La atención a la dependencia enfrenta retos cruciales como la escasez de profesionales y el aumento de demanda. Ignacio Gamboa, presidente de ASADE, aboga por un enfoque integral que combine residencias y cuidados a domicilio, resaltando la necesidad de una estrategia nacional que garantice sostenibilidad y calidad en los servicios.
La atención a la dependencia afronta una etapa decisiva marcada por la falta de profesionales, el aumento de la demanda de cuidados y el debate sobre cómo garantizar la sostenibilidad del sistema. En esta entrevista, el presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, analiza los principales retos del sector y defiende que "la creciente necesidad de profesionales es, sin duda, el principal desafío que afronta hoy el sistema de atención a la dependencia".
Desde la financiación pública hasta el futuro de las residencias, la ayuda a domicilio, la inteligencia artificial o la coordinación sociosanitaria, Gamboa plantea la necesidad de abordar los cuidados con una visión a largo plazo. Frente a algunos debates recurrentes, sostiene que "el reto no debe plantearse como una confrontación entre residencia o domicilio", sino desde un modelo capaz de adaptarse a las necesidades de cada persona.
A lo largo de la conversación, el presidente de ASADE expone su visión sobre las reformas que considera prioritarias para atraer profesionales, las condiciones que deberían garantizar que la financiación llegue realmente a los servicios, el papel que debe desempeñar la tecnología en los cuidados y las claves de la estrategia que, a su juicio, necesita España para afrontar el reto demográfico.
- La falta de profesionales es el gran cuello de botella del sector. Con unas tasas de rotación y absentismo al alza, y la competencia salarial de la sanidad pública siempre presente, ¿qué reformas estructurales considera imprescindibles para prestigiar la figura del cuidador y atraer talento joven?
La creciente necesidad de profesionales es, sin duda, el principal desafío que afronta hoy el sistema de atención a la dependencia. No hablamos únicamente de una cuestión laboral, sino de un reto social de enorme magnitud en una sociedad cada vez más longeva y con mayores necesidades de cuidados.
Las mejoras salariales son un elemento necesario, pero por sí solas no resolverán el problema. Debemos conseguir que trabajar en los cuidados sea percibido como una profesión de futuro, con reconocimiento social, oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad.
En ese sentido, es fundamental simplificar y agilizar los procesos de acreditación profesional, sin renunciar a la calidad ni a la formación. Tenemos una gran oportunidad con los procesos de regularización de personas migrantes y los nuevos modelos formativos sobre los que se viene trabajando.
Muchas de ellas ya están desarrollando labores de cuidado de manera informal y podrían incorporarse al sistema con todas las garantías, pero para ello debemos poner en marcha itinerarios ágiles de formación, acreditación y acompañamiento que permitan transformar una necesidad social en una oportunidad de empleo cualificado.
Por último, es necesario que la financiación pública permita generar entornos laborales atractivos y sostenibles. No podemos exigir al sector que compita por el talento con otros ámbitos asistenciales si los precios públicos y el diseño de los contratos no reflejan adecuadamente los costes reales del servicio.
- Las patronales habéis aplaudido el anuncio del Gobierno de destinar más de 6.200 millones de euros al sistema de dependencia. ¿Qué mecanismos de control exige para garantizar que este dinero llegue realmente a los servicios y a los profesionales?
Desde ASADE, junto al resto de los compañeros del sector, valoramos positivamente cualquier incremento de financiación destinado a fortalecer el sistema de atención a la dependencia. España necesita invertir más en cuidados y cualquier avance en esa dirección debe ser bien recibido.
Pero tan importante como el volumen de recursos es garantizar su correcta ejecución y que los mismos impacten de manera directa en las personas atendidas, en los servicios y en sus profesionales.
Los recursos deben llegar efectivamente a los servicios, traducirse en mejoras de los precios públicos de manera que se permita la necesaria mejora laboral y salarial de sus profesionales y el refuerzo de la calidad asistencial.
Para ello sería deseable contar con indicadores objetivos de seguimiento, mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre el destino final de los fondos en cada territorio. El reto no es únicamente cuánto dinero se anuncia, sino qué impacto real genera en las personas dependientes, en sus familias y en los profesionales que las atienden. Y si queremos que esto se produzca de una manera ágil, debemos insistir en que se permita la posibilidad de modificar los contratos y sus precios.
- El déficit de plazas y las listas de espera son dos problemas acuciantes. ¿Debe ser prioritario vaciar la lista de espera con nuevas plazas residenciales?
Desde nuestro punto de vista, es prioritario que los cuidados lleguen allí donde sean necesarios. Por tanto, cuando una persona solicita apoyo al sistema este debe ser lo suficientemente ágil en darle respuesta a sus necesidades y conforme a sus preferencias: ya sea a través de un servicio u otro. Si no generamos la frustración de necesitar la atención y que ésta tarda en llegar.
