En 2016, Vanesa Rodríguez Álvarez y Fernando Rubiera Morollón, profesores de la Universidad de Oviedo, publicaron en Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research un extenso estudio titulado 'Panorama de las buenas prácticas y políticas adoptadas en la Unión Europea frente al envejecimiento'.
El trabajo recogía datos de 2014 y analizaba experiencias europeas para afrontar el envejecimiento de la población, estructuradas en cuatro grandes líneas:
- Ciudades e infraestructuras adaptadas a las personas mayores.
- Políticas de apoyo y adaptación al envejecimiento.
- Medidas para atraer familias jóvenes.
- Estrategias de dinamización económica.
Los autores mostraban cómo el envejecimiento, ya entonces calificado de “alarmante”, no era un fenómeno homogéneo: se concentraba especialmente en las zonas rurales, las regiones periféricas y las provincias del noroeste español. En esas páginas se hablaba de Castilla y León, Galicia o el norte de Europa, donde se impulsaban proyectos para rehabilitar edificios abandonados, fomentar el voluntariado intergeneracional, combinar transporte público y social, o atraer a médicos jóvenes a zonas rurales.
El texto respiraba una idea central que sigue siendo válida: envejecer no es solo una cuestión demográfica, sino territorial, económica y social. Y, por tanto, la respuesta debe venir de políticas integradas que no separen el urbanismo del bienestar ni la economía.
Cuando Rodríguez y Rubiera publicaron su artículo, las personas mayores de 65 años representaban en España alrededor del 18% de la población. Hoy somos ya más del 21%, y si las proyecciones se cumplen, superaremos el 30% en menos de dos décadas.
¿Podemos imaginar lo que significa? Un país en el que por cada niño haya dos personas mayores. Un país donde las ciudades, los hospitales y las residencias tendrán que funcionar de otra manera si queremos mantener una vida digna y sostenible.
Si en 2014 se hablaba de adaptar viviendas y servicios, en 2025 el debate debería ser otro: cómo sostener un modelo de cuidados con menos cuidadores y más mayores, cómo garantizar servicios públicos sin multiplicar el gasto, o cómo aprovechar la tecnología sin deshumanizar la atención.
La metáfora podría ser la de un tren que avanza lentamente por una pendiente cada vez más empinada. Sabemos desde hace tiempo que viene la cuesta, pero seguimos mirando por la ventanilla en lugar de preparar el motor.
Muchas de las iniciativas recogidas en el estudio —cohousing, telemedicina, voluntariado intergeneracional— siguen siendo inspiradoras. Pero algunas han envejecido mal, como esas ciudades que instalan rampas mientras se olvidan de las aceras rotas.
El gran reto de entonces sigue siendo el de hoy: pasar del proyecto piloto a la política estable. En demasiados casos, las “buenas prácticas” se quedaron en experimentos puntuales financiados por programas europeos, sin continuidad cuando se acabaron los fondos.
Mientras tanto, el envejecimiento ha avanzado más rápido que las políticas. En España, la esperanza de vida se mantiene alta, la natalidad cae y los territorios rurales se vacían. El mapa que en 2014 mostraba provincias envejecidas ahora es más oscuro: ya no se limita al noroeste, sino que alcanza casi todo el interior.
Cuando lleguemos al 30% de mayores de 65 años, ya no hablaremos de un “problema demográfico”, sino de una nueva normalidad. Hoy hay más abuelos que nietos, pero va a haber muchos más, habrá en algunos pueblos con más personas dependientes que trabajadores, y una economía que deberá girar inevitablemente hacia el cuidado necesitando inventar nuevas formas de atención que se basen en la tecnología ante la ausencia de cuidadores profesionales.
¿Estamos preparados? No quiero decir “económicamente preparados” sino “mentalmente”, o sea ¿estamos dispuestos a aceptar que tendremos que hacer las cosas de forma diferente? ¿Aceptaremos dar más protagonismo a soluciones basadas en inteligencia artificial o incluso en la robótica?
Sabemos más o menos lo que hay que hacer: adaptar viviendas, digitalizar servicios, integrar la sanidad y la atención social, potenciar cuidados en la comunidad o propiciar la apertura de nuevas residencias, pero seguimos actuando como si el futuro no fuese a llegar.
En 2014, el artículo de Rodríguez y Rubiera cerraba con una advertencia: el envejecimiento requiere una atención política urgente y sostenida. Once años después, sigue siendo el mismo mensaje.
Quizá la pregunta más honesta sea otra: ¿cuánto más tardaremos en dejar de hablar de buenas prácticas y empezar a convertirlas en políticas normales?
¿Quiero decir con esto que todo lo que se hizo fue inútil? No. Pero sí que corremos el riesgo de repetir los diagnósticos sin poner el tratamiento. Envejeceremos como sociedad, queramos o no. La cuestión es si lo haremos con previsión o con improvisación.
Porque el tiempo, a diferencia de las políticas, no se financia con fondos europeos.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
Síguele el Linkedin: https://www.linkedin.com/mynetwork/discovery-see-all/?usecase=PEOPLE_FOLLOWS&followMember=josep-de-marti-valles
Si (
No(