Hace muy pocos días, el dieciocho de mayo leía el interesantísimo artículo de opinión que Javier Cámara escribía en este mismo portal, y en el que de manera muy oportuna se entrevistó a D. Vicente Gea Caballero, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU. A colación del mismo Josep Martí lanzaba en redes sociales una serie de preguntas animando a los enfermeros a que de alguna manera valoráramos las cuestiones planteadas. Por evidentes alusiones me siento en la responsabilidad de seguir opinando, algo a lo que el propio autor cortésmente instaba. Entro al trapo.
Antes que nada es muy relevante contextualizar el papel de las enfermeras en las residencias de mayores. Una de las cuestiones fundamentales a abordar, entre otras, es poner en duda si realmente la figura de la enfermera es realmente necesaria en las residencias. Para ello, lo más perentorio es conocer cuál perfil profesional, pero sobre todo en qué ámbito asistencial, debe atender las necesidades de cuidados, que no de curación, necesitan los mayores residentes. Los mayores que viven en las residencias son usuarios, por derecho constitucionalmente reconocido, del sistema público de salud, salvo aquellas excepciones ya conocidas (mutuas o seguros privados, entre otras).
Siguiendo este razonamiento, los mayores que viven en las residencias tienen el mismo derecho a recibir prestaciones de salud púbicas en análogas condiciones que las que disfrutaban antes de ingresar en la residencia, y que siguen recibiendo los mayores dependientes que viven y/o son cuidados por sus familiares en sus casas. En este sentido, los médicos y las enfermeras de los centros de salud, así como los profesionales sanitarios del resto del sistema sanitario público, son los que deberían prestar los cuidados necesarios a los mayores residentes.
Por otro lado, no podemos olvidar algunos aspectos muy relevantes que afectan a las residencias como instituciones proveedoras de servicios altamente especializados, tal y como se vienen denominando últimamente. Uno de dichos aspectos es que, si bien las residencias son instituciones claramente sociales, hecho indudable, los mayores que en ella viven tienen en la mayoría de los casos un altísimo grado de dependencia funcional, requiriendo unos cuidados de salud mucho más especializados y continuados si los comparamos con los de los mayores que no tuvieran dicho grado de dependencia. Hay residencias que todavía no son conscientes de que alojan a personas con grandes problemas de salud. En este escenario, claramente ideal pero muy lejos de la vivencia cotidiana, la figura de la enfermera en las residencias sería casi accesoria y solo se justificaría por la necesidad de complementar las prestaciones de las compañeras del sistema público, realizando planes de cuidados específicos.
La cuestión es que la realidad vivida en las residencias es muy diferente a la expuesta, tal y como muchos de los lectores, si no todos, pueden certificar. De todos es más que conocido que mis compañeras enfermeras de Atención Primaria viven desde hace años momentos muy complicados, con bajas ratios asistenciales y sobrecarga de funciones, en beneficio de otras figuras profesionales. Esto ha hecho que las enfermeras de las residencias hayan tenido que asumir por imperativo de la dirección de los centros primero, y por imperativo ético después, las funciones asistenciales que las enfermeras de la sanidad pública no prestan.
Esto se evidenció en unos casos y se agudizó hasta el extremo durante la pandemia, y precisamente entonces fue una de las quejas más remarcadas por los gestores de los centros. A este respecto, no podemos olvidar bajo ningún pretexto que son los gestores de las residencias los que legalmente asumen la guarda de hecho en relación con la garantía de la calidad asistencial, en este caso sanitaria, prestada a los mayores a los que asisten y proveen de cuidados. Deben planificar y organizar su proyecto de gestión en función también de las contingencias particulares, incluyendo la cuestión que nos ocupa. Teniendo en cuenta, por ejemplo, las necesidades de cuidados paliativos de muchos de los mayores residentes.
Dicho esto, y argumentada nuevamente la necesidad de la presencia de las enfermeras en las residencias, solo me queda intentar responder lo más claramente posible a las interesantes cuestiones planteadas en el post de Josep de Martí, en relación a la entrevista realizada al Dr Gea Caballero. A la pregunta de si las enfermeras deberían recibir un salario parecido al que recibe su homóloga en el servicio público de salud la respuesta es "sí". Asumir unas competencias que a todas luces sobrepasan lo expuesto en la normativa reguladora nacional de residencias privadas, supone asumir unas responsabilidades que esa misma normativa no recoge, respondiendo al interés de los interlocutores que lo negocian.
