El presidente Revilla se lo había pedido expresamente a la vicepresidenta de la región.
En una reunión celebrada el 3 de mayo con las organizaciones mayoritarias del sector de la dependencia, el Presidente del Gobierno encargó a Rosa Eva Díaz Tezanos que aumentase la ratio de personal de las residencias y centros de día aplicando el presupuesto existente en la consejería de Política Social. Sin embargo, la Vicepresidenta no ha comunicado ninguna decisión al respecto, ni existen indicios de que vaya a cumplir ese compromiso.
La reunión con Revilla fue solicitada por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma de Atención de la Dependencia (PAD) y LARES, para exponer la precaria situación del sector por la deriva de la consejería de Política Social a lo largo de la presente legislatura.
Las organizaciones centraron sus demandas en la necesidad de aumentar personal hasta alcanzar, como mínimo, los niveles de 2012, momento en el que, debido a la crisis económica, se disminuyó la exigencia legal del número de trabajadores en los centros como consecuencia de los recortes. El déficit de personal existente afecta tanto a la atención que se presta a los usuarios como a la sobrecarga de tareas del personal de los centros que, además, tienen que realizar funciones que corresponden al Servicio Cántabro de Salud.
Este déficit de personal también se ve agravado por la inoperancia de la Administración en las revisiones de grado de los residentes, cuestión que supone que a residentes con grandes dependencias se les aplique una ratio de personal que corresponde a grados de dependencia menores.
A pesar de las continuas apariciones públicas de Rosa Eva Díaz Tezanos manifestando su intención de recuperar los parámetros de atención anteriores a la crisis y a los recortes, lo que en realidad ha hecho es un nuevo recorte encubierto al no actualizar los precios de las plazas públicas, que siguen congelados desde 2012 sin haberse hecho efectiva la promesa de aumentarlos
un 3,3% ajustando las subidas del IPC, y al no revisar los grados de dependencia, atribuyendo precios más bajos a los que efectivamente resultan de la situación de dependencia de los residentes.
Tampoco se han abordado durante la legislatura ninguno de los problemas que el sector viene reivindicando históricamente, aún siendo de tal calado como, entre otras, la coordinación sanitaria, la gestión farmacéutica, la regulación de las contenciones, la planificación de servicios, la ratio de personal insuficiente, la viabilidad de los recursos en las zonas rurales, la protección jurídica a las personas dependientes, las duplicidades burocráticas y las desigualdades de trato.
Si (
No(