Con motivo del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), la agencia de noticias Servimedia y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) han llevado a cabo el diálogo ‘Derechos Humanos y Personas Mayores’. En este encuentro, se ha subrayado la necesidad urgente de aumentar la financiación pública destinada a la atención de las personas mayores para asegurar que los derechos fundamentales y el bienestar de este grupo poblacional, que sigue creciendo, estén plenamente garantizados.
La participación en el encuentro incluyó a Lázaro González, quien es presidente de la PMP; Beth Gelb, presidenta de Amnistía Internacional España; Aida Díaz-Tendero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y miembro del patronato de HelpAge International España; así como a Gloria Bombín, vocal de la junta directiva del Movimiento por la Paz.
Durante el debate, las prioridades en los derechos humanos de las personas mayores han sido abordadas por todos los participantes, centrándose en aspectos como la autonomía personal, el acceso a servicios, la protección contra el abuso, la no discriminación por edad y la participación social. En este contexto, Lázaro González ha destacado en su introducción al diálogo que "algunos de los derechos incluidos en la Constitución Española, igualmente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son las pensiones periódicamente actualizadas, la atención sanitaria, los cuidados, los servicios sociales o la vivienda, todavía siguen sin estar suficientemente garantizados para un gran número de personas mayores".
González ha subrayado que la Plataforma, dedicada a la defensa de los derechos de las personas mayores, se preocupa profundamente por las pensiones. En la PMP, “nos preocupan mucho las pensiones, ya que en los últimos 10 años ha aumentado el riesgo de pobreza de las personas mayores en España en un 6%”. Además, ha señalado que la situación sería aún más grave si no hubieran existido pensiones adecuadas y actualizadas. Entre sus principales inquietudes, también ha destacado el peligro que enfrenta actualmente la atención sanitaria universal y ha afirmado que “el pilar más débil de nuestra democracia son los cuidados de larga duración para las personas mayores en situación de dependencia”.
González ha destacado que una de las tareas esenciales para enfrentar los desafíos actuales en la protección y garantía de estos derechos es la sensibilización y concienciación de la ciudadanía. Según él, “a medida que aumenta la población mayor, se incrementa también el edadismo; de hecho, frecuentemente se insinúa que las personas mayores solo producimos gasto e inconvenientes”.
En relación a este tema, Aida Díaz-Tendero ha señalado que “existe un desconocimiento de los aportes y de lo imprescindible que es un enfoque de derechos humanos para la ciudadanía en general y, en especial, para las personas mayores”. Desde su perspectiva, ha explicado que el desafío en Europa radica en que “se considera que este discurso de los derechos no tiene nada que aportar, porque ya estamos muy bien en cuanto a políticas públicas”.
Convención de la ONU relativa a los Derechos de las Personas Mayores
La situación actual relacionada con la creación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores ha sido un tema central en el debate. Según Díaz-Tendero, “ha experimentado avances importantes y ha tenido una metodología de trabajo interesante, con diversos grupos de trabajo internacionales”. Sin embargo, ella considera que uno de los factores que han llevado a su estancamiento es el limitado protagonismo del enfoque de derechos en Europa, resultado de la confianza depositada en las políticas sociales ya existentes.
Beth Gelb, al comenzar su intervención, destacó la “importancia de esta fecha”, subrayando que “en 1948 se produjo un hecho revolucionario en la historia, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Además, enfatizó que “la convención significa que los derechos humanos son individuales de cada persona y universales, para todas las personas y con vigencia a lo largo de toda la vida”.
Las personas que participaron en el debate han llegado a un consenso, como ha señalado Gelb, al afirmar que “las convenciones son un instrumento fundamental, porque son jurídicamente vinculantes y permiten reclamar a los estados que cumplan con sus obligaciones internacionales, pero además, incorporan mecanismos de seguimiento y examen periódico; además de una serie recomendaciones, que es lo que finalmente se traduce en leyes nacionales que protegen los derechos de las personas mayores”.
Gloria Bombín ha señalado que los derechos humanos de las personas mayores son “algo reciente, pues se empiezan a desarrollar a comienzos de este siglo XXI y, hasta entonces, se hablaba del derecho a un envejecimiento digno”. Además, ha destacado que “sobre los derechos humanos de las personas mayores hay mucho que reflexionar, porque es un colectivo muy diverso y, por lo tanto, lo que se debe hacer es fomentar la investigación sobre el envejecimiento, ya que hay un déficit importante en la información social y en la investigación médica.” Como ejemplo de esta situación, ha mencionado la notable falta de médicos especialistas en geriatría en los centros sanitarios.
Bombín ha destacado la importancia de “cambiar la noción de la vejez, la cual ha estado centrada en la pérdida de capacidades y la necesidad de la protección y atención; por lo tanto, hay que situarla en el derecho a la independencia y la autonomía; en la participación e integración en la vida comunitaria; en la seguridad y en una vida libre de todo tipo de violencia”.
Díaz-Tejero ha subrayado que “el envejecimiento es un tema global, como lo es el cambio climático o la migración”. Además, ha enfatizado que el sistema europeo no permite fijar una edad específica para considerar a alguien como persona mayor, ya que esta clasificación depende de otros factores, lo cual resulta “tremendamente novedoso en otros foros internacionales”. También destacó el nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, que ha comenzado a implementarse con éxito en los servicios y centros especializados tras la pandemia, como un claro ejemplo del enfoque de derechos en las políticas públicas. Este modelo aplica “derechos como la autonomía, la independencia, a la dignidad y al honor”.
Gelb ha subrayado la crucial necesidad de disponer de una herramienta jurídica internacional en relación con el derecho a la salud. Investigaciones realizadas por Amnistía Internacional sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las personas mayores han puesto de manifiesto que, en el Reino Unido, “se produjeron 35.000 muertes por unos procedimientos discriminatorios que impidieron a esas personas su acceso a la salud, a la vida o a la participación familiar”. Además, ha señalado: “Estamos en una situación sin resolver sin que haya habido realmente justicia”.
La relevancia de la financiación pública en la atención y prestación social necesaria para salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas mayores ha sido destacada por Bombín y González. En particular, González ha enfatizado que es crucial “subir los presupuestos para cuidados de larga duración en Europa, pero sobre todo en España, donde se destina el 0,8% del PIB a esta área, mientras que la media de los países europeos es del 1,5% del PIB”, especialmente en lo que respecta a cuidados y dependencia.
González ha enfatizado que “debemos seguir trabajando y avanzando, porque los derechos no se conquistan de una vez para siempre, sino que hay que cuidarlos”. Además, ha señalado que “las personas mayores no estamos buscando privilegios, sino que defendemos los derechos de toda la ciudadanía, puesto que creemos en la solidaridad intergeneracional, en la que se han basado siempre todos los servicios sociales que han traído el bienestar de toda la población”.