Defienden que los menús actuales ya cumplen con los estándares normativos y se ajustan a las necesidades, gustos y condiciones específicas de los usuarios.
Las principales patronales del sector de la atención a la Dependencia —FED, AESTE, Lares y CEAPS— han manifestado su preocupación y rechazo ante el anuncio del Ministerio de Derechos Sociales de regular, mediante decreto, la composición nutricional de los menús en residencias y otros servicios de atención a personas mayores. Coinciden en criticar que la medida se haya planteado sin diálogo previo ni participación del sector, a pesar de tratarse de un aspecto tan sensible y técnico como la alimentación.
Todas ellas subrayan la necesidad de un enfoque profesional, individualizado y adaptado a las realidades de los centros y de las personas atendidas, pero, en conjunto, las organizaciones reclaman respeto, diálogo real con el sector y una planificación centrada en garantizar la viabilidad del sistema y el bienestar de las personas mayores.
Las tres entidades defienden que los menús actuales ya cumplen con los estándares normativos y se ajustan a las necesidades, gustos y condiciones específicas de los usuarios, teniendo en cuenta además la dimensión cultural y emocional de la alimentación.
FED y AESTE alertan de que este tipo de anuncios pueden generar una alarma injustificada y trasladar una imagen estigmatizadora del trabajo que se realiza en los centros. También advierten de que decisiones como restringir el uso de determinados productos, como los congelados, reflejan un desconocimiento técnico y pueden afectar negativamente a la gestión eficiente de los recursos.
Por otro lado, las patronales remarcan que esta medida se suma a una acumulación de normativas que llegan sin financiación adicional, lo que tensiona aún más la sostenibilidad económica del sistema. CEAPS, aunque valora positivamente que se regulen ciertos aspectos básicos de la alimentación como parte de la calidad asistencial, insiste en que hubiera sido preferible alcanzar un consenso, especialmente en una medida que repercute directamente en los costes asumidos por usuarios y familias.
FED: "La alimentación en residencias no debe convertirse en un instrumento ideológico"
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha manifestado su rechazo frontal al anuncio del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sobre una posible regulación estatal de los menús en hospitales y residencias. La patronal critica que esta medida se haya presentado sin consulta previa al sector, lo que consideran una muestra más de la política de imposición del Gobierno en el ámbito de la atención a la dependencia.
Desde la FED denuncian que esta propuesta ignora las competencias de las comunidades autónomas, así como la diversidad de los centros y las necesidades individuales de las personas atendidas. A su juicio, la alimentación de mayores y dependientes requiere un enfoque personalizado, técnico y profesional, y no una solución centralizada y uniforme dictada desde un despacho en Madrid. Subrayan que los menús actuales ya cumplen con criterios nutricionales y se adaptan a los gustos y condiciones médicas de los residentes.
El comunicado también advierte del peligro de generar una alarma social infundada en torno a la calidad de la comida en las residencias. En concreto, critican que se cuestione el uso de productos congelados, cuando estos permiten una gestión eficiente, segura y sostenible, ayudando a reducir el desperdicio alimentario sin comprometer la calidad.
La patronal enmarca esta iniciativa en una estrategia gubernamental más amplia de reforma del sistema de atención, que consideran unilateral, ajena al conocimiento del sector y desconectada de sus verdaderos problemas: falta de financiación, déficit de más de 130.000 profesionales, infraestructuras obsoletas, carencia de un modelo estable de concertación y ausencia de coordinación sociosanitaria.
Asimismo, la FED advierte que imponer menús estandarizados sin financiación añadida puede comprometer la sostenibilidad económica de muchas residencias, ya de por sí sometidas a grandes tensiones presupuestarias. En este contexto, reclaman menos normas y más recursos, más personal y más colaboración institucional.
Por todo ello, exigen al Ministerio que retire esta iniciativa, abra un proceso de diálogo real con las entidades del sector, base sus decisiones en el conocimiento técnico y respete la dignidad y libertad de elección de los mayores. La alimentación en residencias, concluyen, no debe convertirse en un instrumento ideológico, sino abordarse con profesionalidad, realismo y respeto a quienes trabajan en este ámbito cada día.
AESTE: "Generar dudas sobre la calidad de la alimentación puede transmitir una imagen injusta o estigmatizadora"
Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha defendido que la alimentación en las residencias de personas mayores es una cuestión esencial que requiere tanto rigor como sensibilidad. Según esta patronal, los centros ya cumplen con la normativa vigente y garantizan una alimentación saludable, equilibrada y adaptada a las necesidades individuales de cada residente.
