servicios sociales

La consejera andaluza ha presidido la toma de posesión de los altos cargos de su departamento y ha destacado la responsabilidad de trabajar especialmente por las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El sistema andaluz de dependencia ha alcanzado cifras récord en julio de 2026, atendiendo a más de 358.000 personas y otorgando más de 564.000 prestaciones, lo que representa un aumento del 69% desde 2018. Además, se ha logrado reducir el tiempo de espera a 424 días, la cifra más baja en 15 años.

La Generalitat de Catalunya ha propuesto 17.105 plazas para residencias y centros de día para mayores tras analizar 889 solicitudes. El proceso, que incluye una fase de alegaciones, se basa en principios de publicidad y no discriminación. Las asignaciones varían según territorio y tipo de servicio.

Ofrecerán más de 1.800 plazas en la red asistencial para personas mayores y con discapacidad.

La organización considera positiva la nueva regulación, que unifica en un único marco jurídico los requisitos de los centros y servicios para personas mayores en Andalucía, y defiende una implantación gradual para facilitar la adaptación del sector.

CECUA ha mostrado su apoyo a la nueva Orden de la Junta de Andalucía sobre los centros para personas mayores, al considerar que unifica la normativa, impulsa la atención centrada en la persona y adapta la organización de los equipos profesionales a las necesidades de las personas atendidas.

Considera que la aprobación de la nueva norma supondrá un beneficio para dos millones de personas en situación de dependencia.

Advierte de que el final del verano devuelve a muchas personas mayores que viven en municipios rurales a una situación de soledad no deseada. La entidad subraya la necesidad de mantener durante todo el año los vínculos sociales, los servicios y el apoyo comunitario, y recuerda que el plazo estival no modifica la realidad cotidiana de quienes permanecen en los pueblos.

Estas ayudas financiarán la mejora de infraestructuras, la compra de equipamiento y vehículos, así como proyectos de digitalización.

La consejera Loles López ha denunciado que esta deuda afecta la sostenibilidad del sistema y ha criticado las soluciones temporales propuestas por el gobierno central, instando a un modelo de financiación estable y suficiente.