Más financiación, más profesionales y estabilidad normativa: el sector de la dependencia exige un giro estructural en 2026

El sector de la atención a las personas mayores y en situación de dependencia afronta 2026 como un año clave en el que confluyen problemas estructurales largamente arrastrados y retos urgentes que ya no admiten demora.

Las organizaciones empresariales coinciden en señalar que el sistema necesita pasar de los diagnósticos reiterados a decisiones de fondo que garanticen su sostenibilidad, su equidad territorial y su capacidad real de respuesta ante una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de cuidados.

Entre las principales demandas destaca, de forma transversal, la necesidad de una financiación pública suficiente, estable y alineada con los costes reales del sistema. El sector advierte de que la infrafinanciación crónica sigue tensionando los servicios, dificulta la mejora de las condiciones laborales y compromete la calidad de la atención.

A ello se suma la reclamación de revisar los mecanismos de contratación pública para evitar que el incremento de costes —especialmente salariales— recaiga exclusivamente sobre las entidades prestadoras.

Junto a la inversión en el sector por parte de la administración, las patronales sitúan como prioridades inaplazables la escasez de profesionales, la necesidad de estabilidad normativa y consenso político, y una colaboración público-privada más equilibrada y basada en la corresponsabilidad. Todo ello, subrayan, debe ir acompañado de una mejor coordinación sociosanitaria y de respuestas ágiles para las situaciones de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando la dependencia aparece de forma sobrevenida.

Más financiación pública para sostener el sistema de cuidados

La financiación es la demanda más reiterada por las organizaciones empresariales, que coinciden en señalar que el actual nivel de recursos es insuficiente para garantizar la viabilidad del sistema y responder al aumento de la demanda. Desde CEAPs, su presidente Rafael Sánchez-Ostiz reclama que 2026 marque “el paso de los compromisos retóricos a las decisiones estructurales”, con unos Presupuestos Generales del Estado que “blinden definitivamente el modelo de cuidados” y pongan fin a una dinámica que, según la patronal, “sigue penalizando a las personas más vulnerables”.

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas insiste en la necesidad de avanzar hacia el 2% del PIB destinado a la atención a la dependencia, en línea con los países del entorno europeo. “Hablar del 2 % del PIB no es hablar de gasto, sino de inversión social y económica”, afirma Sánchez-Ostiz, quien subraya que invertir en cuidados “genera empleo estable y no deslocalizable, profesionaliza un sector esencial y mejora de forma directa la vida de millones de personas y de sus familias”. La organización también alerta del impacto negativo que ha tenido la falta de Presupuestos en ejercicios anteriores sobre el gasto social y medidas como el Plan de Choque de la Dependencia.

En la misma línea, la secretaria general de AESTE, Josune Méndez de Cruz, advierte de que la dependencia sigue siendo “uno de los pilares del Estado del Bienestar con mayor desajuste entre las necesidades sociales y los recursos disponibles”.

Para 2026, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia reclama “un compromiso firme de las administraciones públicas, tanto españolas como europeas, que permita avanzar hacia una financiación acorde con los costes reales de los servicios”, condición imprescindible —señala— para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Desde la FED, su presidente Ignacio Fernández-Cid va un paso más allá y exige el cumplimiento efectivo del compromiso del Estado de aportar al menos el 50% del coste total del sistema. “Esta aportación resulta imprescindible para aliviar la carga financiera que actualmente soportan las comunidades autónomas y garantizar una financiación justa, estable y suficiente”, sostiene.

Además, la Federación Empresarial de la Dependencia vincula directamente el incremento de la financiación con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales del sector.

Falta de profesionales y condiciones laborales en el centro del debate

La escasez de profesionales es otro de los grandes problemas compartidos por las patronales, que lo definen como un reto estructural que amenaza la continuidad de los cuidados. AESTE lo resume de forma contundente: “Sin profesionales, no hay cuidados”. Para 2026, la organización reclama un plan urgente y estructural que incluya más plazas formativas en titulaciones sociosanitarias, procesos ágiles y realistas de homologación de títulos extranjeros, nuevas categorías profesionales adaptadas a la realidad asistencial y medidas para dignificar y prestigiar el trabajo de cuidar.

CEAPs también sitúa esta cuestión como prioritaria y pide agilizar especialmente la homologación de títulos en el ámbito de la Enfermería ante la “grave escasez de profesionales” que sufre el sector. La patronal advierte de que, sin un refuerzo decidido de los recursos humanos, “cualquier mejora presupuestaria será insuficiente para garantizar una atención de calidad y segura”.

Desde FED, Fernández-Cid reclama medidas “urgentes y estructurales” para paliar el déficit de profesionales y reducir el elevado absentismo laboral. Entre ellas, propone facilitar la incorporación de profesionales formados en origen mediante procesos “ágiles y seguros” y revisar la normativa laboral para abordar el absentismo “garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores y la continuidad asistencial”.

