La Asociación Aragonesa para la Dependencia, ARADE, ha vuelto a mostrar su "indignación" con la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales y ha presentado alegaciones (también Cepyme) al borrador de la Orden, que salió a información pública el pasado 20 de octubre y por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales. Entiende que, nuevamente, se discrimina a las empresas del sector, en su gran mayoría pymes aragonesas, y más teniendo en cuenta el momento especialmente dramático que atraviesa el sector debido a la pandemia y la incertidumbre futura.
Aclara que lo que pretende es que si en un momento determinado la Administración necesita realizar una contratación más rápida, que se incluya a todo tipo de entidades, mercantiles y sin ánimo de lucro, porque al final, lo importante es la calidad del servicio y esto no tiene nada que ver con la forma jurídica de la entidad.
ARADE denuncia que en esta orden se vuelve a excluir a las sociedades mercantiles de esta contratación para otorgar un mayor protagonismo en la prestación de servicios a las entidades del Tercer Sector y se subraya que la Administración no puede, ni debe, excluir ni discriminar a las entidades privadas por el mero hecho de que tenga ánimo de lucro ya que estas entidades son un actor esencial de los servicios sociales, prestan servicios de calidad, sin los cuales la Administración no podría ofrecer todos los servicios a los ciudadanos que los necesitan, además de ser agentes esenciales en la vertebración del territorio en la Comunidad de Aragón.
La gerente de ARADE, Paquita Morata, ha recordado a Dependencia.info que "el Tribunal Superior de Justicia de Aragón paralizó el pasado verano la Orden CDS/2042/2017 que regula la acción concertada" y ha reprochado a la Consejería "que no les hubieses avisado". Puestos en contacto con ellos, les dijeron que "simplemente, el procedimiento continuaba".
"Nos parece inconcebible que, si el propio TSJA declaró no ser conforme a derecho la orden recurrida y la anuló, se vuelva a plantear en los mismos términos discriminatorios, máxime si tenemos en cuenta la grave situación a la que se ven abocadas nuestras empresas por la actual crisis sanitaria y económica", destaca Morata, que añade: "En ARADE llevamos años luchando por que se reconozca la valía de nuestras empresas y no se admita que sean claramente discriminadas simplemente por su forma jurídica".
La gerente de la asociación ha recordado también que "la ley de concierto social, cuando salió, nos indicaron que no iba a afectar para nada a nuestro sector, de hecho, existe una disposición en esta ley de 2016 en la que se indicaba que en el sector de las personas mayores se tendría en cuenta a todos los agentes implicados, pero sin embargo, la orden que la regula, que es la paralizó el TSJA, sí incluye servicios como la teleasistencia, gestión de residencias de los ayuntamientos, servicios de la Diputación...". "No entendemos el porqué y menos, sobre todo, insisto, en esta situación concreta de pandemia", sentencia.
"Sacar esta orden con tan solo 5 días para poder hacer alegaciones nos ha dejado bastante indignados", se lamenta.
Desde ARADE, además, se entiende que este proyecto de normativa no entronca con la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica ya que contemplaba a la totalidad de los actores de los servicios sociales, sobre todo cuando se habla de garantizar la financiación necesaria para dar respuesta a la demanda de plazas residenciales.
ARADE ha pedido la revisión de dicho borrador y que si es necesaria una tercera vía de contratación -directa, indirecta y concierto social-, esta última se haga extensiva a todas las entidades que dan servicio en nuestra Comunidad.
Aquí podemos leer la información pública en el BOA sobre la acción concertada:
Este es el borrador del proyecto por el que se regula la acción concertada en materia
de prestación de servicios sociales en Aragón:
Recordamos la sentencia del TSJA al respecto:
Si (
No(