Ignacio Fernández-Cid (FED), ante el futuro de la dependencia: "La calidad tiene un coste y debe estar reflejada en las tarifas"

La dependencia ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en uno de los grandes retos sociales de España. Así lo plantea Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que reclama abordar el futuro de los cuidados con una mirada amplia y con la estabilidad necesaria para responder a una realidad marcada por el envejecimiento, el aumento de la complejidad asistencial y la necesidad de reforzar un sistema que considera estratégico. “La dependencia debe ser una prioridad de país”, sostiene al analizar el escenario al que se enfrenta el sector.

La falta de profesionales, la financiación del sistema y la necesidad de reducir las listas de espera aparecen como algunos de los grandes desafíos de una atención a la dependencia que necesita evolucionar para responder a nuevas demandas. El presidente de la FED incide en que no basta con anunciar nuevos recursos, sino que resulta determinante cómo se articulan y llegan al sistema: “Tan importante como el anuncio es su ejecución”. En la entrevista también aborda el papel de la tecnología, la coordinación sociosanitaria y los cambios necesarios para avanzar hacia un modelo de cuidados más preparado.

A continuación, Ignacio Fernández-Cid desgrana su visión sobre los principales retos que condicionan el presente y el futuro de la dependencia, desde la captación de profesionales hasta la gestión de los recursos disponibles. El presidente de la FED analiza las claves que, a su juicio, deben marcar la evolución del sistema y explica los planteamientos que defiende para afrontar una transformación que afecta a las personas mayores, sus familias y al conjunto del sector.

- La falta de profesionales es el gran cuello de botella del sector. Con unas tasas de rotación y absentismo al alza, y la competencia salarial de la sanidad pública siempre presente, ¿qué reformas estructurales, más allá de las mejoras salariales en los convenios, considera imprescindibles para prestigiar la figura del cuidador y atraer talento joven?

La falta de profesionales es uno de los grandes retos del sector y conviene abordarlo con una mirada amplia. No afecta solo a las residencias, sino al conjunto del sistema de cuidados: centros de día, ayuda a domicilio, atención residencial y también al propio sistema sanitario. Por eso no puede resolverse únicamente desde una medida aislada.

Las mejoras salariales son importantes y forman parte del debate, pero no son la única respuesta. Para atraer talento joven necesitamos prestigiar socialmente la profesión de cuidar. Cuidar requiere conocimientos, responsabilidad, capacidad técnica, estabilidad emocional y una enorme vocación de servicio. Durante mucho tiempo no se ha reconocido suficientemente el valor de estos profesionales, pese a que sostienen una parte esencial del bienestar de las personas mayores y dependientes.

También hacen falta itinerarios formativos más claros. La Formación Profesional, los certificados de profesionalidad y la formación continua deben estar mejor conectados con las necesidades reales del sector. Una persona joven debe poder ver en la dependencia una carrera profesional estable, con posibilidades de progresión, especialización y desarrollo.

Otro aspecto clave es mejorar la organización del trabajo y reducir cargas que no aportan valor asistencial. Los profesionales deben disponer de tiempo para cuidar, acompañar y atender, y no quedar atrapados en una burocracia excesiva. Además, la coordinación sociosanitaria puede ayudar mucho: los perfiles de las personas atendidas son cada vez más complejos y los equipos necesitan apoyo sanitario, protocolos claros y canales ágiles con atención primaria.

En definitiva, necesitamos una estrategia de país para los profesionales de los cuidados: reconocimiento, formación, estabilidad, mejores condiciones, carrera profesional y una financiación suficiente que haga viable todo lo anterior.

- Las patronales del sector habéis aplaudido el anuncio del Gobierno de destinar una inyección histórica que superará los 7.200 millones de euros para el sistema de dependencia. Sin embargo, ¿qué mecanismos de control exige para garantizar que este dinero llegue íntegro, de verdad, a las tarifas de los servicios y a la mejora salarial de los profesionales? En este sentido, y entendiéndose que la duda es legítima, ¿confía en que esto sea así toda vez que el anuncio no lo hace el ministerio de Derechos Sociales dentro de una planificación ordinaria, sino el propio presidente del Gobierno de forma sorpresiva apenas 24 horas después del tremendo golpe judicial a un exministro de este Ejecutivo por corrupción?

Valoramos positivamente cualquier incremento de financiación destinado al sistema de dependencia, porque es una necesidad ampliamente compartida. El sector lleva años reclamando una financiación suficiente, estable y finalista para poder responder al aumento de la demanda, a la complejidad de los perfiles atendidos y a la mejora de las condiciones de los profesionales.

