¿Se cumplen los ratios de atención en las residencias?

Este ha sido un verano de conflictos laborales en los centros residenciales. Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia califican de insoportable la situación y por ese motivo se acercan ya a los 300 días en huelga. “Exigimos 35 horas semanales, llevarnos 1.200 euros a casa de sueldo, las IT —bajas laborales por incapacidad laboral— al 100% y mejoras en pluses. Al fin y al cabo, estamos hablando de ratios: que se contrate a más gente para que la atención sea la que merecen nuestros mayores”. Los ratios, que no se han revisado desde 1998, son la raíz del problema.

En Valencia, la propia Conselleria de Igualdad reconoció el 24 de agosto que se necesita más dotación de personal en las residencias de mayores, a raíz de las quejas de los trabajadores de la residencia pública de Carlet. "Estamos de acuerdo en que se precisa de una mayor dotación, pero para eso necesitamos que desde el Gobierno central se modifique la regulación que limita las contrataciones" declararon desde el departamento.

En Cataluña, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales estudia aumentar la ratio de cuidadores en las residencias y que las nuevas licitaciones primen criterios técnicos por encima de los económicos. Todo tras la polémica por el caso de las cinco residencias en las que vecinos y familiares denunciaron falta de personal e irregularidades en la higiene de los ancianos, en la administración de alimento y medicación y en la falta de actividad de los usuarios. De hecho, tras un brote de sarna en uno de estos cinco centros (la residencia El Molí en Nou Barris), el Departamento suspendió cautelarmente su gestión a la UTE Ingesan-Asproseat, filial de la constructora OHL y adjudicataria también de las otras cuatro residencias. Asuntos Sociales anunció un refuerzo de la plantilla en las cinco residencias (tres trabajadores por planta en cada geriátrico) y se comprometió a no prorrogar la concesión de las cinco residencias a la UTE Ingesan-Asproseat, por lo que en 2018 estos geriátricos volverán a salir a concurso público.

El penúltimo de los capítulos sobre problemas de recursos humanos en la atención a los residentes se ha dado en la Comunidad de Madrid, cuando el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem) advirtió de medidas legales "si no se cumplen los ratios" de personal de Enfermería en las residencias de mayores que dependen de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. La advertencia se produjo tras conocer que la residencia de mayores de Arganda del Rey (300 residentes) no solo tenía previsto que un único enfermero cubriera el turno de noche de un día en septiembre, sino que esta situación se iba a repetir hasta en 19 ocasiones, según se desprende de la planilla que el centro ha dado a conocer a sus profesionales.

A través de una carta al director de la residencia, con copia al consejero del ramo, Carlos Izquierdo, se recordó la situación del centro y se mencionó la posibilidad de acudir a los tribunales. En la carta se recuerda el suceso ocurrido el pasado mes de mayo (donde una residente tuvo un accidente y falleció al no ser correctamente atendida) y el impacto mediático y social que supuso. Finalmente, se contrató a una enfermera para paliar la situación.

En función de los conciertos

Estos hechos ponen de manifiesto que existen problemas en algunos centros en cuanto al personal necesario para proporcionar una atención de calidad.

En declaraciones a NGD, la presidenta de la patronal CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Cinta Pascual, opina que "los ratios de atención están bajos, pero están en función del importe económico de los conciertos, que en la actualidad están muy por debajo del coste real de los servicios. Se están pagando 1.500 o 1.600 euros por plaza para personas con alto grado de dependencia que necesitan atención las 24 horas del día, y es insuficiente. En cada Comunidad es diferente, pero, por ejemplo, en Cataluña llevamos 7 años con las tarifas congeladas, y en algunas Comunidades, incluso han bajado. Hablando coloquialmente, no se pueden dar duros a cuatro pesetas. Lo que está pagando la administración por una plaza no cubre los gastos que genera un dependiente".

Para Cinta Pascual, "lo que no es asumible es que para las plazas de las residencias públicas se valore un coste de entre 3.000 y 4.000 euros, y que para las privadas este coste se estime entre 1.500 y 1.700 euros. Lo que habría que hacer es una auditoría precisa sobre el coste del cuidado de una persona dependiente y ajustarlo en todos los casos. Habría que prohibir que se saquen plazas por debajo de un precio determinado, porque la misma atención requiere un dependiente en Asturias, que en Madrid o en Cataluña, por ejemplo", concluye Pascual.

Los sindicatos van más allá. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT denuncia: "Las ratios actuales entre usuarios de las residencias de mayores y trabajadores, establecidas por la ley de dependencia, se están utilizando de forma engañosa ya que, para cumplirlas, las residencias contabilizan a trabajadores que no atienden directamente al dependiente (limpiadores o cocineros) como trabajadores asistenciales, que sí atienden al usuario (gerocultores y enfermeros). Esta práctica provoca un deterioro peligroso del servicio que se presta a los usuarios que puede acabar en tragedia, como el caso ocurrido en una residencia pública de mayores de Arganda del Rey (Madrid). Esta situación puede ser aún más dramática en las residencias del sector privado, donde los trabajadores, en muchos casos tienen miedo a denunciar la situación".

En la misma línea está CCOO, desde donde se denuncia que en algunas comunidades los ratios no se cumplen, se juega con el personal y con las valoraciones, y existe una gran diferencia entre los ratios de las distintas CCAA.

Personal de enfermería

El secretario general del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Diego Ayuso, declara a NGD que "en los centros residenciales de manera global no se están cumpliendo los ratios de personal de enfermería, y existe una sobrecarga laboral muy importante. Las autoridades sanitarias hablan de un ratio de un enfermero por 12 dependientes, y en ocasiones hay una enfermera para 50 o 100 enfermos, lo que es una carga excesiva".

Ayuso afirma que "entre las enfermeras el trabajo en residencias es algo coyuntural, temporal, y en cuanto tienen ocasión, prefieren trabajar en un hospital. Esto es porque los salarios en las residencias están por debajo de los promedios en hospitales públicos, y porque las cargas de trabajo son muy superiores en las residencias. Es llamativo, continúa Ayuso, que existe una especialidad en enfermería geriátrica, pero las especialistas con experiencia no trabajan en las residencias, que suelen contratar perfiles noveles, que cobran menos".

Entre tanto el Gobierno mueve ficha. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, anunció este martes al término de la reunión de la Comisión para el análisis de la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que las comunidades autónomas han logrado un "amplio consenso" en materia de dependencia.

"En estos momentos contamos con cien millones de euros de presupuesto que nos ayudarán a mejorar las necesidades del sistema. Además, todos hemos estado de acuerdo en que es necesario revisar el modelo de financiación, revisar la propia ley de dependencia con sus prestaciones y un acuerdo para mejorar las condiciones económicas del sistema en los próximos cuatro años", concluye Garcés.