Tras más de dieciséis años en funcionamiento, empezamos en Inforesidencias una nueva singladura con la puesta en marcha de Negocios y Gestión de la Dependencia para lo que nos hemos aliado con un importante equipo de profesionales.
Realizamos el lanzamiento en un momento realmente interesante en el sector geroasistencial en el que vuelven a estar de actualidad algunas cuestiones que ya nos habían ocupado hace años y parece que todavía no hemos sido capaces de resolver.
En los últimos meses se está volviendo a plantear una pregunta, a mi entender bastante estéril, ¿cuál es la naturaleza jurídica más adecuada para que una entidad preste servicios a personas mayores dependientes?, o dicho de otra forma, ¿es mejor que sean entidades sin ánimo de lucro en vez de empresas quienes presten esos servicios cuando los financie la administración?
Yo creía que lo mejor era que se garantizase un servicio de calidad a todo aquél que tenga el derecho a recibirlo y que lo preste quien lo haga mejor a un precio más competitivo (sea una administración, una empresa, una fundación o cualquier otra organización).
Para saber quién lo “hace mejor” necesitamos tener unos indicadores claros, el compromiso de examinar de forma igual a todos los prestadores y el de ser transparentes publicando de forma sistemática el resultado de esas evaluaciones y del coste que asume el erario público por cada tipo de estancia.
Si hiciésemos ese ejercicio podríamos decir “atender a una persona mayor con gran dependencia en la residencia X, pública gestionada por la administración, cuesta tantos euros al mes con un nivel calidad de atención X”. Comparando los costes y nivel de calidad resultantes en cada tipo de gestión, podríamos llegar a conclusiones y tomar decisiones fundamentadas.
Por desgracia, parecemos seguir encallados en un dogmatismo injustificado que defiende sin demostración empírica que es mejor que los servicios los preste directamente la administración o entidades sin ánimo de lucro.
Ahora, la directiva Europea 2014/24/UE, la inacción durante dos años del gobierno de España y la diferente trasposición que están realizando las comunidades autónomas, vuelve a poner de moda la discusión. Los ilusos entendíamos que la función de las normativas europeas era crear un sistema homogéneo y común en todos los estados miembros. Ahora resulta que lo que puede conseguir esa directiva es que en España acabe habiendo diecisiete sistemas diferentes de “concertación social” en el que cada uno asignará un papel diferente a la iniciativa mercantil y a la “sin ánimo de lucro”.
Parece un tema baladí pero no lo es.
Hoy día vivimos una situación demográfica peculiar que nos obliga a tomar decisiones audaces de las que depende el bienestar de muchas personas.
Durante unos años vamos a notar que “faltan algunos mayores”. Son los “no nacidos” durante la guerra civil que ahora estarían cumpliendo ochenta años y reclamando sus derechos. Lo cierto es que su ausencia supone menos gasto, pero cuando empiecen a llegar a ser octogenarios los que ahora tienen setenta, la necesidad de atención subirá de forma espectacular.
Entonces es posible que tengamos que buscar dinero debajo de las piedras y nos maldigamos por haber perdido tanto el tiempo en discusiones inútiles.
Ahora es el momento en que los poderes públicos deben valorar que tenemos un sector geroasistencial diverso (empresas, fundaciones, órdenes religiosas), bastante complementario con la administración y distribuido por toda España. Si queremos dar una cobertura con calidad a todos los que la van a precisar vamos a necesitar a todos los que ahora trabajan bien y a unos cuantos más. Por eso, deberíamos intentar crear ya un marco estable que permita determinar claramente cuánto podemos gastar y qué queremos.
Lo intentamos con la Ley de Dependencia y no salió bien. Volvamos a intentarlo.
Nuestro compromiso es que éste sea un medio en el que contrastar conocimiento y experiencias por lo que me permito invitar a todos los que quieran compartir ideas, que nos las envíe.
Bienvenidos a Negocios y Gestión de la Dependencia.
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