Claves del sector Geroasistencial (II)
Hace un par de semanas empecé a escribir sobre cuáles pueden ser las claves de futuro del sector geroasistencial español. Planteaba entonces si, viendo cómo están las cosas, es o no un buen momento para pensar en vender una residencia. Acababa con una nota de optimismo pensando que, si existe tanto interés por invertir en este sector debe ser porque muchos están convencidos de que la demanda de servicios profesionales va a aumentar, cosa que la tendencia demográfica apuntala.
Eso se producirá siempre que haya alguien que no sólo “necesite” una residencia sino que además “pueda pagarla” o “encontrar alguien que la pague”.
Vivir en una residencia es costoso: se suma un espacio adaptado, equipado y mantenido que no suele bajar de los 25m2 por residente (normalmente es bastante más); un servicio hotelero pensión completa 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año; más un apoyo permanente en las actividades de la vida diaria. Todo ello con un equipo de profesionales que supone, sumándolo todo, que la plantilla de una residencia pueda tener perfectamente un empleado a jornada completa por cada dos residentes.
Algo así no puede ser barato y sin embargo lo ofrecen la gran mayoría de residencias en España por menos de 70 euros al día (a veces bastante menos).
Lo que ha demostrado la crisis es que, aunque las administraciones públicas hayan congelado o bajado precios, lo que no han hecho es reducir la cobertura. También ha quedado clara la tendencia hacia que los poderes públicos financien las estancias confiando la prestación del servicio a entidades privadas con o sin ánimo de lucro.
Por otro lado, hemos visto en los últimos tiempos que sigue existiendo un mercado privado. O sea, que aunque la sensación general sea que las pensiones son muy bajas, lo cierto es que la pensión de jubilación media es de 15.000 euros al año mientras lo que gana de promedio un asalariado son 16.500 euros anuales (fuente). Igualmente, más del 80% de las personas de más de 65 años son propietarias de un inmueble sin cargas y poseen además ahorros. A pesar de que el 20% de los mayores viven por debajo del umbral de la pobreza, hay un gran número de personas que tienen suficientes recursos para pagar una residencia privada y consideran esa opción.
Es cierto que con precios medios de las residencias en España rondando los 1.800 euros al mes (fuente), y existiendo cada vez más opciones para poder seguir viviendo en casa a pesar de la dependencia (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día…), muchas personas que precisarían ingresar en una residencia retrasan la decisión hasta que son tan dependientes y frágiles que la estancia en casa se hace totalmente imposible.
Los usuarios de residencias del futuro
Con esto, el usuario típico que ingresa en una residencia hoy es alguien de más de 85 años con varias enfermedades diagnosticadas que toma más de cinco medicamentos cada día y con muchas posibilidades de sufrir deterioro cognitivo, incontinencia y alto riesgo de caídas. Así que el trabajo normal de las residencias se va deslizando desde la atención social hacia la sociosanitaria.
Este cambio de cliente supone por un lado una necesidad de adaptación de las instalaciones y perfil profesional y por el otro que las administraciones van a relacionarse con el sector no sólo desde los servicios sociales sino también desde los sanitarios.
La concentración en un lugar determinado de personas que sufre enfermedades crónicas, polimedicados y con tendencia a producir ingresos hospitalarios ya está siendo visto por parte de las administraciones autonómicas como una clara posibilidad de generar ahorros en el gasto sanitario. En Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña se están pergeñando programas de “mejora” en la atención sanitaria de quienes viven en residencias de mayores en los que no cuesta demasiado ver un “esfuerzo ahorrador” considerable. La unificación de los proveedores de medicación, por ejemplo, parece un movimiento claro en ese sentido.
Es bastante posible que las tres comunidades tengan que frenar su ímpetu “mejorativo” por causas ajenas a la atención sanitaria. Resulta que la competencia sobre sanidad está repartida entre el Estado y las comunidades autónomas de forma que las bases, lo que es esencial, y se considera debe ser común, corresponde al Estado. Las comunidades no pueden regular de forma que acaben teniendo un sistema de salud muy diferente entre ellas o que genere derechos diferentes. Por eso, cualquier cambio sustancial debería pasar primero por un Consejo Territorial donde está el Ejecutivo y los gobiernos regionales.
En Andalucía, los tribunales ya han advertido a la Junta. Supongo que pronto veremos lo mismo en la Comunidad Valencia y Cataluña.
Esto debe servir de señal de alerta ya que, aunque los proyectos actuales no progresen, lo que está claro es que “lo sanitario” va a pesar mucho en las reglamentaciones y forma de intervenir de la administración en el sector geroasistencial durante los próximos años.
En la próxima entrega sobre las claves tocaré otra cuestión que va a ser relevante, y ya lo está siendo. La convivencia del “con ánimo” y el “sin ánimo de lucro” en el sector y la preferencia por parte de los poderes públicos por una u otra.
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