Al respecto, el secretario general de la Federación Empresarial de la Dependencia, Alberto Echevarría, ha trasladado a Dependencia.info su preocupación por cómo van a poder afrontar las empresas del sector todos los gastos que se suman al incremento salarial, como el encarecimiento desde hace meses de la energía o los alimentos: “Es un disparo contra la línea de flotación de la viabilidad de las empresas... van a cerrar empresas porque no van a poder asumir esos costes... hace que el sector se vuelva inviable”.
En una detallada valoración a esta decisión de la Audiencia Nacional de ordenar ella misma la publicación de las tablas salariales, Echevarría ha resaltado su malestar por un auto que ha calificado de “inaudito y que no tiene precedentes”.
Así, ha mostrado dos sorpresas por lo expuesto en él. La primera es, precisamente, que la Audiencia haya decidido ordenar esta publicación de los salarios ella misma. “Efectivamente, la Audiencia Nacional ordena, pero no nos lo ordena a nosotros, como hubiera sido lo normal. Los convenios se negocian entre los agentes sociales y son éstos los que tienen que mandar a publicar las tablas. Asume ella (la Audiencia Nacional) la responsabilidad de mandar publicar las tablas en el B.O.E.”, explica Echevarría.
Daño irreversible
La segunda sorpresa: “En este auto, ante la solicitud de ejecución provisional de las tablas por parte de CCOO y UGT, lo que se tenía que ver y comprobar, y así lo alegamos y el propio auto lo reconoce, es si se puede producir un daño irreversible a las empresas. No si tenemos razón, no si los trabajadores cobran o las empresas pagan, sino si se puede producir un daño irreversible o no con la ejecución provisional”.
“En este auto no entra a valorarlo, más que muy de pasada y sin dar ningún tipo de argumentación porque lo que es claro es que daño se va a producir y ese daño va a ser irreversible con la publicación de las tablas”, ha lamentado.
Echevarría explica que hasta que no se han publicado las tablas, dependía de cada empresa si quería ir actualizando los salarios, si no quería hacerlo, si quería ir pagando a cuenta del convenio o no. “Ahora ya no cabe nada, con la publicación en el BOE de las tablas hay que pagar desde el 1 de enero de 2022 el 6,5% de incremento”, confirma.
Pero el secretario general de esta patronal apunta cuál es el principal problema ahora: “Si el recurso prospera y da la razón a la FED no se podría pedir a esos trabajadores que devolvieran el dinero porque los tribunales de lo Social ya lo han condenado y han dicho que no, que no cabe esa devolución. Por eso es por lo que nosotros, desde la federación, alegábamos que se producía un daño irreversible”.
Aunque la sentencia original es ejecutiva, no es firme al caber el recurso: “El Tribunal Supremo puede tirar para abajo la sentencia en todo o en parte. Nosotros solicitábamos “en todo” por varias razones, pero “en parte” porque no entendemos por qué se ha cogido el IPC interanual y no el promedio, como ha hecho el Gobierno con la subida de las pensiones y la revalorización del salario de los funcionarios. Ahí estaríamos hablando del 3,1%, no del 6,5”. “Sería imposible de reparar ese daño”, insiste.
La viabilidad del sector
Pero, ¿por qué está en esto la FED? Alberto Echevarría enumera que, primero, “por inviabilidad”. Alega que “esta subida del 6,5% pone en peligro la viabilidad del sector” y recuerda que “cuando las CCAA están subiendo de media un 2% los precios de concierto, la actualización de los salarios lo hace un 6,5%”. Un aspecto en el que hace especial hincapié es en los salarios en el servicio de ayuda a domicilio, ya que supone un 90% del coste. “Es un disparo contra la línea de flotación de la viabilidad de las empresas”, destaca.
“En las residencias el coste de los salarios supone en torno al 60-65% del total de gastos, cuando el margen de beneficios es muy pequeño en torno al 8% de los facturado y las CCAA suben escasamente el 2%. Esta subida de los salarios hace que el sector se vuelva inviable”, reitera el responsable de la patronal, que señala también a la situación que afrontan las empresas ahora con las perspectivas económicas que estamos teniendo de cara a las próximas revalorizaciones. Señala en este punto que como los precios de conciertos no aumentan, tendrán que incrementar los costes a los usuarios privados: “¿Cuántos usuarios van a poder soportar un aumento del 6,5%?”.
“En Ayuda a Domicilio, el 95% del servicio son conciertos y por la ley de desindexación de Cristóbal Montoro, no pueden incrementar esa subida de salarios a los precios de concierto y todo va a riesgo y ventura del contratista con conciertos que llevan un margen de beneficios de entre el 2 y el 3% Empiezan a perder dinero. Pues oye, que por lo menos sea con sentencia firme, no en ejecución provisional”, matiza Echevarría en este tipo de servicio.
