Empezamos el año: “Dependencia, independencia; con ánimo, sin ánimo de lucro”

2018 llega cargando una bolsa de ingredientes bastante curiosa con la que el destino elaborará el plato que nos vamos a ir comiendo durante el año, nos guste o no.

Después de varios años en los que cuando empezaba uno nuevo pedíamos íntimamente, sea a quien a fuese a quien cada uno pidiera o expresase sus anhelos, que se acabase la crisis, ahora, que parece que los datos de crecimiento y paro quieren indicarnos que lo peor ha pasado, la incertidumbre política y las discusiones estéril/dogmáticas pueden poner en peligro lo mucho o poco que hemos conseguido.

Llevábamos desde, más o menos, 2005 hablando de Dependencia y, gracias a ello tuvimos una Ley que, a pesar de no ser de mi agrado y de sus mejorables resultados, tuvo la virtud de poner ese concepto, el de “dependencia” en la cabeza y labios de nuestros queridos gobernantes.

Ahora no oigo a nadie hablar de que haya que redactar una nueva Ley. Parece que los despojos que han quedado de la de 2006 nos van a acompañar y cada comunidad autónoma va a seguir creando su modelo de atención sin tener demasiado en cuenta a las demás.

Cuando algunos políticos han dejado de hablar de “dependencia” y han empezado a hacerlo de “independencia” la sacudida al sistema ha sido mucho peor que la que jamás pudo haber producido la defectuosa Ley de Autonomía Personal. Después de un proceso largo, acalorado y cansino para todos, llegamos a un principio de año en el que no sabemos qué va a pasar exactamente, aunque sí que va a haber un factor ajeno al de la atención a personas mayores dependientes que va a tensionar la situación política con riesgo serio de generar de rebote efectos perniciosos para todos.

De momento, el Gobierno de España no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos del Estado ni convencer a muchos de su actitud ante el reto, y en Cataluña no sabemos si el nuevo gobierno querrá gobernar según las normas básicas vigentes o preferirá embarcarse en un proceso, otro, para cambiarlas por su cuenta, aunque ello suponga poner en riesgo el crecimiento, la estabilidad y la convivencia. Supongo que, pase lo que pase, dentro de unos años, cuando lo examinemos en los libros de historia, lo que haya sucedido nos parecerá inevitable, aun así, el proceso por desgracia parece que va a ser innecesariamente engorroso para quiénes tengamos que vivirlo en directo.

Dejando esa parte política de lado, creo que en 2018 vamos a volver a hablar mucho del “con y sin ánimo de lucro”.

El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en la que se permite que las CCAA puedan crear figuras como el concierto social.

La noticia ha abierto de nuevo el debate. ¿Es mejor que el servicio de residencia para mayores que se financia con dinero público lo presten entidades sin ánimo de lucro? Aunque no debería haber relación entre la aprobación de la Ley y el resurgimiento de la polémica, ya que ésta no prevé que puede haber una discriminación, lo cierto es que volvemos a estar en las mismas.

A mí me parece lógico pensar que el dinero público debe servir para garantizar que todo aquél que tenga derecho a algo pueda obtenerlo. Si tengo derecho a una plaza en una residencia de mayores porque reúno los requisitos de dependencia y administrativos correspondientes, la administración debe garantizar que reciba el servicio con una calidad adecuada. Que la plaza esté en una residencia gestionada directamente por la administración; en un edificio público gestionado por una fundación o empresa; en una residencia privada concertada o en otra privada acreditada que recibe prestaciones económicas vinculadas, debería ser algo que dependiese de principios de eficacia y eficiencia.

La administración, por supuesto, debe garantizar que todos cumplan todas las leyes y aquello a que se hayan comprometido contractualmente. A partir de allí, debería ser el ciudadano quien eligiese el proveedor concreto del servicio entre los que cumplen los requisitos. Si varios tipos de entidades prestan sus servicios y el ciudadano prefiere ser atendido en residencias pertenecientes a fundaciones, asociaciones u órdenes religiosas, a la larga serían estas las que acabarían prestándolos. No creo que, a priori la administración debiera decantars

En la Comunidad Valenciana el gobierno autonómico no coincide en absoluto con lo que yo pienso y lo ha demostrado prefiriendo claramente a las entidades sin ánimo de lucro en el recién publicado Decreto de Acción Concertada.

La Asociación AERTE que agrupa a prestadores de servicios de atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana ha puesto el grito en el cielo exigiendo que la norma valenciana se ajuste a los criterios básicos estatales de contratación pública, aunque parece que la respuesta de la Generalitat va a ser el empecinamiento con lo que, de nuevo, tendrán que intervenir los tribunales.

Creo que viviendo en un país con un 18% de mayores, que llegarán (o llegaremos) a ser el 35%, hay que intentar pensar en lo que necesitamos hoy y vamos a necesitar los próximos años. Hay que dejar de lado los dogmatismos y ver que, si tenemos un sector público, uno mercantil y otro solidario, vamos a necesitarlos a todos. Vale la pena saber cómo lo hace cada uno y cuánto nos cuesta, para intentar poder llegar al máximo de población necesitada de una forma correcta con los menores recursos posibles. Aun haciéndolo así va a resultar muy difícil, de lo que estoy seguro es de que si en toda España las administraciones empiezan a optar sistemáticamente por el “sin ánimo de lucro” lo que van a acabar generando es mucho “sinónimo de lucro”.