Transformación de la residencia Las Marismas en unidades de convivencia

Nota del autor: ¿Alguien se anima a hacer un análisis mucho más detallado de lo que podría suponer llevar a cabo un cambio como el que se describe en el caso?

En la residencia Las Marismas, de la que, por cierto, eres directora, estáis razonablemente contentos con cómo funciona el centro. Aunque el diseño arquitectónico tiene algo más de veinte años, hasta ahora ni los residentes ni los familiares o trabajadores habían puesto pegas al mismo. Pero en los últimos tiempos tenéis dudas. Los propietarios te han dicho que si construyesen ahora una residencia no seguirían el mismo modelo sino que se adaptarían a "cosas más escandinavas". Como tú has asistido a uno de los viajes geroasistenciales de Inforesidencias y has conocido en primera persona varias residencias diseñadas en unidades de convivencia, sabes a qué se refieren.

Por supuesto, una cosa es construir de nuevo una residencia, otra adaptar una existente. Los propietarios te han pedido que les ayudes a tomar una decisión y te han propuesto redactar un pequeño informe sobre lo que supondría adaptar el centro al nuevo modelo de atención centrado en la persona, concretamente, transformarlo en unidades de convivencia conforme a los criterios del Acuerdo Belarra.

Actualmente, la residencia cuenta con 100 plazas distribuidas en una superficie construida de 3.600 m². La organización del espacio se reparte en una planta baja con los comedores, salas de convivencia y espacios para actividades; tres plantas superiores dedicadas a dormitorios, con capacidades de 40, 30 y 30 plazas respectivamente; y un semisótano que alberga los servicios generales como cocina, lavandería y almacenes. La mayoría de habitaciones son dobles, y muchas comparten un baño completo entre dos.

El Acuerdo Belarra, que busca un modelo más personalizado y hogareño, propone que las residencias funcionen mediante unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con espacios comunes como sala de estar, comedor y una pequeña cocina. Además, exige que cada habitación tenga baño propio y que en los nuevos centros al menos el 65% de las habitaciones sean individuales. En centros existentes se admite cierta flexibilidad, pero siempre con una transición hacia este modelo.

Esto implica cambios estructurales y organizativos importantes. Según algunos informes técnicos y experiencias previas en centros de características similares (como los compartidos en jornadas organizadas por asociaciones sectoriales y entidades como Inforesidencias), reformar una residencia para adaptarse a este modelo puede suponer un coste que puede rondar los 30.000 por plaza, dependiendo del grado de intervención, la antigüedad del edificio y los acabados elegidos.

En el caso de Las Marismas, eso supondría una inversión total de unos 3 millones de Euros, sin contar que al hacer obras es posible que haya que aplicar nuevas normativas sobre incendios, aislamiento, instalaciones o accesibilidad que hagan que el precio suba aún más introduciendo además un factor de incógnita. Por otro lado existe la posibilidad de obtener algunas ayudas r de fondos europeos, como los Next Generation, o subvenciones autonómicas, pero se trata de posibilidades más que de seguridades y el esfuerzo económico no deja de ser considerable.

Ante este panorama, has planteado tres escenarios posibles:

Escenario A: Reforma integral con reducción de plazas y cierre temporal

Este sería el camino más ambicioso. Implicaría redistribuir completamente el edificio en unidades de convivencia personas. La mayor parte de habitaciones dobles se convertirían en individuales, se reformarían todos los baños y se habilitarían zonas comunes dentro de cada unidad. La planta baja pasaría a ser también una unidad de convivencia.

La imposibilidad de crear dos unidades por planta supondría tener que habilitar unidades más grandes que las previstas al Acuerdo Belarra, se crearían dos unidades de 18 plazas y dos de 19 por lo que la capacidad total de 74 plazas. El coste se estimaría en torno a 4,5 millones de euros y las obras durarían entre 18 y 24 meses. Durante este tiempo habría que reubicar temporalmente a algunos residentes.

El resultado, sin embargo, sería una residencia bastante alineada con los nuevos estándares, más confortable, más personalizada y, en principio con mejores condiciones laborales para el personal. La gran incógnita que proyecta este escenario es cuál será la cuenta de resultados después de las obras. Aunque se reduzca el número de plazas, no se podrá reducir el de trabajadores, ya que el funcionamiento por unidades requiere más personal.

¿Estarán dispuestos los residentes o las administraciones a pagar más por los servicios que ofrezca la nueva residencia? ¿Permitirá recuperar la inversión y mantener la viabilidad? Esa es la gran duda de esta opción.

Escenario B: Reforma parcial: una parte en unidades de convivencia

Una opción menos disruptiva sería intervenir en partes de la residencia. Dos plantas de dormitorios perderían tres dormitorios dobles cada una que se convertirían en espacios de convivencia para que pudiesen funcionar de forma autónoma como unidades de 24 plazas, la planta de 40 plazas seguiría funcionando como hasta ahora y se transformarían dos espacios de la planta baja obteniendo tres habitaciones dobles y dos individuales con baño que compartirían espacios con los usuarios de la planta no transformada.

Al final el centro dispondría de 94 plazas parcialmente distribuidas en unidades de convivencia. El centro siga operativo durante todo el proceso. El coste bajaría a unos 2,5 millones de euros y las obras se extenderían a lo largo de unos 30 meses. La mayor duda es si vale la pena hacer esta transformación si no se llegará a cumplir los requisitos del acuerdo Belarra, aunque sí se acerque el funcionamiento a los que exige la ACP.

Otra duda es si los usuarios valorarían el cambio pagando más por el servicio.

Escenario C: Intervención mínima con reorganización funcional

Finalmente, una tercera vía, mucho más modesta en lo económico pero también limitada en impacto, sería reorganizar los espacios sin grandes obras. Se trataría de dividir los espacios comunes de la planta baja en salas diferenciadas, con una decoración más doméstica de forma que, aunque los residentes durmiesen en las plantas superiores sin cambios, pasasen el día en seis grupos (dos de 17 personas y cuatro de 16).

Esto incluiría reubicar a los residentes por afinidad, redecorar ambientes, instalar pequeñas cocinas en cada espacio y asignar cuidadores diferenciados a cada grupo. Se intentaría bajar el máximo de espacios al semi-sótano para dejar el mayor número de metros cuadrados en la planta baja para espacios de convivencia. El coste rondaría los 200.000 euros y la implementación podría hacerse en cuatro-seis meses.

Es una solución parcial, que no cumple con todos los requisitos del Acuerdo, pero que mejora significativamente la calidad del ambiente sin afectar a la estructura del centro.

Aquí tienes un pequeño resumen comparativo:

La pregunta ahora no es solo qué se puede hacer, sino qué se quiere hacer. ¿Está la entidad dispuesta a perder plazas para ganar calidad? ¿Es viable económicamente asumir una inversión tan alta? ¿Qué impacto tendría cada opción en el bienestar de los residentes y en la motivación del personal?

Como directora, te toca ahora iniciar una reflexión con el equipo y los propietarios. ¿Qué encaja mejor con los valores de la residencia? ¿Qué esperan los familiares? ¿Hay un camino intermedio aún por definir? ¿Después de pensarlo, no es mejor quedarse como se está?

El contexto en el que se produce este pensamiento es uno en el que la residencia está llena, con lista de espera pública y privada, con una preocupación mayor por encontrar trabajadores que por captar nuevos usuarios.

¿Qué harías tú? ¿Qué propondrías a los propietarios? ¿Y si tú fueses uno de esos propietarios?

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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