José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el Congreso de los Diputados. (Foto: Youtube)
José Manuel Ramírez Navarro intervino en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre para abordar las modificaciones propuestas al Texto Refundido de la Ley de Dependencia. Denunció la falta de transparencia y propuso medidas para mejorar el sistema, enfatizando que sin recursos, los derechos son "papel mojado".
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, advirtió ante el Congreso de los Diputados que los nuevos derechos propuestos en la reforma de la Ley de Dependencia carecerán de efectividad si el Gobierno no cumple con su obligación de aumentar la financiación. En su comparecencia reciente, el portavoz reclamó un incremento de 1.000 millones de euros en los próximos Presupuestos (PGE) para que la Administración General del Estado (AGE) alcance el 50% del gasto público total del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
De no materializarse este compromiso económico, el sistema seguirá siendo "low cost" y los avances se limitarán a ser "derechos de papel", según denunció.
El responsable portavoz de la ADyGSS compareció en el Congreso de los Diputados el 26 de noviembre de 2025 para abordar las modificaciones propuestas al Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD).
El objetivo de su intervención, solicitada 11 meses antes, fue exponer las carencias del sistema. Así, Ramírez Navarro destacó las cifras críticas que reflejan la situación actual del sistema:
27.217 personas han fallecido en la lista de espera de la dependencia en el último año, lo que equivale a "1 cada 18 m".
275.317 personas están actualmente en lista de espera, con una media de 350 días para ser atendidas. Esta lista ha crecido en el último año (+4.992 personas) y el tiempo de espera también (+16 días).
Mientras cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia (SAAD) en 19 años, un millón han fallecido en las listas de espera.
A esto se suma la falta de transparencia, ya que no se publican datos cruciales como las solicitudes sin grabar, las revisiones pendientes, las personas con solicitud de residencia o los ingresos del copago.
Crecimiento económico y cohesión social
Ramírez Navarro argumentó que el crecimiento de la economía española debe ser una oportunidad para avanzar en la cohesión social y mejorar los cuidados, lo cual no es solo una cuestión de justicia social, sino la base para el desarrollo económico. Recordó que los cuidados son uno de los sectores con mayor proyección, capaces de generar empleo no deslocalizable.
El presidente señaló con preocupación que, desde 2020 (la pandemia), el crecimiento económico no ha ido de la mano de la inversión en cohesión social, lo que ha provocado una reducción del porcentaje del PIB dedicado a servicios sociales por parte de las administraciones públicas, pasando del 1,88% al 1,76% en 2023. Este "abandono de las personas más necesitadas" deslegitima los discursos políticos. Por ello, instó a las administraciones a comprometerse a alcanzar el 2% del PIB en inversión en servicios sociales.
Una muestra de sensibilidad administrativa
El representante de los Directores y Gerentes solicitó una medida de sensibilidad sin coste económico: que las ayudas de emergencia social de las entidades locales dejen de tener la consideración de "subvención".
Argumentó que no hay motivos para mantener esta catalogación, ya que estas ayudas de baja cuantía (272 euros al año de media) no suponen un mayor gasto ni añaden un control superior al ya ejercido por los trabajadores sociales. Por el contrario, incrementan la carga de gestión innecesariamente y obligan a pasar por trámites largos y crueles para ayudas destinadas a comprar alimentos o pagar alquileres, que son de "urgente necesidad".
Ramírez Navarro también instó a los parlamentarios a mostrar "sensibilidad social" con una medida de coste cero que podría aliviar el sufrimiento de las familias más vulnerables. El presidente propuso añadir un nuevo apartado al artículo 2 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre). El objetivo es excluir del concepto legal de "subvención" las ayudas económicas puntuales que otorgan los ayuntamientos a personas y familias en situación de urgente necesidad. Al considerarse actualmente subvenciones, estas prestaciones se ven obligadas a pasar por los largos y complejos trámites de la ley, lo que implica un control exhaustivo por parte de la Intervención y una excesiva carga de gestión municipal.
El responsable de la ADyGSS calificó de "auténtica crueldad" el sometimiento a esta burocracia, dado que estas prestaciones son de muy baja cuantía (una media de 272 euros al año) y están destinadas a necesidades básicas inaplazables, como la compra de alimentos, pañales o el pago de alquiler. Según Ramírez Navarro, estas ayudas ya cuentan con el control y la prescripción de los trabajadores sociales municipales. Por ello, la inclusión de la "letra j" al artículo 2 funcionaría como la llave legislativa para desburocratizar estos procesos, permitiendo que la tramitación de las ayudas de emergencia sea mucho más ágil y directa.
Propuestas para la implementación de la Ley de Dependencia
El presidente señaló que, a pesar de los avances logrados por la Ley, la dependencia es un "derecho pendiente" tras casi 19 años, debido principalmente a la falta de financiación suficiente y a la desigualdad en la gestión autonómica. El resultado es un sistema "low cost" ineficaz debido a la burocracia, las escasas cuantías y la baja intensidad de los servicios.
Señaló que, mientras se congela la financiación del SAAD, se propone una reforma de la Ley "sin recursos para su efectividad", tachándolo de "DERECHOS DE PAPEL".
