El Gobierno Vasco ha publicado el nuevo decreto de concertación que, de ser aplicado, limitará la libertad de elección de las personas dependientes y sus familias. Así lo explica la Asociación de Gestores de Centros Asistenciales para mayores (GESCA), que en una nota añade: "Con esta nueva normativa, el ejecutivo autonómico quiere regular el régimen de concierto que constituye una de las fórmulas de las que disponen las administraciones públicas para organizar la prestación contenida en el catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, junto con la gestión directa, la gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas, y los convenios con entidades sin ánimo de lucro".
GESCA recuerda que en el caso de las residencias para personas mayores dependientes, la concertación de plazas, es competencia de las Diputaciones Forales de cada territorio histórico, no del Gobierno Vasco; viene funcionando así desde hace más de 30 años, y con diferentes modelos ha permitido a las entidades forales crear una tupida RED de Responsabilidad Pública que ofrece a las personas dependientes y sus familias una amplia oferta de 285 residencias, de las cuales 67 son públicas, 31 de entidades no lucrativas, religiosas en su mayoría, y "187 de titularidad privada mercantil, discriminadas ahora con este nuevo decreto".
La asociación empresarial insiste: "La iniciativa privada mercantil, ha posibilitado la creación de más de 13.000 plazas residenciales en nuestra comunidad, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, y la generación de 10.000 puestos de trabajo estables. Se trata de infraestructuras sociales sostenibles, que posibilitan a las Diputaciones Forales prestar en ellas un servicio público, eficiente y de calidad, un modelo cuya sostenibilidad se encuentra en riesgo con la aprobación de este decreto".
Hace especial hincapié en que "a diferencia del resto de servicios y centros para otros colectivos, en el caso de las personas mayores dependientes, la actividad residencial está hiperregulada, controlada e inspeccionada por autoridades sociales, laborales y sanitarias" y que "las Diputaciones Forales, cuando conciertan plazas, sin diferenciar entre entidades sin ánimo de lucro y entidades mercantiles, establecen un precio público por un servicio cuyo alcance y contenido viene claramente definido".
Por todo esto, GESCA incide también en que "la aplicación de esta nueva normativa, además de limitar la libertad de elección de las personas dependientes y sus familias, puede provocar un frenazo al desarrollo de los proyectos previstos en nuestra comunidad, promovidos en su gran mayoría por las entidades mercantiles, y que son necesarios para garantizar la cobertura de atención a la generación del baby boom, que supondrían la creación de unas 2.000 nuevas plazas residenciales y la generación de más de 1.200 puestos de trabajo directos".
GESCA ha encargado un informe jurídico para conocer las posibilidades de impugnar este decreto, que ha sido aprobado pese la opinión en contra del CES (Centro Económico y Social), la OCE (Oficina de Control económico), y COJUA (Comisión Jurídica Asesora de Euskadi); y por supuesto, sin el consenso con las entidades representativas del sector.
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