dependencia.info

Buscando el sentido a la atención a mayores: Con o sin ánimo de lucro

martes 26 de junio de 2018, 11:59h

Continuo una reflexión que empecé hace unas semanas cuando empecé a escribir sobre cuáles pueden ser las claves de futuro del sector geroasistencial español y me centré en si era buen momento para vender una residencia; después continué con quién puede ser el residente del futuro y cómo podrá ser la relación de las residencias con la sanidad pública.

Me gustaría seguir con otro reto que va ha de vivir el sector durante los próximos años y es el de superar la polémica sobre quién debe prestar el servicio de residencia cuando éste se paga con dinero público.

La publicación a finales de 2017 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en la que se permite que las CCAA puedan crear figuras como el concierto social ha alimentado una creencia que se arrastra desde hace lustros y a la que algunas comunidades autónomas se han sumado con entusiasmo: la de que “ganar dinero cuidando a ancianos” es algo criticable o, por lo menos, sospechoso. La derivada de ese planteamiento es que a la hora de seleccionar a prestadores de servicios públicos las administraciones deberían elegir preferentemente a organizaciones sin ánimo de lucro o del sector solidario. La posición más extrema defiende que todos los servicios de atención a la dependencia debieran ser prestados directamente por parte de la administración.

Desde el sector empresarial de atención a la dependencia a veces se descarta de plano ese posicionamiento. Yo creo que merece una reflexión profunda, ya que hay mucha gente que sinceramente lo cree y personas muy preparadas que argumentan en favor del valor social añadido que supone un concierto social específico para el sector solidario (recomiendo la lectura de la Tribuna de Sergio Cañellas, presidente de Lares Comunidad Valenciana).

A mí me parece lógico pensar que el dinero público debe servir para garantizar que todo aquél que tenga derecho a algo lo obtenga. Si tengo derecho a una plaza en una residencia de mayores porque reúno los requisitos de dependencia y administrativos correspondientes, la administración debe garantizar que reciba el servicio con una calidad adecuada. Que la plaza esté en una residencia gestionada directamente por la administración; en un edificio público gestionado por una fundación o empresa; en una residencia privada concertada o en otra privada acreditada que recibe prestaciones económicas vinculadas, debería ser algo que dependiese de principios de eficacia y eficiencia.

La administración, por supuesto, debe garantizar que todos cumplan todas las leyes y aquello a que se hayan comprometido contractualmente. A partir de allí, debería ser el ciudadano quien eligiese el proveedor concreto del servicio entre los que cumplen los requisitos. Si varios tipos de entidades prestan sus servicios y el ciudadano prefiere ser atendido en residencias pertenecientes a fundaciones, asociaciones u órdenes religiosas, ¡fabuloso!; si prefieren ir a una gestionada por un empresario local, por una cadena perteneciente a un fondo de pensiones o a una multinacional holandesa, ¡fabuloso, también! Siempre que todas cumplan las exigencias normativas, la existencia de varios proveedores generará competencia entre ellos y se tenderá a la mejora. Que algunos ganan dinero en el proceso y lo reparten entre sus socios, ¡fabuloso también! En el proceso pagarán impuestos y harán aquello que hace que nuestra economía siga adelante. Para mí, ese es el “valor social añadido” que ofrecen las empresas: pagan impuestos sobre sus resultados.

Yo creo que podríamos superar este obstáculo si consiguiésemos entender que las cosas no siempre son como la intuición las hace parecer.

A simple vista, si dos entidades prestan un servicio, una con ánimo de lucro y otra sin él, la primera intentará “quitar” servicio para convertirlo en beneficio. En otras palabras, todo lo que consiga ahorrar (o escatimar) se lo embolsará. La realidad es que la organización del servicio mismo, los procedimientos internos y los sistemas de gestión pueden hacer que prestar un servicio idéntico pueda costar cantidades diferentes. Sin ir más lejos, a la administración, que no tiene afán de lucro (como organización) le sale mucho más caro prestar el servicio cuando lo hace de forma directa que cuando lo externaliza.

Para mí, lo mejor sería establecer unas reglas del juego claras y facilitar que los diferentes prestadores de servicios puedan competir, siendo el ciudadano el último juez. Las entidades sin ánimo de lucro tendrían la ventaja de no tener que repartir beneficios, lo que a la larga les podría convertir en más eficientes; las empresas mercantiles tendrían, como ya hacen, que optimizar al máximo sus recursos; y la administración debería mantener un sistema de conciertos y prestaciones que garantizase que en todos los rincones de España se ofreciesen los servicios a los que los ciudadanos tienen derecho.

Para garantizar que el ciudadano pueda elegir, debería existir un sistema transparente de evaluación de los resultados de las residencias, que incluiría la publicación de todas las actuaciones de inspección. Así los futuros residentes y sus familiares podrían conocer múltiples aspectos de funcionamiento de todas las residencias lo que serviría para fundamentar la elección.

Afrontar el reto de la transparencia resulta, pues, fundamental en los próximos años, algo a lo que en Inforesidencias.com estamos colaborando con la creación del indicador de transparencia en residencias que premia a las que comparten en Internet más datos y que hace que haya ya residencias que comparten sus actas de inspección (quitando todos los datos de carácter personal) en en la red.

Como el debate sobre el “con ánimo” o “sin ánimo” de lucro puede comportar consecuencias existenciales para algunas entidades, sería muy positivo que se pudiese plantear claramente, como un debate abierto en el que participasen los diferentes prestadores, pero también la administración, los interesados directos (dependientes, familiares y trabajadores), además del mundo académico. Apoyar el debate con números nos daría material sobre el que basar lo que al final acabase decidiéndose.

Yo tengo mi posicionamiento, que es el que he intentado reflejar, pero estoy dispuesto a cambiarlo si los argumentos son convincentes.

¿Alguien acepta plantear el debate?

Valora esta noticia
0
(0 votos)
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (1)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Dependencia.Info

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.