En el ámbito de la ayuda a domicilio, el presidente de ASADE, Ignacio Gamboa, insiste en la necesidad de incrementar el número de trabajadores para atender una demanda creciente. “Sin trabajadores y políticas vinculadas a su atracción, no podremos seguir construyendo una ayuda a domicilio como la que todos queremos”, advierte, al tiempo que reclama un mayor reconocimiento social del sector y de sus profesionales.

Estabilidad normativa, consenso político y colaboración público-privada

La necesidad de consenso político y estabilidad normativa aparece de forma recurrente en los planteamientos de las patronales. Desde Lares, su presidente José Luis Pareja apuesta por un Pacto Nacional por el Cuidado de las Personas en situación de Dependencia, que permitiría, a su juicio, avanzar en cuestiones clave como “mejores salarios para nuestro personal, no lista de espera en valoración de grado de dependencia para acceso a centro residencial, mayor asignación de recursos económicos” y un avance “significativo y esperanzador en la lucha contra las demencias”.

AESTE coincide en la importancia de alcanzar un “verdadero pacto de Estado por los cuidados” que fije principios comunes, evite vaivenes normativos y aporte seguridad jurídica. Méndez de Cruz subraya que la fragmentación regulatoria y los cambios constantes “dificultan la planificación” y reclama un marco estable construido desde el diálogo y la corresponsabilidad institucional.

Por su parte, FED propone la constitución de una mesa de planificación estratégica con las Administraciones Públicas para anticipar las necesidades derivadas del envejecimiento, la evolución de la demanda y la disponibilidad real de recursos. Además, Fernández-Cid reclama la modificación o derogación del actual Acuerdo de acreditación, Acuerdo Belarra, al considerar que algunos de sus criterios son “inviables técnica, económica y organizativamente” y pueden convertirse en un obstáculo para la viabilidad de los centros y servicios.

Contratación pública y desindexación: precios que reflejen el coste real

Igualmente, el actual modelo de contratación pública genera tensiones crecientes en el sector de la dependencia debido a que los precios de los contratos no reflejan los incrementos de costes reales. En CEAPs se reclama que los contratos públicos estén indexados al IPC y recojan “el coste real de los servicios”, ante el aumento sostenido de gastos salariales, energéticos y de suministros. Esta actualización, advierten, es clave para garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales y la atención de calidad a las personas dependientes.

Para AESTE, la cuestión va más allá de la actualización de los contratos: es necesario revisar la Ley de Desindexación y su aplicación en la contratación pública, ya que “la imposibilidad de actualizar los precios de los contratos en contextos de aumento de costes está tensionando gravemente la sostenibilidad de estos servicios”.

Por su parte, ASADE sitúa esta demanda como prioritaria para la ayuda a domicilio, reclamando “la modificación de la Ley de Desindexación y que se permita que el precio de los contratos refleje fielmente los incrementos de coste”, subrayando la importancia de escuchar al sector del Servicio de Atención Domiciliaria a la hora de abordar cambios normativos.

¿Convenio de la Dependencia en breve?

En Lares, la patronal del Tercer Sector o Sector Solidario, recuerdan que un marco laboral actualizado es clave para garantizar la estabilidad y la calidad en la atención. Por eso su presidente, José Luis Pareja, reclama “poder contar con un nuevo Convenio Colectivo”, subrayando la necesidad de acuerdos que reconozcan la especificidad de los servicios sociales y fortalezcan las condiciones laborales del personal.

En este mismo sentido, en el ámbito de la ayuda a domicilio, ASADE insiste en que la negociación colectiva debe ser un instrumento efectivo para consolidar la profesionalización y la sostenibilidad del sector. Ignacio Gamboa pide “actitudes constructivas y una fuerte voluntad común para alcanzar los necesarios acuerdos laborales”, añadiendo que estas negociaciones son esenciales para atraer y retener el talento necesario para atender la creciente demanda del SAD.

Hay que recordar que aunque todavía estemos bajo el paraguas del octavo, la mesa de negociación y los borradores que se están preparando son ya para el IX Convenio. Actualmente, el sector se rige por el VIII Convenio, que fue firmado en 2023 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Es el que marca las tablas salariales y condiciones que se están aplicando ahora mismo.

Colaboración público-privada

En el terreno de la colaboración público-privada, AESTE y ASADE coinciden en la necesidad de reforzarla sobre bases más justas. AESTE defiende una relación basada en la confianza y el reconocimiento del papel de cada actor.

Mientras, ASADE reclama “una relación público-privada más justa”, con una modificación urgente de la Ley de Desindexación y una mayor escucha a los agentes sociales y patronales a la hora de abordar cambios normativos. Además, Gamboa subraya la importancia de 2026 como año clave para la negociación colectiva y pide “actitudes constructivas y una fuerte voluntad común” para alcanzar los acuerdos laborales que necesita el sector.