AESTE ha expresado su preocupación ante el impacto que pueden tener ciertos anuncios públicos, como el realizado recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, en la percepción social del trabajo que se realiza en las residencias. Considera que generar dudas sobre la calidad de la alimentación puede transmitir una imagen injusta o estigmatizadora de los centros, cuando en realidad —afirman— se trabaja desde hace años con profesionalidad y compromiso.
La organización destaca que la alimentación en residencias no solo responde a criterios nutricionales, sino que también tiene una dimensión emocional y cultural. Por ello, insisten en que cualquier futura regulación debe seguir permitiendo atender los gustos, costumbres y preferencias de las personas mayores, en línea con un modelo de atención centrado en la persona.
AESTE rechaza la necesidad de una nueva normativa en este ámbito, especialmente si se plantea de forma unilateral y sin haber contado con el sector. A su juicio, legislar sin la participación de los profesionales que conocen el día a día de las residencias es un error grave, que puede conducir a medidas ineficaces y desconectadas de la realidad.
Además, la patronal advierte de que se está produciendo una acumulación de normativas que no van acompañadas de financiación adecuada, lo que está tensionando la sostenibilidad de los centros y poniendo en riesgo la continuidad de unos servicios fundamentales para miles de personas en situación de dependencia.
En este contexto, AESTE ha emplazado al ministro de Derechos Sociales a centrar los esfuerzos en lo realmente urgente: asegurar una financiación suficiente y estable para el sistema de cuidados, proporcionar seguridad jurídica al sector y establecer un diálogo real y constructivo con quienes lo integran.
La patronal concluye reiterando su disposición a colaborar, al tiempo que reclama que se escuche y valore el trabajo que ya se está realizando con responsabilidad y profesionalidad en los centros.
CEAPS: "Consenso en medidas que inciden directamente en el coste que tienen que sufragar usuarios y familias"
Igualmente, El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) ha reiterado su compromiso con la mejora de la calidad asistencial en todos los ámbitos de atención —residencial, diurna y domiciliaria—, destacando que la alimentación constituye un componente fundamental dentro de esa calidad. En este sentido, la organización considera adecuado que se establezcan unos criterios básicos que regulen aspectos clave relacionados con la alimentación, incluida su elaboración y dispensación, entendidos como parte esencial de la atención a las personas.
No obstante, desde CEAPS también han manifestado que habrían preferido que una medida de este tipo —con impacto directo en el coste que asumen tanto los usuarios como sus familias— se hubiera adoptado desde el consenso y el diálogo con el sector: "Nos hubiese gustado tener un consenso en este tipo de medidas que inciden directamente en el coste que tienen que sufragar usuarios y familias en servicios tanto residenciales como diurnos como domiciliarios".
Lares: "Fundamental contar con recursos adecuados para su implementación efectiva y sostenible"
Desde Lares, como entidad comprometida con la mejora continua de la atención y el bienestar de las personas mayores y en situación de dependencia, consideran que una alimentación saludable, equilibrada, adaptada y digna es un derecho básico que debe estar garantizado en cualquier contexto de atención. Entienden que "establecer criterios comunes a nivel estatal puede contribuir a reducir desigualdades territoriales, prevenir la malnutrición y fomentar hábitos saludables en todas las etapas del envejecimiento".
"En Lares llevamos años trabajando para situar la nutrición como un eje central de nuestro modelo de atención. Prueba de ello es nuestro proyecto actualmente en marcha: 'Modelo de nutrición y hábitos saludables: promoviendo la salud y el envejecimiento activo desde un modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona con perspectiva de género', financiado por el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este proyecto promueve un enfoque multidimensional que integra la alimentación con la salud, el bienestar emocional, la participación activa de la persona usuaria y la equidad de género en los cuidados", explican desde la patronal del sector solidario.
No obstante, desde la red de centros y servicios del Tercer Sector, Lares reivindica que "cualquier nueva normativa debe construirse en diálogo con las entidades que están sobre el terreno, considerando la diversidad de modelos de gestión, los perfiles de las personas atendidas y las realidades socioeconómicas de cada territorio". "Asimismo, -añaden- será fundamental contar con recursos adecuados para su implementación efectiva y sostenible".
En Lares están dispuestas a colaborar activamente con la Administración Pública en el diseño y aplicación de medidas que garanticen una alimentación digna, saludable y centrada en la persona, como parte esencial de un sistema de cuidados más humano y justo.
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