"No podemos avanzar en desinstitucionalizar si no aumentamos la oferta de atención y cuidados"

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado el informe del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC), que pone de manifiesto el escaso desarrollo y evolución en la última década de los servicios sociales domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (Centros de Día), lo que requiere, según apunta José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, "un importante compromiso económico para avanzar en la estrategia de desinstitucionalización del Ministerio de Derechos Sociales".

"Este informe -señala Ramírez- no va contra nadie ni a favor de nadie, se realiza para expresar la realidad palmaria de hacia dónde van los servicios sociales en nuestro país y le da valor tener la secuencia de más de 12 años desarrollando con 30 indicadores, con cierto rigos y siempre con datos oficiales".

Subraya también que "en 2023 ha aumentado el gasto en Servicios Sociales, pero ha disminuído en relación con el PIB y esto es importante". Por ello reivindica desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llegar como mínimo a invertir el 2% del Producto Interior Bruto en este sistema de protección social que atiende a las personas más vulnerables".

"La desinstitucionalización tiene los pies de barro"

En esta línea, Gustavo García, coordinador del informe, subrayaba que, a pesar de estar "totalmente de acuerdo con las estrategias de cuidados, porque nos parece que es lo deseable, lo que todos queremos", marcadas por el Gobierno, "el objetivo potente de todo el sector de avanzar hacia la desinstitucionalización tiene los pies de barro".

"La desinstitucionalización se tiene que fundamentar en una oferta de servicios domiciliarios y de proximidad importante y si no tienes esta oferta, a una familia a cargo de un gran dependiente, le dices que tiene dos horas al día, estamos siendo de una crueldad tremenda", ha apuntado, para reiterar: "No podemos avanzar en desinstitucionalizar si no aumentamos la oferta de atención y cuidados, no solamente en ayudas a domicilio, son más servicios... Si esa oferta no se amplía, la desinstitucionalización se quedará en retórica o lo que es peor, en cargar sobre las familias" los gastos.

También apuntaba que "el sistema de derechos aumenta, la relevancia económica baja y la cobertura se mantiene", lo que quiere decir, según los datos que "España, décima a décima, va siendo menos solidaria porque está dedicando menos a las personas que por su situación de dependencia necesitan el apoyo de la sociedad".

Uno de los datos más importantes del año paso, recordaba Gustavo García es que "dedicamos 512 euros por habitante a servicios sociales, no llega al 10% del presupuesto de las administraciones públicas, gobierno y entidades locales, y estamos en el 1,81% del PIB. Si hubiéramos mantenido el porcentaje del año anterior habríamos tenido 134 millones de euros más de inversión".

Hay que recordar que el IDEC 2023 describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012. Confirma que el Sistema está ampliamente consolidado, ya que todas las Comunidades tienen Ley que reconoce derechos subjetivos, 13 de las 17 tienen un Catálogo de Servicios que desarrolla y concreta estos derechos y 15 Comunidades tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales.

La asignatura pendiente para 7 Comunidades , insisten desde la asociación, es la planificación, ya que sólo 10 tienen un plan estratégico o mapa de cobertura.

Escaso desarrollo de la atención a domicilio

Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización recientemente aprobada por el Ministerio:

La cobertura del servicio de Ayuda a Domicilio apenas ha variado desde el año 2010: sólo 8 décimas, del 4,7% al 5,5% de personas mayores de 65 años (7,6% si la referencia es sobre mayores de 70 años). Su intensidad es también muy baja, con una media de 20,2 horas mensuales, sólo 3,3 horas más que en 2010, y casi una hora menos que en 2012.

Si atendemos sólo a La Ayuda a Domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, su intensidad media es de 33,6 horas/mes: 15,3 horas para los dependientes Grado I, 37,1 para los Grado II y 57,3 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia Ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria.

El panorama de los otros dos servicios no es menos preocupante:

La cobertura de los Centros de Día muestra una escasa o nula evolución, ya que desde 2010 se mantiene, con una ligera reducción de 8 centésimás, en un 0,7% de las personas mayores de 65 años (0,96% si la referencia son las personas mayores de 70 años), lo que muestra que sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada, casi marginal.

Por su parte, la Teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 12 años, ,1 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 10,2% de las personas mayores de 65 años (14,1% sobre personas mayores de 70 años).

Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia se marcó como objetivo establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiaría toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. Pues bien, en 2023 sólo ha aumentado 37.825 servicios de teleasistencia, quedando 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100%, lo que significaría que, a este ritmo, se necesitarían 23 años para alcanzar el objetivo previsto. Los últimos datos, correspondientes a mayo 2024, dicen que sólo hay 479.492 con teleasistencia de las 1.169.777 que reciben prestaciones en su domicilio (40,6%); se planteaba alcanzar el 100% en diciembre de 2022.

Por último, para completar este desalentador panorama de los servicios domiciliarios, hay que ver qué curre con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar que contempla el Catálogo de la Dependencia. Era otro objetivo del Plan de Choque, mejorar las prestaciones e intensidades de los servicios, y que, lejos de incrementarse, esta prestación ha reducido su cuantía un 1,05%, pasando de una media de 239€/mes en 2022 a 236,49€/mes en 2023.

Más gasto en servicios sociales, pero menos porcentaje sobre el PIB

En materia de relevancia económica de los servicios sociales públicos, este es el panorama en 2022 (último año con datos oficiales del presupuesto liquidado):

- 512,0 € fue el gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones en 2022.

- 10,24% es el porcentaje que supuso sobre el presupuesto total de las administraciones.

- 1,81% es el porcentaje del PIB que España destina a Servicios Sociales públicos.

Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. En 2022 este incremento fue de 49,3 € respecto al año anterior (+ 10,7%). También se incrementa casi un punto el porcentaje del presupuesto que las Administraciones destinan a servicios sociales, pasando del 9,27% en 2021 al 10,24% en 2022. No obstante, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por segundo año consecutivo, y se sitúa en 1,81%

La participación de las Comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 3,3 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año era 85,3%, y en 2022 12,6 puntos menos (72,7%). El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las Comunidades.

Grandes diferencias entre CCAA

Año tras año se ponen de manifiesto las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como País Vasco, con 961,9 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 633,0 €, un 72,6% más que en Murcia, con 366,8 €. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas de Extremadura destinan a Servicios Sociales (2,96%), triplica el que destinan las Administraciones Públicas de la Región de Murcia (1,02%).

Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos:

- El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (5.645) es más de ocho veces superior a Navarra (684).

- El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (59,49%) es casi 100 veces superior al de Castilla-La Mancha (0,63%).

- El %de plazas residenciales públicas para personas mayores de 70 años es 4,7 veces superior en Castilla y León (8,22%) que en Valencia (1,76%).

- Andalucía, con 13,24%, ofrece una cobertura 21 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,62%).

- El 23,4% de las personas mayores de 70 años tienen teleasistencia domiciliara en Castilla-La Mancha, diez veces más que en Extremadura (2,15%).

País Vasco, Navarra y Castilla y León lideran los Servicios Sociales en España