"El Gobierno propone una reforma de la Ley sin recursos que garanticen su efectividad", mientras se congela la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se considera que es fundamental reconocer el efecto negativo en términos de género que generan estas políticas que no se comprometen con los cuidados, dado que la carga de estos sigue recayendo de manera abrumadora sobre las mujeres.
Esta asociación recuerda que entre los años 2021 y 2024, el compromiso del Gobierno con la efectividad de los derechos de las personas en situación de dependencia se materializó a través del denominado 'Plan de choque'. Este plan implicó un aumento anual de 600 millones de euros gestionados por las Comunidades Autónomas, lo que resultó en un incremento acumulado de financiación estatal de 3.793 millones de euros.
Sin embargo, en 2024, este aumento en la financiación estatal se detuvo y, en su lugar, el Gobierno propuso una reforma de la Ley que incorporaría nuevos derechos, a pesar de que aún no se han garantizado plenamente los derechos establecidos por la normativa vigente.
Es importante señalar que, en este momento, el anteproyecto de ley para reformar la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006) está a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Y no menos importante recordar que, actualmente, 270.325 personas se encuentran en listas de espera para una legislación que ha sido incumplida durante 18 años.
El dato demoledor siempre es que "cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera" (en 2024, se registraron 34.252 fallecimientos), y el tiempo promedio para recibir la prestación o servicio es de 334 días, con algunas comunidades enfrentando esperas que superan los dos años.
Además, las cantidades asignadas a las prestaciones económicas y la calidad de los servicios son claramente insuficientes; en muchos casos, resultan incluso ridículas, como los 264 € al mes que se destinan, en promedio, a la prestación para cuidadoras no profesionales.
"Obviamente, sin incremento de financiación los nuevos derechos que esta reforma de la Ley propone reconocer, quedan en papel mojado, pura cosmética del Sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares", aeeguran desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La reforma propone incorporar varios cambios, muchos de los cuales son positivos y ya han sido adoptados por numerosas comunidades autónomas sin requerir una modificación legal. Algunos de estos cambios incluso han sido consensuados en el Consejo Territorial. Los demás podrían haberse solucionado de la misma manera, evitando así todo lo que implica reformar una Ley. Lo más preocupante es que ciertos ajustes sugeridos en el anteproyecto de reforma de la Ley de la Dependencia ya habían sido acordados entre el Gobierno y las Comunidades, pero varios años después no se llevan a cabo no porque falte una norma, sino simplemente por la carencia de financiación.
El servicio de teleasistencia es un ejemplo claro, ya que la reforma propone su reconocimiento como un nuevo derecho gratuito para todas las personas en situación de dependencia que residen en sus hogares. Esto coincide exactamente con lo que se había estipulado en el Plan de Choque del propio Gobierno. Sin embargo, cuatro años después, el 58% de las personas que reciben atención en sus domicilios carecen de este servicio.
Para la asociación de directoras surge la pregunta: "¿Por qué no se asegura la financiación de este derecho ya establecido, en lugar de volverlo a reconocer, sin más financiación?".
Una de las medidas más destacadas de la reforma de la Ley es el fortalecimiento de la atención en los domicilios. Sin embargo, esto contrasta con las acciones actuales, ya que el real decreto del 18 de julio de 2023 ya había ajustado la intensidad del servicio de ayuda a domicilio. A pesar de ello, continuamos con una media de solo una hora diaria para atender a cada persona en situación de dependencia, lo que equivale a 34 horas mensuales.
Para aquellos con un grado más alto de dependencia, como los Grandes Dependientes (grado III), apenas se les asignan dos horas diarias, sumando solo 62 horas al mes.
La pregunta vuelve a surgir: "¿De qué manera va a reforzar la atención en los domicilios una ley que apuesta por ellos pero que no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales?".
Es evidente que, en el hogar de una persona que requiere cuidados continuos y permanentes (24 horas al día, 365 días al año), contar con un promedio de solo dos horas diarias de ayuda a domicilio resulta insuficiente. Esto dificulta que sus familiares puedan equilibrar sus responsabilidades laborales o personales, e incluso les impide disfrutar de un merecido descanso, a menos que dispongan de los recursos necesarios para contratar servicios de cuidado adicionales.
Es posible suponer con mayor facilidad a quiénes recaerán la mayoría de estos cuidados, que en su gran mayoría son asumidos por mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres).