El texto, amplía derechos y elimina incompatibilidades en prestaciones.
El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado este texto normativo, el cual fue presentado por el ministro Pablo Bustinduy. Este último ha descrito la reforma como “un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad” que beneficiará tanto a las personas en situación de dependencia como a aquellas con discapacidad, además de que “promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal”.
El ministro Bustinduy ha resaltado que el catálogo de servicios y prestaciones para las personas con discapacidad y en situación de dependencia se verá ampliado gracias a este proyecto de ley.
Se eliminará el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia que se estableció en 2012, con el objetivo de facilitar una atención más personalizada para cada individuo. Se eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar mediante el proyecto.
Bustinduy ha afirmado que se están llevando a cabo reformas necesarias para adaptar el Sistema de la Dependencia a los retos actuales y futuros, lo que implica más prestaciones y servicios, el reconocimiento de nuevos derechos, una reducción de la burocracia y una mayor incorporación de tecnología al servicio del bienestar de las personas.
Además, el ministro ha afirmado que esta reforma legislativa “es necesaria” para abordar el desafío demográfico que enfrenta nuestro país, dado que en los próximos años se multiplicará la cantidad de personas mayores, lo que incrementará también el número de individuos en situación de dependencia.
Cuidados de proximidad
El nuevo modelo de cuidados, en el que Derechos Sociales colabora con los gobiernos autonómicos, será fortalecido por el proyecto, según ha indicado Bustinduy. Este esfuerzo se basa en la Estrategia estatal aprobada en 2024, que tiene como objetivo proporcionar cuidados de proximidad a las personas que necesitan prestaciones por dependencia y a aquellas con discapacidad, ya sea en sus hogares o en entornos comunitarios.
El Consejo de Ministros ha dado su autorización para distribuir 783,2 millones de euros entre las comunidades autónomas con el fin de financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En 2025, esta financiación acordada representará una inversión de 783.197.420 euros por parte del Gobierno de España. Con estos fondos, se reforzará la financiación destinada a los servicios que atienden a las personas dependientes en cada territorio.
El ministro ha señalado que "nuestra vocación es continuar la senda de crecimiento de la financiación, que se ha triplicado desde el 2014. Para ello, vamos a seguir con nuestro trabajo tanto en el seno del Ejecutivo como en el Consejo Territorial, hasta cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Gobierno y alcanzar el 50% de la financiación en cada autonomía".
Catálogo ampliado
La inclusión de nuevos servicios en el catálogo es parte de esta reforma legislativa, que abarca cuidados y apoyos en viviendas compartidas, así como nuevos modelos de convivencia colaborativa. Productos de apoyo que faciliten la autonomía, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, estarán disponibles a través de préstamo o cesión temporal. Además, se brindarán servicios de asistencia personal para quienes lo requieran y presenten mayores necesidades de apoyo.
Una nueva incorporación al proceso de escucha a la sociedad es el reconocimiento de que la prestación económica para cuidados familiares se extiende hasta el último día del mes en que fallece la persona dependiente. De esta manera, se evitan situaciones en las que se debe reintegrar prestaciones económicas. Esta medida proporciona seguridad jurídica y previene la incertidumbre o penalizaciones económicas para las familias o personas cuidadoras que han brindado apoyo hasta el final de la vida. Se trata de un gesto que reconoce y respeta el trabajo de quienes cuidan.
De igual manera, se incrementa la ayuda económica destinada a los cuidados en el ámbito familiar, reconociendo así el esfuerzo de quienes cuidan a sus seres queridos. Esta medida responde a las necesidades de aquellos que viven solos o en compañía de otras personas.
El nuevo texto del proyecto de ley permite que las personas con dependencia en grado II o III accedan a una prestación o servicio transitorio que se ajuste a sus deseos y circunstancias, en caso de que no puedan acceder de inmediato al recurso correspondiente según su grado.
