AESTE valora positivamente el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal, pero pide un diálogo efectivo para garantizar un sistema sostenible.
Tras la aprobación en Consejo de Ministros, el pasado martes 15 de julio, del anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) considera que, si bien la adaptación de la actual normativa era necesaria, el nuevo texto resulta muy ambicioso, al reconocer nuevos derechos y ampliar los servicios existentes. No obstante, la organización manifiesta su inquietud respecto a la viabilidad de la propuesta, el modelo de financiación planteado y las consecuencias que podrían derivarse en términos de pérdida de profesionalización del sector y efectos negativos desde una perspectiva de género.
Entre los aspectos que AESTE valora positivamente se encuentra el reconocimiento de los servicios sociales como esenciales, así como la consideración de la teleasistencia como un derecho subjetivo para quienes se encuentran en situación de dependencia, en tanto que complemento a otros servicios. Del mismo modo, se destaca la incorporación de nuevas prestaciones, como la entrega de productos de apoyo para fomentar la autonomía personal, junto con el impulso a la investigación, la innovación y la experimentación en el ámbito social.
Preocupación por el futuro del modelo profesional y el impacto en la igualdad
A pesar de estos avances, AESTE subraya su preocupación por la indefinición en torno a la aplicación de la norma y a determinados servicios incluidos en el texto, como la asistencia personal o los apoyos en viviendas. Desde la entidad se advierte que “el texto puede generar expectativas a los ciudadanos, a las que luego las distintas CCAA no puedan dar respuesta, al menos a corto y medio plazo; no olvidemos que estamos hablando de reconocimiento de derechos”. Por ello, consideran imprescindible que se garantice la preparación de las comunidades autónomas para implementar estos servicios con estándares adecuados de calidad e intensidad, y con los correspondientes certificados desarrollados.
Asimismo, AESTE expresa dudas respecto a algunas de las nuevas modalidades de atención previstas en el anteproyecto. Se apunta al riesgo de que estas vías generen una desprofesionalización de los cuidados, con un impacto especialmente acusado en términos de género. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 80 % de las excedencias y permisos por cuidado siguen recayendo sobre mujeres, por lo que una normativa que fomente los cuidados no profesionales podría intensificar desigualdades ya existentes.
En este contexto, la organización advierte del riesgo de que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pierdan su carácter excepcional, algo que ya se está observando en algunas comunidades autónomas. La ampliación de estas ayudas al entorno relacional de la persona dependiente, tal como se contempla en el texto legal, podría derivar en una atención no especializada, lo que supondría una pérdida de calidad en los cuidados y un retroceso frente al objetivo de consolidar servicios profesionalizados.
Una reforma necesaria que debe garantizar la sostenibilidad del sistema
Desde AESTE lamentan que el proceso de elaboración del anteproyecto no haya incluido un espacio real de diálogo con los agentes del sector. A pesar de que se han cumplido los trámites formales de consulta, consideran que ha faltado una búsqueda efectiva de consenso con los actores implicados. En este sentido, reclaman una coordinación adecuada que permita avanzar hacia un sistema sostenible y con una cobertura real y suficiente para todas las personas en situación de dependencia.
Reconocen que, tras casi veinte años desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006, resultaba necesario actualizar el marco normativo para responder a los retos sociales y demográficos actuales. Propuestas como el fomento de la autonomía personal o el refuerzo de medidas que faciliten la permanencia en el domicilio durante más tiempo son bien valoradas por AESTE como parte de esa evolución.
No obstante, insisten en que, para que este modelo sea efectivo y equitativo, es indispensable que se garantice una atención suficiente y basada en cuidados profesionales, de calidad y con la intensidad adecuada. En ningún caso, apuntan, se debería trasladar la carga del cuidado a personas no profesionales ni fomentar la estigmatización de otros recursos clave, como los servicios residenciales, que seguirán siendo imprescindibles dentro del sistema.
La implementación de esta ley, concluyen desde AESTE, debe realizarse con responsabilidad, reforzando la profesionalización del sector y asegurando la sostenibilidad del modelo de cuidados, con el objetivo de consolidar unos servicios y prestaciones que respondan con solvencia a las necesidades presentes y futuras de la población dependiente.
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