A continuación, se resumen las 25 propuestas de la Asociación para la mejora de la atención a la dependencia:
Cumplimiento de Obligaciones de Financiación
Aumentar la inversión en el SAAD para alcanzar los estándares europeos (actualmente 0,8% del PIB, la mitad que la media UE). Se requieren 1.000 millones de euros adicionales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para comenzar a cumplir la obligación legal del Estado de aportar el 50% del gasto público, vinculando esto al compromiso autonómico de no ahorrar, sino de mejorar prestaciones y servicios. Incrementar las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado.
En Relación con las Prestaciones y Servicios
Revalorizar la labor de cuidados, equiparando los salarios de los profesionales del sistema de dependencia con los del sistema sanitario y mejorando la calidad del empleo e incrementando las ratios de personal (según el Acuerdo de julio de 2022, aún sin aplicar).
Ofrecer servicios "a la carta", adaptados a la persona, siendo todas las prestaciones y servicios compatibles, y paralizando el carácter low cost del sistema.
Fomentar la Innovación tecnológica (domótica, robótica, etc.) para mantener a las personas en su entorno habitual el mayor tiempo posible.
Universalizar la teleasistencia como prestación complementaria para todas las personas dependientes que vivan en su domicilio, ya que el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con ella, y es "absolutamente vergonzoso" que sea la única prestación para 63.356 personas.
Ofrecer servicios de transporte adaptado para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de promoción de la autonomía o cuidados diurnos.
Permitir que los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal puedan prestarse a domicilio en zonas rurales.
Incrementar la cuantía de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) para quienes contraten a un cuidador a media o jornada completa.
Recuperar el derecho de las personas cuidadoras familiares a darse de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de la Seguridad Social.
Reforma urgente de las normativas de residencias para convertirlas en plataformas de servicio para su entorno (barrio, pueblo o comarca), ofreciendo servicios a la carta (rehabilitación, comedor, etc.) de forma ambulatoria.
Desarrollar modelos alternativos de residencia (apartamentos o viviendas con servicios) que permitan a las personas de entornos rurales seguir viviendo en su localidad.
Desarrollar una Prestación Económica Vinculada al Servicio Residencial (PEVS) con cuantía suficiente para que la persona pueda elegir centro, independientemente de su situación económica (actualmente, 35.000 personas están pendientes de un PIA para residencias). La cuantía debería ser la diferencia entre los ingresos y el coste actual de una plaza concertada, exigiendo a los centros privados las mismas condiciones de calidad.
Proponer una reforma para una Prestación Vinculada "a servicios" y no a un único servicio, lo que haría la prestación "centrada en la persona" y evitaría "procesos farragosos y prolongados de cambio de PIA".
Promover la figura del Asistente Personal de acuerdo con las necesidades de quienes la soliciten.
Revisar y proponer criterios comunes sobre las aportaciones de las personas usuarias (copagos).
Para Agilizar el Procedimiento
Desarrollar un plan específico para la reducción de las listas de espera hasta la plena atención.
Determinar que el acceso a recursos personalizados sea a través de un Proyecto Individual de Atención (PIA) basado en la actuación orientadora y prescriptora profesional.
Utilizar de manera generalizada la vía de la jurisdicción social para las cuestiones litigiosas relativas a la LAPAD, un derecho garantizado desde 2023.
Simplificar la documentación y permitir que todo el personal de Servicios Sociales acceda a la información (IRPF, INSS, Catastro, etc.) aprovechando la autorización del solicitante.
Incorporar directamente el informe médico o de salud al expediente de solicitud de valoración a través de una plataforma informática de gestión.
Unificar el procedimiento de valoración y PIA en un solo acto administrativo, reforzando y formando a las plantillas de profesionales.
Para Mejorar la Coordinación
Lograr una mayor participación de las entidades locales en todos los procesos del SAAD, e integrar los servicios de proximidad en los servicios sociales locales.
Conectar las plataformas de la dependencia con la de atención primaria para evitar duplicar el trabajo de los profesionales.
Proponer estrategias de coordinación entre servicios sociales y sanitarios.
Evaluar el impacto negativo de género que tiene la feminización de los cuidados cuando estos no son resultado de una libre elección.
Análisis de la Memoria de Impacto Normativo y denuncia de opacidad
José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADyGSS), continuó su comparecencia ante el Congreso de los Diputados centrando su crítica en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del anteproyecto de ley, específicamente en lo relativo a la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD).
La ADyGSS cuestionó la base económica de la propuesta, argumentando que sin una financiación real y sostenida, los nuevos derechos y avances serán insuficientes.
Impacto económico y presupuestario
El presidente de la ADYGSS realizó las siguientes cuatro aportaciones sobre el impacto económico del anteproyecto:
Aumento del nivel mínimo de protección: Dado que la propia memoria de impacto reconoce que "el sistema requiere más financiación" y el SAAD no satisface las necesidades existentes, la asociación propuso incluir una disposición que incremente las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado (AGE) para cada persona beneficiaria.
