El Govern frena el proceso de acreditación, ya que un 20% de las plazas públicas estaría en riesgo.
El presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD), Andrés Rueda, advertía recientemente en Dependencia.info que "la acreditación de centros debe basarse en la calidad más que en centímetros y no puede quedar ni un solo dependiente en el camino". La propia asociación apuntaba en verano que "el empecinamiento" de la Conselleria de Drets Socials con este proceso de acreditación de centros en Catalunya de esta "forma tan disruptiva" tenía pinta de ser "foco de conflictos".
Ahora sabemos que la continuidad de un 20% de las plazas públicas en centros de día y residencias de personas mayores se ve amenazada por la medida y que, pese a que se les otorga un año para realizar las adaptaciones necesarias, la Generalitat ha pospuesto este examen a las residencias más antiguas de Catalunya para que no afecte a las listas de espera.
Así, el proceso de acreditación de los servicios sociales, que había comenzado con el anterior Govern, ha sido paralizado ahora por la nueva Conselleria de Drets Socials del equipo del president Salvador Illa. Esta decisión pone en peligro la continuidad de unas 12.000 plazas, según ASCAD, que se financian con ayudas públicas.
La consellera Mònica Martinez-Bravo ha anunciado en una entrevista en EL PERIÓDICO que esta decisión se ha tomado para evitar que crezca la lista de espera en las residencias. En particular, destaca que el Govern ha otorgado un año de margen para que los geriátricos puedan ajustarse a nuevas medidas "más flexibles sin comprometer la calidad".
"No cambia nada"
Ignasi Freixa, presidente de UPIMIR, es tajante con la noticia: "No hay ningún cambio. El horizonte es el mismo. La noticia dice que da un año, pero es lo que ya sabíamos. Sabemos por el anterior Gobierno que la Ley 2/2023 dice que en octubre de 2025 todas las plazas de colaboración se extinguen. Con lo que dicen ahora, no cambia nada. Es el margen ya existente".
Sobre el hecho de que se van a poner nuevas medidas, el responsable de la patronal Unió de Petites i Mitjanes Residències opina: "Hasta que no vea qué medidas van a ser no puedo decir nada, porque el anterior Gobierno decía que iban a flexibilizar, pero un cambio de una habitación de 12 metros a 11,5 no es flexibilizar, es no hacer nada; o que la puerta, en vez de hacer 90 que haga 88, eso es no hacer nada".
Freixa concluye: "Estamos en las mismas, hasta que no veamos concreción, hasta que no veamos medidas concretas, todo esto son palabras. Hasta que no veamos 'qué' no se puede hacer una valoración".
El presidente de ASCAD, Andrés Rueda, insiste este lunes a Dependencia.info que "de momento hay mucho más de un 20% de afectados por el decreto de acreditación, ya que todas las residencias construidas antes de 2015 de una u otra forma no lo cumplen en integridad".
El propio Rueda explica todo el proceso en un vídeo:
"Genera incertidumbre"
Por su parte, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, señala que "esto de que lo paren ahora" no le gusta nada "porque genera más incertidumbre". Lo que quiere saber la asociación es "saber cómo ha ido el proceso hasta ahora, cuántas han cumplido y cuántas no".
En cualquier caso, la portavoz de la Associació Catalana de Recursos Assistencials afirma, "oficialmente todavía no se sabe nada" y añade: "A nosotros siempre nos habían dicho que no nos preocupáramos, que se fuera haciendo todo el trabajo y ellos irían contestando e irían dando resoluciones".
Pascual es clara al afirmar que "lo más importante es tener claro exactamente qué es lo que quieren hacer y cómo lo harán para que nos podamos organizar". "En ACRA vamos a exigir que todos los centros de Catalunya sepan el cómo, el cuándo y el por qué. Porque todos han hecho el trámite, todos han hecho el proceso y la gente tiene derecho a que le respondan si, por ejemplo, no podían homologar tantas plazas", insiste.
Pascual cree que "es básico saber exactamente cómo tenemos el país y cuántas plazas no llegarían con la acreditación". Recuerda que es lo que lleva tiempo demandando y "a los que no llegan, que se les dé más tiempo y ayudas para que puedan llegar".
"Crea desconfianza"
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD), Raquel Torres, señala que vista la noticia publicada, les ha llamado la atención que a nivel de patronal no se les hubiera informado de ningún cambio definitivo. Explica que se han puesto en contacto con el Departamento de Derechos Sociales y les han comunicado "que no ha cambiado nada" más allá de lo que se les dijo hace un mes en una reunión en la que ACAD volvió a exponer la reivindicación sobre los requisitos que se refieren "a la parte más rígida, que es la estructura y la parte arquitectónica".
Torres entiende que a nivel estándares de calidad "siempre hay que elegir algún criterio", y recuerda que podrían matizar como expertos en el sector algo más, pero siempre han estado "de acuerdo con que había que poner algún orden al tema de la calidad". En el tema de la estructura, por el contrario, se puede comprobar que ACAD tiene escritos enviados al Departament del anterior Govern reivindicando que en la parte arquitectónica no veían bien que las entidades iniciadas o construidas anteriormente al 2015 no tuvieran ningún período de transición para poder adaptarlo de manera progresiva, como se hace con cualquier ley que modifica un tema de estructura.
"Desde ACAD no creemos que haya temas estructurales que dependan de un año más o de seis meses más porque si las habitaciones de mi centro miden 6,5 metros o 7 metros cuadrados dentro de un año van a seguir midiendo lo mismo. Por tanto, las ayudas a las entidades deberían pasar por la financiación y fondos europeos para que estos centros puedan hacer las reformas de adecuación a las nuevas normativas ayudados, no abandonados porque realmente hay muchas entidades que no podrán adaptarse y se sentirán abandonadas", insiste la presidenta de la asociación.
Lo que sale en el periódico de ampliar el plazo, explica Torres, "se nos había explicado que viene más a colación de una exigencia europea para acabar definitivamente con la figura de contrato de colaboración con financiación pública y que pase al concierto". Entonces, para poder pasar al concierto, las entidades actuales que son colaboradoras debían pasar este proceso de acreditación con una fecha final. "El nuevo Govern nos expone que van a intentar alargarlo para que las entidades tengan más plazo de adaptación", señala.
Y añade: "Ampliar este plazo da un respiro, pero no soluciona el problema para aquellas entidades que realmente no lo van a poder hacer. El Departament nos dice que quieren revisar el decreto de acreditación 69/2020 para suavizar algún criterio y que no queden fuera de la acreditación tantas entidades, pero las líneas rojas que se nos han anunciado siempre no entrarían en el tema estructural, sino en temas más de contenido, como las habitaciones triples, con las que ya contamos como necesario en el sector".
Para terminar, Raquel Torres destaca que "más allá de todo esto, sí que se le ha trasladado al Departament también que estos cambios de fechas que a veces parecen arbitrarios crea desconfianza en el sector porque, al final, caemos en que viene el lobo y al final parece que el lobo nunca viene".