Nos acercamos a un periodo de elecciones en nuestra Comunidad, Aragón, y a menudo no deja de sorprenderme cómo un mismo político puede realizar un discurso totalmente contradictorio dependiendo del público al que va dirigido. Cuando el tema que nos ocupa versa sobre los Servicios Sociales entonces ya resulta hiriente.
Si en el aforo hay empresas, se hablará sobre la importancia de la PYME, como fuente de ingresos, creadoras de puestos de trabajo, sobre la vertebración del territorio… Por el contrario, si el aforo forma parte del Tercer Sector se mostrará el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas que solo quieren enriquecerse, se hablará de calidad frente a beneficio económico, de que lo importante son las personas y ese es un discurso políticamente muy aplaudido, pero alejado de la realidad y, por supuesto, lleno de demagogia. Que una empresa dé beneficio económico no significa que no trabaje con calidad y que para ella no sean importantes las personas. Nuestras empresas lo demuestran día a día y, sinceramente, es muy injusto que sean tratadas de este modo. Cualquier entidad para mantenerse en el tiempo, con y sin ánimo de lucro, debe ser sostenible.
En nuestra Comunidad a los empresarios que dan servicio a las personas mayores se les ocultó la realidad, se les dijo que la Ley de Acción Concertada 11/2016 sería utilizada para casos excepcionales que no debían preocuparse porque la colaboración público-privada con nuestras entidades mercantiles estaba asegurada. El resultado fue que la orden que regula dicha ley CDS /2042/2017 (BOA 241-19/12/17) permite dejar a las empresas de nuestra comunidad que dan un servicio social o sanitario fuera de estos acuerdos. La labor de las entidades sin ánimo de lucro es necesaria y por supuesto que debe regularse, pero no a costa del empresario aragonés. Nuestros propios asociados, entidades privadas con y sin ánimo de lucro, así lo entienden. Nuestras pymes son prestadoras de servicios que están discriminadas injustificadamente siendo que están ofreciendo flexibilidad y una eficacia demostrada en la colaboración con la Administración.
La semana pasada se publicó un acuerdo de acción concertada que excluye a las entidades mercantiles, nuestras Pymes, de un convenio para atender a personas con discapacidad, personas mayores con trastornos graves de conducta o en riesgo de exclusión social. La discriminación a la que son sometidas nuestras empresas es inaceptable porque se basa solo en su forma jurídica, cuando debiera importar el servicio que dispensan. Para nuestra Asociación esos empresarios no son meros números. Pienso en la emprendedora Marta, de Residencia Romanos; en Ignacio, de Residencia El Sabinar del Río en Terriente, en plena Sierra de Albarracín; o en Bruno, de Residencia La Sabina de Albelda, entre muchos otros, y me pregunto qué han hecho mal para que se pisoteen así sus derechos.
Esta situación ha llevado a la Junta Directiva de Arade a tomar una decisión por unanimidad y decir que hasta aquí hemos llegado. Pondremos todos los medios a nuestro alcance y buscaremos las colaboraciones necesarias para que sea la Justicia quien nos diga si este acoso y derribo a las empresas del Sector de Servicios Sociales, provocado por este discurso tan poco ético, debe ser aceptado sin más con las repercusiones que ello conlleva.
Estamos asistiendo a una doble discriminación: hacia las empresas de nuestro sector, la mayoría Pymes aragonesas, y por otro, y no menos importante, a una discriminación presupuestaria dirigida a los servicios de atención a las personas mayores. Debemos seguir trabajando por la defensa de nuestras empresas y por la calidad de servicio de nuestros usuarios. Hay derechos fundamentales que jamás debieran ser politizados.
Paquita Morata es gerente de ARADE
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