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LOS LITIGIOS JUDICIALES REFERENTES A LA LEY DE DEPENDENCIA PASAN A LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la PMP: "¡Por fin hay justicia en la Dependencia!"

Dependencia. Silla de ruedas.
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Dependencia. Silla de ruedas. (Foto: JC)
miércoles 20 de diciembre de 2023, 14:57h

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) considera “un avance muy importante” que las controversias y litigios judiciales referentes a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, serán tramitados por la jurisdicción social a partir de ahora, y no por la contencioso-administrativa.

Así lo establece el Real Decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, aprobado ayer en Consejo de Ministros y publicado hoy en el BOE.

Esta medida modifica así la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 2011, lo que permite que todas las demandas o reclamaciones que se generen en la aplicación de la Ley de Dependencia se presenten ante la jurisdicción social, obligando así a que los juzgados de este ámbito se pronuncien sobre su competencia.

Pero, ¿qué significa exactamente esto?

El secretario general de la PMP, Miguel Ángel Cabra de Luna, que valora la medida como "muy positiva" porque el sector, recuerda, llevaba "más de una década pidiendo este cambio", es muy claro a la hora de explicar qué supone este cambio: "Esto significa que la barrera de entrada perversa que existía hasta ahora para hacer una reclamación en referencia a la Ley de Dependencia ha dejado de existir".

Y lo desarrolla: "Una persona a la que no le concedían la dependencia o no estaba de acuerdo con el grado que le habían concedido tenía que ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto suponía tres o cuatro años de proceso y mientras tanto, se moría. Un porcentaje muy elevado de las personas dependientes en esa situación no sobrevive cuatro o cinco años".

Por eso califica el procedimiento anterior de "barrera de entrada infame" y de "trampa torticera" porque "ahora, al pasar a la jurisdicción social, se tardará como mucho un año y se decide". "Luego puedes recurrir a otros tribunales, pero por esta vía se acortan los plazos y permite a las personas recurrir. De la otra manera, estaba hecho a sabiendas de que era una forma de cercenar el derecho de las personas dependientes", añade.

El secretario general de la PMP, que es doctor en derecho, recordaba que lo ha estado denunciando desde el año 2011, cuando era asesor jurídico del CERMI e insiste en que "la vía contencioso-administrativa cerraba la puerta. Ahora puedes recurrir, tardarán un tiempo pero te impartirán justicia. La Justicia que llega tarde no sirve para nada".

Una prestación personalísima

Miguel Ángel Cabra de Luna ha hecho especial hincapié en que, además, "la prestación de la dependencia es una prestación personalísima", es decir, "es una prestación que no se hereda, de forma que si recurres y te mueres, aunque ganaras el pleito después (que lo archivarían), no te van a dar nada y tu familia te ha tenido que estar manteniendo". La menta que en esta situación "tú, supuestamente, tenías un derecho ciudadano, un derecho subjetivo a la dependencia y te lo habían negado por la puerta de atrás".

Del mismo modo, recuerda que en los juzgados de lo social hay una frase que es in dubio pro operario, que "significa que en caso de duda, a favor del trabajador o, aplicado a nosotros, en caso de duda, a favor del vulnerable", mientras que "la jurisdicción contencioso-administrativa es una barrera para defender a la administración".

"Ahora, sin embargo, hemos pasado a unos tribunales con mayor sensibilidad y con más capacidad de que reconozcan que te han denegado la prestación o que te han clasificado mal y tu puedas demostrarlo. Y como se hace en un año, tú sigues viviendo, penando con tu dependencia, pero tienes derecho a tus prestaciones", indica el responsable de la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

Cabra de Luna señala que no hay hecha una estimación de los litigios que se presentan porque, además de que echar para atrás el tiempo que tarda de media el proceso en la vía contencioso-administrativa, "resulta muy costoso contratar los servicios de abogado y procurador". "Realmente eran pocos los litigios que se emprendía precisamente por la escasa posibilidad de éxito y coste económico de todo el proceso", concluye.

Miles de muertos esperando una prestación

De esta manera, se subsanan así los retrasos generados por la tramitación de los litigios relacionados con la dependencia que sucedían hasta ahora, y se logra el más rápido ejercicio del derecho que reconoce la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia acelerando el acceso a las prestaciones de las personas en situación de dependencia. La PMP recuerda que "esto es de gran importancia, ya que en la situación actual miles de personas dependientes con derecho reconocido mueren cada año sin haber podido beneficiarse de las prestaciones que les corresponden".

Se trata de "una reivindicación histórica". “El impulso de esta medida demuestra una gran conciencia social por parte del Gobierno, cumpliendo así con los derechos de las personas en situación de dependencia, en su mayoría personas mayores y con discapacidad”, se incide desde la plataforma que representa al movimiento asociativo de las personas mayores, contando con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados personas físicas.

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