Además, para seguir respondiendo, formularía la siguiente pregunta: ¿porqué siempre se pone en duda la justificación de una mejora salarial en el caso de las enfermeras y no es así en el caso de los médicos, o los fisioterapeutas, o los psicólogos? Pues porque es evidente que en el caso de los médicos las negociaciones salariales se limitan a que los gestores les paguen lo que les piden y que es más de lo que el convenio marco dispone. Así de simple. No lo olvidemos, el interés primario de prestar un servicio sanitario adecuado recae en los gestores que lo ofrecen; y todo ello, en muchos casos, con un contrato privado que a veces ni siquiera se eleva a público para evitar las incompatibilidades entre el servicio público y el privado, algo que no ocurre ni por asomo en el caso de las enfermeras.
Como especialista en Geriatría debo remarcar, una vez pasada la frustración y enfado inicial desde hace años, el dolor que produce la denigración profesional que sufrimos las enfermeras. Y esto se produce cuando desde ciertos sectores se minusvalora nuestra labor de cuidados sanitarios especializados a los mayores, por ejemplo en el caso de los cuidados paliativos, señalándonos con un dedo acusador de “oportunistas”. Lo único que hacemos es volver a recordar que es más que evidente que las enfermeras somos muy necesarias en las residencias, no por interés particular sino porque la defensa de la dignidad de los mayores que allí viven, y sus familias, así lo demandan y necesitan.
Desde luego que hay compañeras enfermeras que buscan mejores condiciones en la empresa pública y mejores salarios, y para ello quieren puntuar como única alternativa a estar desempleadas. Pero también conozco a muchísimas compañeras que les encanta ser enfermeras de residencia y que las malas condiciones laborales, incluso con mejoras salariales pactadas, con sobrecarga de trabajo y horas extra no retribuidas, con ratios que no son suficientes para prestar los cuidados que necesitan los residentes, ven como algunos gestores les ponen “puentes de plata” para que se vayan a la más mínima oportunidad.
A la estimulante pregunta de Josep De Martí acerca del motivo de hablar ahora solamente de mejoras a las enfermeras, y no también a las cocineras o limpiadoras, en mí opinión quizás la pregunta es prejuiciosa. Entiendo que esto es así de manera involuntaria, pues da por supuesto un aparente conflicto de clases, en el cual se atribuye a las enfermeras un papel que por sí mismo denigra a sus compañeras de otras categorías por el mero hecho de reivindicar para sí mejoras laborales necesarias. Las enfermeras jamás nos hemos pronunciado en contra de que les suban el salario a otras categorías profesionales, faltaría más. Quizás la pregunta habría que hacérsela a sus representantes sindicales, que no a las enfermeras, esos mismos que han firmado el convenio colectivo marco y que no salen a la calle para exigir mejoras al Estado, como sí lo hacen para defender justamente a las compañeras de la sanidad pública.
En mí opinión, es evidente que es el Estado quien debe asumir el coste laboral en cuanto a salarios, y también las mejoras en la puntuación en bolsa de las enfermeras que trabajan en las residencias privadas. El motivo viene reflejado en nuestra Constitución. Es el Estado quien debe asegurar una atención sanitaria pública adecuada a todos los ciudadanos, lo cual incluye a los mayores que viven en las residencias. Si el Estado no puede hacerlo, en su totalidad o en parte, a través de sus propios dispositivos públicos, como los Centros de Salud, es lógico y justo que reconozca el desempeño laboral a los profesionales sanitarios, concretamente de enfermería, que están realizando la parte proporcional que en ellos delega.
Las residencias son instituciones sociales, pero la realidad obliga. Sus directores deben hacer valer su papel de guardadores de hecho de los mayores residentes reivindicando también ellos estas cuestiones ante la administración pública, tanto social como sanitaria. La responsabilidad es de todos, apreciados lectores. Esto supera una mera negociación de salarios y horas. Hablamos de la defensa de la dignidad de los mayores a los que cuidamos.
Carmelo Gómez Martínez es enfermero especialista en Geriatría
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