Por tanto, necesitamos actuar simultáneamente sobre varios frentes: agilizar valoraciones, simplificar procedimientos administrativos, incrementar la intensidad de los servicios domiciliarios y aumentar la oferta de recursos residenciales allí donde exista una necesidad.
Siempre hemos defendido que las plazas residenciales forman parte de la solución y que, en determinadas situaciones de alta dependencia o complejidad asistencial, o conforme a las preferencias y decisiones de las personas, son absolutamente imprescindibles. Por ello, el reto no debe plantearse como una confrontación entre residencia o domicilio, sino como la construcción de un sistema suficientemente flexible para responder a las necesidades de cada persona.
Lo que sí parece evidente es que el crecimiento previsto de la población mayor de 80 años exigirá una planificación mucho más ambiciosa y a largo plazo. Necesitaremos nuevas residencias y crecientes servicios de ayuda a domicilio en número e intensidad y esto se hace dotándose de la necesaria seguridad jurídica para los operadores y una estrategia nacional capaz de anticiparse.
- Inteligencia artificial, robótica y digitalización. ¿Cómo equilibrar tecnología y factor humano?
La tecnología debe entenderse como un complemento del cuidado, nunca como un sustituto.
Las herramientas de inteligencia artificial, los sistemas predictivos o la robótica asistencial pueden aportar enormes beneficios en ámbitos como la prevención, la detección temprana de riesgos, la gestión de recursos o la reducción de tareas administrativas. Todo ello puede liberar tiempo para que los profesionales se puedan centrar más en lo importante, la atención directa a las personas.
Pero conviene recordar que el verdadero valor de los cuidados reside en la relación humana. La empatía, la escucha, el acompañamiento emocional, la generación de confianza o la capacidad de comprender las necesidades individuales de cada persona no son sustituibles por ninguna tecnología.
El objetivo debe ser que la innovación permita a los profesionales cuidar mejor, no cuidar menos. La mejor tecnología será aquella que aumente la calidad de vida de las personas y refuerce la capacidad de los equipos humanos.
- ¿Coordinación o integración sociosanitaria?
Hablamos de atención centrada en la persona y su multidimensionalidad, pero nos mantenemos en un debate terminológico. Necesitamos llevarlo del papel a la práctica.
Las personas que hoy llegan a los recursos residenciales y/o reciben atención domiciliaria presentan perfiles cada vez más complejos, con pluripatologías, deterioro cognitivo y necesidades sanitarias crecientes. Mantener compartimentos estancos entre el ámbito social y sanitario no responde a la realidad de estas personas y además genera en las mismas una sensación de insatisfacción ante el desconocimiento de los profesionales del cuadro completo.
El primer paso debe ser garantizar la interoperabilidad de la información. Resulta difícil hablar de integración cuando todavía existen dificultades para compartir datos esenciales entre profesionales que atienden a una misma persona.
Y por encima de todo, debemos entender la inversión en cuidados como la mejor optimización de los recursos de atención a las personas, que evita la cronificación de patologías y medicaciones, y evita o reduce ingresos hospitalarios y/o visitas médicas. Todo lo que invertimos en cuidar/prevenir, lo recuperamos con creces en tratamientos y curas, además de la indudable mejora en la calidad de vida que esto reporta.
Para ello, debemos reforzar los servicios de cuidados de larga duración, económica y normativamente.
La persona debe estar en el centro del sistema, no atrapada entre distintos niveles administrativos.
- ¿Qué aspecto clave no hemos abordado? ¿Qué pediría al presidente del Gobierno?
Si tuviera que resumir el principal desafío del sector en una sola idea, diría que necesitamos una estrategia nacional para garantizar la sostenibilidad futura de los cuidados. Un gran pacto por los cuidados.
En España afrontamos una transformación demográfica sin precedentes. Cada año aumentan las necesidades de atención y cada vez resulta más difícil encontrar profesionales suficientes para prestar esos servicios.
Por eso, reiteramos nuestra petición al Gobierno y a todos los agentes un gran pacto de Estado sobre los cuidados, capaz de trascender legislaturas y ofrecer estabilidad a largo plazo. Los cuidados deben salir del enfrentamiento político y ser un punto de cohesión y construcción del futuro.
Ese pacto debería incluir tres prioridades:
- una financiación adecuada y previsible,
- un plan extraordinario de atracción y cualificación de profesionales —incluyendo los procesos de regularización y acreditación—
- un marco de colaboración público-privada estable, adecuado y justo que permita atender a las personas y proteger a los profesionales del sector y a las entidades que en él se desarrollan.
Los cuidados deben ser considerados un pilar esencial de nuestro Estado de bienestar y uno de los sectores con mayor recorrido profesional. El reto no es exclusivamente la sostenibilidad de las entidades que trabajan en el sector, sino nuestra capacidad como sociedad para atender dignamente a una población cada vez más envejecida.