La falta de flexibilidad en la normativa laboral española se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la gestión de los recursos humanos en el sector sociosanitario. A la escasez de profesionales dispuestos a trabajar en residencias de mayores se suma una legislación que, según el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Jordi García Viña, no se adapta a las necesidades reales de estos centros.
Así, al respecto de las normativas de derecho de los trabajadores, “el gran problema es que no hay esos trabajadores a los que queremos regular”, explica García Viña, que participó en una mesa redonda titulada ‘Normativa clave en RRHH para el sector sociosanitario’. “La primera dificultad es la falta de personal que quiera trabajar en este sector, porque tiene unas características muy particulares. Por eso, el sector confía en la incorporación de trabajadores extranjeros, en las regularizaciones o en la posibilidad de incorporar gente nueva, incluso en supuestos de empleo doméstico no legal que podrían pasar a trabajar en los centros”, señala.
Pero, más allá de la escasez de personal, el jurista apunta a otro problema estructural que lastra el funcionamiento de las residencias: la rigidez de las normas laborales en materia de jornada y organización del trabajo. “En un sector donde se requiere prestar servicios en todos los momentos y hay muchas alteraciones, la normativa española es poco flexible ante las necesidades reales de las residencias. No hablo de trabajar más horas ni de situaciones ilegales, sino de poder organizar, cubrir bajas o adaptar los perfiles a las necesidades de cada momento. Eso la legislación no lo contempla”, advierte.
La negociación colectiva, añade, podría ser una vía de mejora, pero “tampoco hay esa voluntad”, lo que, en su opinión, agrava un problema que afecta tanto a la gestión diaria como al bienestar de los trabajadores. Las residencias deben garantizar una atención continuada, pero el marco legal impone esquemas rígidos que dificultan responder con agilidad a las ausencias o a los picos de demanda.
En esa misma jornada jornada sobre normativa, retos y oportunidades en el sector sociosanitario, organizada por Criteria Recursos Humanos, la secretaria general de AESTE, Josune Méndez de Cruz, explicaba también que el sector de atención a las personas mayores se enfrenta a un momento especialmente complejo como consecuencia de la excesiva regulación sobre las residencias y demás centros de cuidado.
Subrayó que la hiperregulación normativa en el ámbito laboral está generando una creciente inseguridad jurídica, aumentando los costes y limitando la capacidad de las entidades para adaptarse con agilidad a los cambios sin que se resienta la calidad del servicio. Méndez de Cruz era clara al apuntar que el contexto actual está marcado por “una proliferación normativa sin precedentes que se traduce en una sobrerregulación del entorno laboral” y apuntar que esta situación no siempre está alineada con la operativa real del sector.
Por todo ello, la portavoz de la patronal pedía que se escuche al sector a la hora de elaborar las normas y que se permita mayor flexibilidad tanto en su aplicación como en los plazos.
El debate sobre la posible reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales ha generado inquietud entre los departamentos de recursos humanos de las residencias, que ya afrontan una falta crónica de personal. García Viña considera que, en este contexto, una medida así resultaría difícil de aplicar. “Tenemos un sistema de bloque de ocho horas porque organizativamente le funciona bien a la empresa y también al trabajador. Por eso, cuando se han hecho turnos de seis horas, han surgido problemas: los trabajadores no quieren hacer turnos más cortos porque trabajan más días o cobran menos”, explica.
A su juicio, la reducción de jornada no solo genera dificultades de organización, sino que complica la cobertura de los espacios que quedan descubiertos. “No es tan fácil contratar a alguien para un día o dos, o para hacer lo que antiguamente llamábamos correturnos. Hay muy poca gente que quiere trabajar un domingo, por poner un ejemplo. Esa reducción tiene ese problema principalmente”, resume.
El razonamiento del catedrático ilustra bien la paradoja del sector: mientras se reclama una mejora de las condiciones laborales para atraer talento, las herramientas legales disponibles impiden aplicar modelos más flexibles que faciliten la conciliación sin comprometer la continuidad asistencial.
Otro asunto que, según García Viña, genera debate en el ámbito laboral es el de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. “Desde hace mucho tiempo hay una reivindicación de personas que llegan demasiado cansadas a la edad legal de jubilación. A partir de ahí, había supuestos de reducciones por actividades realmente peligrosas, como la minería o los bomberos”, recuerda.
Este tipo de medidas empezó a extenderse a sectores con trabajos físicamente exigentes, como la hostelería con el colectivo de las Kellys, y se está planteando también en otros ámbitos, como el sociosanitario. “La idea es que nadie puede trabajar hasta los 67 años haciendo ese trabajo”, apunta.
Sin embargo, advierte que esta posible extensión de los coeficientes reductores también presenta un “handicap” importante: el sobrecoste para las empresas. “Para los trabajadores puede ser una buena idea, porque a lo mejor no pueden realizar actividades en una residencia hasta los 67 años. Pero para las empresas supone un coste añadido que hay que valorar”, señala.
En definitiva, García Viña considera que la solución no pasa solo por aumentar los salarios o por medidas puntuales, sino por revisar el marco normativo para hacerlo más adaptable a la realidad de un sector que trabaja los 365 días del año.
“Se necesita una flexibilidad para organizar, para cubrir espacios, para tener diferentes perfiles dependiendo de las necesidades”, insiste. Sin esa capacidad de adaptación, las residencias seguirán enfrentándose a un doble desafío: la falta de personal y la imposibilidad de ajustar su estructura laboral a los ritmos cambiantes del cuidado de las personas mayores.
El diagnóstico del catedrático pone sobre la mesa una cuestión de fondo que trasciende lo jurídico: si la normativa no se adapta a la realidad asistencial, el sistema corre el riesgo de volverse insostenible. El sector sociosanitario, que combina una elevada carga emocional y una demanda continua de atención, necesita no solo más manos, sino también más margen para gestionarlas con sentido común.