La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) había convocado a una jornada en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, centrada en la necesidad urgente de avanzar hacia la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030. Este evento ha reunido a representantes institucionales, miembros del movimiento asociativo, expertos jurídicos y portavoces parlamentarios.
Durante la inauguración, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, enfatizó que el proceso para establecer esta convención será “complejo” y “largo”. Sin embargo, instó a todos los involucrados a no demorar su aprobación más allá del año 2030. Fernández subrayó que España no puede permanecer inactiva mientras se negocia este tratado crucial y abogó por el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores para abordar las brechas y discriminaciones existentes.
Compromiso institucional y apoyo internacional
La directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 la resolución para iniciar la redacción de la Convención. Destacó que España ha apoyado este proceso desde sus inicios, incluso cuando hubo reticencias en Europa. Sancho afirmó que esta Convención podría ser un instrumento clave para crear “una sociedad más igualitaria y justa”, garantizando así el derecho a envejecer con salud y dignidad.
Además, expresó el deseo de España de ser un país “pionero y líder” en el reconocimiento del derecho al envejecimiento saludable, participando activamente en las reuniones intergubernamentales y consultas en Naciones Unidas para definir los principios del futuro texto.
Retos actuales y perspectivas futuras
En otro panel dedicado al papel de la sociedad civil, Ángel Yagüe, representante de AGE Platform Europe, vinculó la urgencia por crear esta Convención con una “transición demográfica sin precedentes”. La presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, describió la Convención como un cambio necesario para abordar las necesidades específicas de las personas mayores en el siglo XXI.
Gregorio Saravia del CERMI Estatal subrayó que es “urgente” contar con esta Convención en un contexto internacional complicado para los derechos humanos. Hizo hincapié en que es fundamental incorporar las perspectivas específicas de las personas mayores con discapacidad durante estas negociaciones.
Mecanismos para garantizar derechos
María José Segarra, fiscal coordinadora sobre Personas con Discapacidad y Mayores, explicó que el valor añadido de esta Convención radica en su capacidad para proporcionar mecanismos efectivos que verifiquen y promuevan los derechos reconocidos. Asimismo, alertó sobre problemas persistentes como la infradenuncia y la interiorización del abuso hacia las personas mayores.
Por su parte, María Teresa Verdugo defendió que esta Convención permitiría sistematizar derechos fundamentales e incluiría medidas concretas contra la discriminación por edad. La catedrática Ana María Marcos enfatizó la necesidad urgente de reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos sin caer en paternalismos.
Un llamado a la acción
Cerrando el evento, Eduardo Ramón Merino de Mena, director de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, reconoció un contexto internacional complejo pero reafirmó el compromiso inquebrantable de España por impulsar esta Convención. Recordó además el compromiso histórico del país con tratados internacionales sobre derechos humanos.
La jornada organizada por la PMP ha reforzado un consenso institucional sobre la necesidad imperiosa de avanzar hacia un marco internacional específico que asegure los derechos fundamentales de las personas mayores. Se busca colocar dignidad e igualdad en el centro mismo de las políticas públicas frente al desafío global del envejecimiento poblacional.
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