Dicho esto, tan importante como el anuncio es su ejecución. Para que tenga efectos reales, debe existir trazabilidad: saber cuánto llega, a qué comunidad autónoma, con qué finalidad, en qué plazo y con qué indicadores de cumplimiento. Los fondos deben traducirse en servicios efectivos, reducción de listas de espera, actualización de tarifas y mejora de la calidad asistencial.

Uno de los puntos centrales es la adecuación de tarifas. En muchos territorios, los conciertos y precios públicos no reflejan el coste real de prestar una atención de calidad. Si la financiación no llega a las tarifas de los servicios, será difícil que se traduzca después en mejoras organizativas, incorporación de profesionales o mejores condiciones laborales.

Respecto a la mejora salarial, los convenios tienen su propio marco de negociación, pero es evidente que la financiación pública condiciona la capacidad real del sistema. Si se quiere avanzar en mejores condiciones, la financiación debe acompañar de forma suficiente y previsible.

Sobre el contexto político del anuncio, desde una organización sectorial debemos mantener una posición institucional. No nos corresponde entrar en valoraciones partidistas. Lo que pedimos es transparencia, planificación, criterios objetivos de reparto y seguimiento público de los resultados. La dependencia necesita menos incertidumbre y más estabilidad. Si los fondos llegan bien orientados y con control, serán positivos para las personas dependientes, sus familias, los profesionales y los centros.

- El déficit de plazas y las listas de espera son dos problemas acuciantes. A pesar del incremento presupuestario anunciado para reducir los tiempos de espera del sistema asistencial, el ritmo de envejecimiento de la población octogenaria es vertiginoso. ¿Considera que la prioridad absoluta de los nuevos fondos debe ser también vaciar la lista de espera de valoraciones con la creación de un plan de choque específico para la construcción y concertación de nuevas plazas residenciales?

La reducción de las listas de espera debe ser una prioridad. Hay personas que esperan demasiado tiempo para ser valoradas y otras que, aun teniendo reconocido su derecho, no acceden al servicio que necesitan en un plazo razonable. Esa situación genera incertidumbre, sobrecarga a las familias y, en muchos casos, empeora la situación de la persona dependiente.

Ahora bien, la respuesta debe ser equilibrada y planificada. Hace falta agilizar valoraciones, reforzar equipos administrativos y técnicos, mejorar la gestión de expedientes y garantizar que el derecho reconocido se traduzca en un servicio real. Pero también debemos anticiparnos al futuro demográfico, porque la demanda va a seguir creciendo.

España necesita una red suficiente y diversa de recursos: ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia avanzada, viviendas con apoyos y también plazas residenciales. Las residencias no son la única respuesta, pero son imprescindibles para muchas personas con alta dependencia, deterioro cognitivo, gran fragilidad, soledad o ausencia de red familiar suficiente.

Por tanto, sí es razonable plantear un plan específico para ampliar y concertar plazas allí donde exista déficit acreditado, siempre con planificación territorial y con tarifas adecuadas. No se trata de construir por construir, sino de identificar dónde faltan recursos, qué perfiles deben atenderse y qué modelo de atención queremos desarrollar.

También debemos modernizar el parque existente. Hay centros que necesitan adaptarse a nuevas necesidades asistenciales, mejorar espacios, avanzar hacia modelos más personalizados y reforzar la accesibilidad. La solución pasa por combinar más agilidad, más recursos y mejor planificación.

- La digitalización avanza rápido, pero ahora entramos de lleno en la era de la inteligencia artificial predictiva y la robótica asistencial. ¿Cómo debe equilibrarse esta irrupción tecnológica para que sea un aliado que libere de burocracia al trabajador en residencias o centros de día y el servicio de atención a domicilio (SAD) sin que se pierda la calidez del factor humano?

La tecnología debe ser una herramienta al servicio del cuidado, no un sustituto del cuidado. En dependencia, el factor humano es esencial: la presencia, la escucha, el acompañamiento y el vínculo no pueden ser reemplazados por una herramienta digital.

Sin embargo, bien utilizada, la tecnología puede aportar mucho. Puede ayudar a reducir burocracia, mejorar la coordinación, anticipar riesgos, prevenir caídas, detectar cambios de hábitos, facilitar la gestión de medicación o mejorar la comunicación entre equipos y familias. En el servicio de ayuda a domicilio también puede facilitar la organización de rutas, el seguimiento de incidencias y la continuidad asistencial.