En este punto, el secretario general de la Federación Empresarial de la Dependencia avanza: “Que sea con sentencia firme cuando empiecen a cerrar las empresas, que van a cerrar porque no van a poder asumir esos costes. Y eso con el 6,5%, imagínate el año que viene que ya están hablando del 8,5% de subida. Van a hacer que el sector se vuelva completamente inviable”.
Un freno a la inversión
Por esto, argumenta, han recurrido al Tribunal Supremo, pero también porque es un freno a la inversión: “Ahuyenta por completo a la inversión privada con toda esta inseguridad y sobre todo en un momento en el que se debieran estar planificando la creación de una mayor dotación de plazas ante la llegada de los baby boomers”.
Se pregunta por qué no han hecho en el Gobierno lo que han hecho en Cantabria, y lo han aprobado allí todos los partidos políticos, donde “cualquier subida salarial a los trabajadores lleva aparejado un incremento en el precio de concierto que paga la administración”. “¿Por qué no lo hace el resto de comunidades autónomas, que sería lo lógico?, se lamenta.
“Los primeros que decimos que nuestros trabajadores están mal pagados somos nosotros. Para un empresario no hay valor añadido más importante que el de sus propios trabajadores, pero con los precios de concierto que están pagando es imposible. Las cuentas no salen y lo saben las propias administraciones. ¿Por qué no se comprometen a esto? Así están poniendo en peligro a todas las empresas del sector”, apunta Alberto Echevarría, que apunta: “Por eso hemos recurrido este auto, que es inaudito y no tiene precedentes”.
¿Por qué la FED recurre y otras patronales no?
Por otra parte, la FED es la única de las cuatro (o cinco) patronales de servicios de atención a las personas mayores que ha recurrido la sentencia. Desde esta federación recuerdan que en Lares, “es sector solidario, no son empresas mercantiles, su cuenta de resultados dependen de otras cuestiones totalmente diferentes y no tienen que dar beneficios por ley y si entran en peligro sus empresas, tienen otros fondos porque hablamos de organizaciones religiosas o fundaciones, que no es lo mismo que una empresa”.
Por otra parte, efectivamente, “la patronal que representa a las grandes empresas ha recomendado ya a sus asociados que paguen los salarios con carácter retroactivo, pero otra cosa es lo que muchas de ellas puedan hacer”.
En cualquier caso, el responsable de la FED culpa en primer lugar, y fundamentalmente, a la Administración porque “no está asumiendo su responsabilidad”. “Sabe perfectamente que con los precios de concierto, con todos los incrementos de energía, alimentos y seguros, que en muchos casos no son del 6,5% sino que hablamos de duplicar o triplicar las tarifas y que no podemos asumir y sin embargo están mirando para otro lado”, argumenta.
Pero en segundo lugar, Echevarría mira a los sindicatos: “Se les había ofrecido por parte de todas las patronales un aumento del 15% en cuatro años, pero escalonando; este año más de un 3%, el año que viene otro 3%, al siguiente otro tres y pico y para el último tiramos lo más fuerte. Así vamos intentando poco a poco la viabilidad del sector, pero no han querido simplemente porque tienen una visión cortoplacista de tener este el 6,5% este año agarrado, tiro para adelante y no me importa si cierran las empresas”.
“No han querido tener ese carácter social que les supone de interés porque el mejor salario se cobra trabajando en una empresa y no en el paro, como desgraciadamente les va a pasar a muchos de ellos. No han querido negociar. Un incremento del 15% en cuatro años es un incremento muy serio, teniendo en cuenta que es lo que piden UGT y CCOO a nivel nacional”, concluye.
Resulta curioso ver cómo, en el centro en el que trabajo, a primeros de año se les subió un 6'5% la tarifa a los usuarios privados. Sin embargo los trabajadores seguimos con la misma cantidad en nuestras nóminas.
Es una vergüenza que llevemos cuatro años con los sueldos congelados
Por favor alberto echevarria, desde cuando no s suben los sueldos en centros de dependencia. desde cuando el convenio estaba caduco? cual es la rotacion de personal en residencias? que tipo de personal contratais en residencias?
si explicarais eso, quizas comprenderias que el sueldo se tien que subir en residencias.
Y mientras algunos abogan por convenios de aplicación y legalidad más compleja aún
Lástima de algunas patronales q mas q unir separan al sector por fines partidistas A buen entendedor pocas palabras bastan
Un 15% en cuatro años...pero ofrezcanlo despues de la siguiente revision( incluyendo x supuesto ya esta)..
porque no quisieron en 2019 ofrecer eso? porque les interesaba CORTOPLACISTAMENTE.
ahora toca aguantar y despues negociamos.