Presentado el Informe de Evaluación del Sistema de Dependencia

Una de las noticias de la semana ha sido la presentación en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del Informe de evaluación del Sistema de Dependencia, al que ha tenido acceso NGD y que puede descargárselo COMPLETO AQUÍ.

El informe analiza la actual situación del Sistema de Dependencia y revela que a 31 de agosto de 2017 había 1.226.738 de beneficiarios con derecho, de los que 915.929 recibían prestación efectiva y 310.809 estaba en lista de espera.

A lo largo del ejercicio 2016, se han reconocido un total de 11.832.302 prestaciones y servicios, destinándose principalmente a P.E. Cuidados Familiares (35,90), Ayuda a Domicilio (16,15%), Teleasistencia (15,32%) y atención residencial (15,07%).

El Coste del sistema a 31 de diciembre de 2016 fue de 7.986 millones de €, de los que 5.957.572.957€ fue de coste de los servicios y 2.028.371.916€ corresponden al coste de las prestaciones económicas.

Una cantidad que se elevaría hasta los 10.277 millones de euros si se tuviera en cuenta la incorporación de las personas que había en lista de espera a 31 de diciembre de 2016, y que era de 348.309 personas.

Una práctica, la de la total supresión de la lista de espera, que en el informe se califica como `dificil´, pero que puede reducirse “aproximándola al porcentaje de gestión, siendo más factible una reducción en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que en algunos servicios que no sólo necesitan aportación económica, sino de la participación de otros factores”.

Para el año 2017 el dato estimado del coste del SAAD sería de 8.626 millones de euros, para una proyección de 922.050 beneficiarios con prestación efectiva.

Dicho coste se incrementaría en 2.238 millones de euros, hasta los 10.864 para un total de 1.161.205 personas (con prestación efectiva + lista de espera).

Basándose en el coste del Sistema para este año, y apoyado en el incremento estimado del número de beneficiarios y su perfil, incluyendo una paulatina reducción de la lista de espera, y teniendo en cuenta una aportación de un 20% de los beneficiarios, se estima que el coste total estimado del SAAD para el año 2018 sería de 9.309 millones de euros, para el año 2019 sería de 10.192 millones de euros y para el 2020 de 11.339 millones de euros.

Recuperar el nivel de financiación

Entre las principales conclusiones del estudio destacan la consideración de todas las CCAA de que es necesario encontrar el modo de recuperación de las cuantías del nivel de financiación. Considerando imprescindible reconsiderar la financiación actual del sistema, manteniendo su naturaleza finalista, y equiparando las aportaciones de los financiadores públicos.

En cuanto al copago, que produce según los autores del informe, un impacto regresivo en las rentas de las personas se considera que, con los niveles actuales, no cabe exigir una mayor participación del beneficiario en el Sistema de la Dependencia, a la que ya está establecida con carácter general en el Sistema. Si bien su disminución, debería conllevar la correspondiente valoración del impacto económico para garantizar la sostenibilidad del Sistema.

Además, se plantea la necesidad de la revisión del modelo estadístico para adaptarlo a las necesidades actuales de información, considerando imprescindible disponer de referencias poblacionales para conocer el verdadero grado de cobertura del SAAD. Siendo necesario también un mayor conocimiento de las aportaciones de las personas usuarias a la financiación del Sistema, del coste de los servicios y avanzar en la unificación y mejora de criterios para la emisión de los certificados acreditativos de la aportación de las comunidades autónomas para la financiación del SAAD.

Es necesario también simplificar las normas relacionadas con el Sistema mediante la redacción de un único Reglamento de desarrollo y ejecución de la LAPAD.

Los autores del informe señalan que el sistema debe caminar hacia un sistema basado en servicios, teniéndose en cuenta el coste de estos y las prestaciones para su financiación. Para el cálculo de los costes se deberá tener en cuenta además, la dispersión geográfica, la insularidad y otros factores, que suponen una mayor dificultad para la prestación de servicios.

Por ultimo el informe recoge la necesidad de realizar un estudio para conocer la capacidad del SAAD para crear empleo y la importancia de los retornos económicos que produce (cuotas Seguridad Social, recaudación impositiva…); de analizar desde una perspectiva de género la atención de los cuidados en el entorno familiar; y propone que en el Seno de la Comisión Delegada se inicien los trabajos de la revisión en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la presentación del presente informe en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.