La clave está en que la tecnología libere tiempo para cuidar. Si una herramienta obliga a duplicar registros, aumenta la carga administrativa o no se integra con los sistemas existentes, no está cumpliendo su función. Digitalizar no debe significar añadir pantallas, sino simplificar procesos.

También es imprescindible garantizar criterios éticos, protección de datos, consentimiento, respeto a la intimidad y formación de los profesionales. La inteligencia artificial predictiva puede ser útil si ayuda a tomar mejores decisiones, pero siempre debe estar supervisada por profesionales y orientada al bienestar de la persona.

El equilibrio adecuado es claro: tecnología para apoyar al profesional, mejorar la seguridad y reducir burocracia; humanidad para cuidar, acompañar y decidir con sensibilidad.

- ¿Coordinación o integración sociosanitaria? Los perfiles que ingresan hoy en los centros residenciales superan los 80 años y presentan una alta pluripatología o demencias avanzadas. Ante esta realidad, ¿cuál debe ser el primer paso irrenunciable para que la integración sociosanitaria deje de ser un lema político y se traduzca en historias clínicas compartidas y un soporte real de la atención primaria en las residencias?

Lo primero es reconocer la realidad asistencial actual. Las residencias no son hospitales, ni deben convertirse en hospitales, pero atienden a personas con necesidades sanitarias cada vez más complejas. Hablamos de personas muy mayores, con pluripatología, deterioro cognitivo, fragilidad y dependencia severa.

Por eso la coordinación sociosanitaria debe pasar de las declaraciones a las herramientas concretas. El primer paso irrenunciable es conectar de verdad a las residencias con el sistema público de salud. Eso significa acceso seguro a información clínica relevante, canales directos con atención primaria, protocolos compartidos y equipos sanitarios de referencia.

La historia clínica compartida es fundamental. No tiene sentido que un centro cuide a una persona sin disponer de información sanitaria básica y actualizada, ni que el sistema sanitario no tenga una visión suficiente de lo que ocurre en el entorno residencial. La información debe circular con garantías, pero también con eficacia.

Además, la atención primaria debe tener un papel estable y estructurado en su relación con las residencias. Hace falta seguimiento, apoyo en medicación, circuitos claros para evitar derivaciones innecesarias y capacidad de respuesta cuando surgen incidencias clínicas.

Esto no significa trasladar al centro residencial funciones que corresponden al sistema sanitario. Significa coordinar responsabilidades para que la persona reciba una atención coherente, sin duplicidades ni vacíos. La integración sociosanitaria debe medirse por resultados prácticos, no por declaraciones institucionales.

- ¿Hay algún aspecto clave, ya sea normativo, social o de gestión interna, que no hayamos abordado en esta entrevista y que considere de especial relevancia para el futuro inmediato del sector de la atención a los mayores? ¿Qué pediría o comentaría si mañana tuvieran línea directa con el presidente del Gobierno?

Le trasladaría que la dependencia debe ser una prioridad de país. No hablamos de un asunto sectorial, sino de uno de los grandes retos sociales, demográficos y económicos de España para las próximas décadas.

La población envejece, aumentan las situaciones de dependencia, las familias son más pequeñas y hay más personas mayores que viven solas. Ante esta realidad, necesitamos un sistema de cuidados sólido, bien financiado, flexible y capaz de ofrecer respuestas distintas según las necesidades de cada persona.

Pediría, en primer lugar, financiación suficiente, estable y finalista. No se puede exigir más calidad, más profesionales, más plazas y mejores condiciones sin una financiación acorde. La calidad tiene un coste y debe estar reflejada en las tarifas y en los recursos públicos.

En segundo lugar, pediría un pacto de Estado por los cuidados. La dependencia necesita estabilidad, planificación y criterios comunes, respetando las competencias autonómicas, pero evitando desigualdades territoriales excesivas. Las personas dependientes deberían tener una respuesta razonablemente homogénea con independencia de dónde vivan.

En tercer lugar, pediría que se escuche al sector. Las residencias, los centros de día y la ayuda a domicilio conocen de primera mano las necesidades de las personas mayores y dependientes. Cualquier transformación del modelo debe hacerse con diálogo, con datos y con memoria económica suficiente.

Y añadiría una idea importante: no debemos contraponer recursos. No es domicilio frente a residencia, ni centro de día frente a ayuda a domicilio. Cada persona necesita una respuesta diferente en cada etapa. Lo importante es construir una red completa, suficiente y coordinada, que acompañe a la persona según su situación, su voluntad y su entorno.