando entre las entidades proveedoras de servicios del tercer sector y las del conocido como sector mercantil.
A este respecto, el presidente de AERTE, José María Toro, ha explicado a Dependencia.info que “lo que está haciendo la Administración es generar un marco de concierto con el tercer sector y otro marco de concierto con el sector mercantil”. Desde la patronal se valora que la administración esté intentando que el sector mercantil se sienta atraído por la propuesta que están haciendo desde la Comunidad Valenciana, pero recuerda que “nadie se puede permitir en la comunidad renunciar a que el sector mercantil trabaje con la Administración porque hay una escasez de plazas muy importante”.
Aun así, Toro explica que lo más conveniente habría sido presentar “un modelo único para entidades con y sin ánimo de lucro centrado en la calidad del servicio que se quiere dar y el precio”. Considera que la Administración debería “establecer una serie de condiciones de servicio para la plaza y un precio y al final, seas una entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro tienes que dar ese servicio por ese precio porque es una plaza pública”.
Entiende que no puede haber condiciones distintas: “Todo lo que le pidas a una se lo tendrás que pedir a la otra. Al ciudadano le da igual quién le da el servicio, el ciudadano va a una plaza pública y debe tener una serie de servicios incluidos siempre”.
De esta forma, el presidente de AERTE resume: “La Administración ha decidido sacar dos programas paralelos que en el fondo van a tener lo mismo. Esto provocará que administrativamente vaya a ser todo más complejo. Lo más práctico habría sido un acuerdo marco para todos. Se podría haber hecho un buen modelo de concierto muy adaptado a lo que necesitamos. Pero la Administración ha decidido separar por la forma jurídica el modelo de concertación”.
Control y estabilidad
La fórmula de concierto social con entidades, que sustituye a las subvenciones, ya se ha aplicado durante este año a más de 7.000 plazas en 131 centros de diversa tipología destinados a personas con diversidad funcional y enfermedad mental crónica. La secretaria autonómica ha asegurado que el concierto social para la prestación de servicios sociales especializados "garantiza el control y la estabilidad tanto de las entidades como de los centros que gestionan y, sobretodo, asegura la calidad en el servicio a las personas y a sus familias".
La formalización del concierto social en el área de personas mayores corresponderá a un total de 2.274 plazas, 1.636 plazas residenciales, 618 plazas de centros de día y 20 plazas de viviendas tuteladas.
Para Ferrando, el concierto social "garantiza la transparencia, la publicidad y la eficiencia para el interés público", y permite a los centros "recibir los recursos económicos en tiempo y forma, lo que afectará positivamente también a los profesionales de los mismos". Para la financiación de estas plazas, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dispone de un presupuesto de 39 millones de euros para este año.
La secretaria autonómica ha destacado también el alcance que tiene el concierto social "para las trabajadoras y trabajadores de los centros y recursos concertados", ya que al lograrse una mayor estabilidad en los pagos se dotará de una mayor estabilidad a los puestos de trabajo. Se estima que pueda afectar positivamente a alrededor de 1.500 profesionales de centros de personas mayores en toda la Comunidad Valenciana.
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