Por ejemplo, si alguien solicita ingresar a un centro residencial cercano a su hogar pero no hay disponibilidad, podrá recibir durante el tiempo que esté en lista de espera una prestación alternativa adecuada a su situación, como la ayuda en el domicilio. Así, hasta que logre obtener una plaza en su centro residencial preferido, disfrutará de una prestación transitoria, evitando la necesidad de trasladarse a otro centro más alejado donde podría tener menos vínculos sociales, tal como sucede actualmente.
Mayor asistencia en el hogar
La nueva reforma legislativa amplía el servicio de ayuda en el hogar, abarcando acciones que trascienden el ámbito doméstico y las necesidades de cuidado personal del usuario. Así, se permite que la persona encargada de cuidar pueda acompañar al usuario en diversas actividades dentro de su comunidad, como asistir a consultas médicas o realizar compras.
En esta dirección, la reforma incorpora la asistencia personal como un nuevo servicio dentro del Sistema. Así, se facilita la implementación y el crecimiento de este apoyo, permitiendo que las personas con dependencia cuenten con la ayuda de un profesional que les asiste en su vida cotidiana, lo que les permite mantener su proyecto vital y participar de manera activa en su comunidad.
Teleasistencia universal
El reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia es el objetivo principal de este proyecto de ley, que asegura su acceso sin importar el territorio de residencia. Asimismo, se establece que la teleasistencia tiene un carácter complementario y no puede ser considerada como la única prestación, debiendo integrarse con otros tipos de apoyo.
Además, se amplía su ámbito de aplicación, permitiendo que quienes residen en centros de atención también puedan beneficiarse de este servicio.
Centros de día, servicio esencial
Una novedad que se incluye en el texto aprobado este martes es la consideración de los centros de día como un servicio esencial de proximidad, fundamental para que las personas puedan permanecer en sus hogares. Esto implicará que dichos centros ofrecerán apoyo no solo dentro de sus instalaciones, sino también en los domicilios de quienes lo necesiten o en espacios cercanos. Además, los centros de día funcionarán como un punto de referencia para aquellas personas que, aunque no sean usuarias, podrán acceder a otros tipos de servicios que allí se ofrecen.
La integración de todos los centros de día en sus comunidades y la adaptación a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de los usuarios son los principales objetivos. Así, se facilitará el acceso a actividades que fomenten la autonomía, el bienestar emocional y la participación social de la mayoría de las personas en la comunidad. Según Derechos Sociales, este aspecto es especialmente importante en áreas rurales o con escasez de recursos, y representa un enfoque innovador que transformará estos centros en puntos de referencia comunitarios para el apoyo y la conexión con el entorno.
Derechos renovados
Nuevos derechos para las personas en situación de dependencia están incluidos en el proyecto de ley. Por ejemplo, se establece que la persona usuaria tiene el derecho a decidir sobre las prestaciones y servicios que recibe, así como a garantizar su derecho a permanecer en el entorno de su elección o a recibir atención sin sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.
Un derecho fundamental que se incluye en esta reforma es el de asegurar la atención sanitaria a personas en situación de dependencia, sin importar su lugar de residencia, incluidas las residencias. Se crearán las bases necesarias para que los gobiernos autonómicos puedan llevar a cabo procedimientos de coordinación entre sus servicios sociales y sanitarios. Así, se proporcionará una atención integral que integre ambas áreas, lo que permitirá prevenir situaciones similares a las vividas durante la pandemia del COVID-19 en ciertas residencias de ancianos.
Calidad del empleo en el SAAD
El proyecto de ley ha introducido otra novedad tras el proceso de escucha: un artículo específico que aborda la calidad en los empleos relacionados con los cuidados. En la legislación, Derechos Sociales enfatiza que para garantizar una atención de calidad, continua y segura, es fundamental que las trabajadoras cuenten con condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas.
A través del diálogo con los gobiernos autonómicos en el Consejo Territorial, se determinarán los criterios de acreditación de calidad, según lo establece el artículo.
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