El Defensor del Pueblo ha registrado en las Cortes Generales el documento 'Buenas prácticas en las contenciones mecánicas', una guía elaborada con el propósito de unificar criterios de actuación y reforzar las garantías en todos aquellos ámbitos en los que puedan emplearse medidas de contención.
La actualización ha sido presentada el 26 de junio de 2026 y tiene como objetivo avanzar hacia una reducción progresiva del uso de este tipo de recursos como medio coercitivo. El nuevo documento sustituye y actualiza la guía publicada por la institución en 2017, cuyo ámbito de aplicación se limitaba entonces exclusivamente a los centros penitenciarios.
La nueva edición incorpora los avances jurídicos producidos en los últimos años, entre ellos la Instrucción 1/2022, de 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, relativa al uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y en centros residenciales y/o sociosanitarios destinados a personas mayores y/o personas con discapacidad.
Además, la actualización también tiene en cuenta la creciente demanda social vinculada a la limitación de las medidas coercitivas.
Un enfoque centrado en la persona y en los derechos humanos
Entre las novedades destacadas figura la ampliación del ámbito de aplicación del documento. La nueva versión incorpora la experiencia obtenida por el Defensor del Pueblo durante las visitas realizadas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad.
A partir de esta actualización, la guía extiende su alcance a la hospitalización psiquiátrica y a los centros sociosanitarios, incorporando por primera vez las contenciones en el ámbito sanitario no penitenciario.
Según se recoge en el documento, la guía sitúa a la persona en el centro de su enfoque y adopta un modelo garantista sustentado en la dignidad y en los derechos humanos, además de contemplar una revisión constante que va más allá del cumplimiento formal de los protocolos establecidos.
Participación de especialistas y equipos técnicos
Para la elaboración del documento, el Defensor del Pueblo ha contado con el asesoramiento de José Sáez Rodríguez y María José Jaén Moreno, especialistas en medicina legal y psiquiatría, respectivamente.
En el proceso también han participado profesionales técnicos de la Unidad del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), así como de las áreas de Seguridad y Justicia y de Sanidad y Política Social de la institución Defensor del Pueblo.
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