Impacto en la incompatibilidad de servicios: La asociación no comparte la afirmación de que la supresión del régimen de incompatibilidades tendrá un impacto presupuestario nulo para la AGE y que no tendrá repercusiones automáticas en el gasto autonómico. Advirtió que este "impacto 0" solo sería posible si las compatibilidades se realizan a costa de aumentar las listas de espera o de agudizar el carácter low cost de las prestaciones y servicios.
Derechos de cuidadores no profesionales y su impacto: La ADyGSS coincide plenamente con la modificación prevista en el artículo 4 bis, que garantiza el derecho de las personas cuidadoras no profesionales a "recibir apoyo, asesoramiento, seguimiento y formación, así como las medidas necesarias para facilitar su conciliación de la vida personal, familiar y laboral". Sin embargo, discrepa de la ausencia de impacto económico que le atribuye el anteproyecto. El presidente recordó que esta prestación afecta a 636.030 personas dependientes y a un número igual de cuidadoras no profesionales, lo que implica un refuerzo indispensable de los Servicios Sociales Comunitarios de Base y la compatibilidad de la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para facilitar la conciliación.
Nueva redacción a la Disposición Transitoria Primera de la LAPAD: La ADyGSS estima que las mejoras de calidad, intensidad y compatibilidad contenidas en el anteproyecto supondrán un aumento considerable del gasto público. Aunque la financiación del Plan de Choque (2021-2023) mejoró sensiblemente el sistema con aportaciones extraordinarias de la AGE, es imprescindible que este impulso económico continúe para consolidar el sistema y corregir las limitaciones de los servicios domiciliarios.
Propuesta de nueva Disposición Transitoria
Para subsanar el déficit arrastrado desde 2012 —cuando las medidas del Real Decreto Ley 20/2012 paralizaron la financiación progresiva— y culminar el proceso de consolidación, la ADyGSS propuso recuperar el mecanismo progresivo de financiación a través de una nueva Disposición Transitoria Primera con un periodo extraordinario de cuatro años:
Disposición Transitoria Primera. Propone que, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, la AGE establezca anualmente créditos presupuestarios para celebrar convenios con las comunidades autónomas (CC.AA.). El objetivo es que las aportaciones de la AGE y las CC.AA. sean iguales en cada año hasta que se alcance el objetivo de equiparar la aportación estatal con la autonómica.
Transparencia y opacidad
Ramírez Navarro elevó una denuncia directa sobre la "falta de transparencia y la opacidad del Ministerio de Derechos Sociales". Señaló que el ministerio sigue sin hacer públicos datos esenciales (solicitudes y revisiones pendientes, PIA pendientes de residencias) y que toma medidas para "dificultar el acceso a la información y poder manipular las estadísticas".
Afirmó que, si bien las competencias exclusivas son autonómicas, la Administración central tiene la responsabilidad de coordinar y mantener un sistema de información que asegure la transparencia. Sin embargo, la información actual es:
Tardía: Algunos datos tienen más de dos años de antigüedad y no reflejan la situación real.
No es de calidad: Existen datos que, a su juicio, "no se corresponden a la realidad".
Es contradictoria: Organismos del mismo sistema (como el Imserso) ofrecen informes con datos diferentes sobre un mismo tema (ej. plazas residenciales).
Incompleta: Señaló la inexistencia de estadísticas oficiales sobre plazas residenciales, diurnas u ocupacionales para personas con discapacidad o sobre plazas de acogida para víctimas de violencia de género, cuestionando cómo un "Estado social" puede planificar sus servicios básicos sin esta información.
Como ejemplo de la falta de rigor institucional, el presidente mencionó que es una entidad sin ánimo de lucro (la ADyGSS, a través del Índice DEC) la que publica estos datos solicitándolos directamente a las CC.AA.
La propuesta de la asociación fue que se apruebe una moción exigiendo al Ministerio de Derechos Sociales que apruebe un plan de estadísticas de servicios sociales en el marco del plan estadístico nacional, que unifique, dé calidad, rigor y publique toda la información.
"Derechos de papel"
Ramírez Navarro concluyó que, sin un incremento de financiación, los nuevos derechos que propone la reforma de la ley quedarán en "papel mojado" y "pura cosmética del Sistema", generando únicamente "falsas expectativas".
Insistió en que la reforma es contradictoria, pues propone reforzar la atención en los domicilios, pero la intensidad media sigue siendo de una hora diaria (34 horas mensuales), y apenas dos horas (62 horas mensuales) para los grandes dependientes (grado III). Enfatizó que dos horas diarias son insuficientes para permitir la conciliación laboral o el descanso de los familiares, recayendo la inmensa mayoría de estos cuidados en mujeres (tres de cada cuatro cuidadoras).
Reiteró que, en derechos sociales, "las normas, si no llevan aparejada una memoria presupuestaria y los consiguientes compromisos de financiación, son papel mojado". Finalizó pidiendo a los grupos parlamentarios que pongan la Dependencia en la agenda pública como un asunto de Estado y que promuevan y respeten los derechos humanos, base fundamental de los servicios sociales.
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