La PMP solicita un Pacto de Estado y mayor impulso público para reformar la Ley de Dependencia

Un Pacto de Estado y un mayor impulso tanto de los poderes públicos como de la ciudadanía. Esto es lo que solicita la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) para llevar a cabo las reformas necesarias en el ámbito de la dependencia. Esta petición se realizó durante un diálogo organizado con la agencia de noticias Servimedia, titulado ‘Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia’.

La participación en el encuentro incluyó a Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP; Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y Victoria Zunzunegui, epidemióloga y experta en envejecimiento.

Durante el debate, Jesús Norberto Fernández expresó que la Plataforma que lidera “ve satisfechas muchas de sus aspiraciones en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), ya que representa una nueva concepción de derechos que nos acerca al contexto europeo, con un enfoque en la inclusión social y estrategias centradas en la persona. Esto introduce una variedad de servicios de apoyo en el hogar para poder seguir envejeciendo en casa”. Además, agregó: “Si bien persisten incertidumbres en cuanto a los tiempos de tramitación, la desigualdad territorial y la sostenibilidad financiera”.

Pérez Bueno ha indicado que “en cuanto al modelo de ley, se espera que esta reforma pueda dar más de sí”. No obstante, también destacó que “la financiación aún está por resolver y, en cuanto a la gobernanza, es crucial apelar a los poderes públicos estatales y territoriales para su mejora”. Además, subrayó la importancia de mejorar la gobernanza entre las administraciones en los tres niveles de gestión. También mencionó el servicio de asistencia personal como un elemento inclusivo y esencial para las personas con discapacidad, cuyo desarrollo todavía está pendiente en algunas regiones del país, haciendo hincapié en la necesidad de regularlo laboralmente.

Victoria Zunzunegui ha centrado su atención en la situación laboral de quienes trabajan en el Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Ha subrayado la importancia de “asegurar una mejora en sus condiciones de trabajo” y también ha enfatizado la necesidad de proporcionar una formación adecuada para este sector. Además, ha valorado esta reforma por su enfoque comunitario, así como por “la ruptura de la disyuntiva de domicilio o residencia para las personas mayores y con discapacidad, además de los nuevos productos y servicios flexibles que ésta prevé”. También ha destacado la relevancia de implementar estas medidas tanto en entornos urbanos como, sobre todo, en áreas rurales.

Zunzunegui ha destacado, entre los aspectos que requieren mejora en la norma, la “concreción en la evaluación de las prestaciones para mejorar su calidad y eficacia, así como la reducción de cargas administrativas en el proceso de entrada al sistema”. Además, ha enfatizado la importancia de una adecuada coordinación sociosanitaria y la necesidad de asignar recursos que garanticen la participación ciudadana en las comunidades autónomas, con el fin de que esta transformación y cambio de modelo se implemente de manera eficiente.

Rosa Martínez, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha señalado que “el principal objetivo del anteproyecto de ley es adaptar el sistema de dependencia al nuevo modelo de cuidados, que ya está presente en muchos países europeos y que responde a un mandato ciudadano surgido a raíz de la pandemia”. También ha admitido que el SAAD fue creado con una financiación insuficiente, encontrándose por debajo de la media de los países de la OCDE. Además, ha enfatizado la urgencia de “actuar en dos frentes: la mejora de la financiación y la mejora de la normativa”, subrayando que ahora es el momento adecuado para implementar estos cambios, dado que se debe comenzar a enfrentar el gran desafío del envejecimiento demográfico.

Martínez ha instado a que esta reforma se sitúe con la suficiente fuerza en el centro del debate público, al mismo tiempo que ha enfatizado la importancia de un impulso y presión por parte de la ciudadanía. Esto debería resultar en una mejora del sistema de cuidados y fomentar un mayor compromiso de todas las administraciones implicadas, de modo que "el respaldo social se traduzca en respaldo político".

En este contexto, ha enfatizado que “los desafíos del envejecimiento y el cambio de modelo de cuidados de larga duración constituyen un reto de país, el cual conlleva necesariamente un amplio consenso a nivel institucional, político y social”. Además, ha informado que se espera que la norma sea presentada en el Congreso de los Diputados durante el próximo otoño a nivel gubernamental.

Fernández ha señalado que “desde la PMP echamos de menos un debate más amplio sobre lo que supone el envejecimiento de la población y sobre la necesidad de invertir en lo social”. Además, ha subrayado la importancia crucial de “renovar la idea de un Pacto de Estado en torno a la dependencia, ya que la política social y la económica son inseparables en un modelo europeo de bienestar social”, reafirmando que “la inversión en lo social siempre es económicamente rentable”.

El presidente de la PMP ha indicado que "es el momento para concentrarnos en los procesos de actuación que se vienen llevando a cabo de cara a la gestión del sistema, de realizar un análisis de la efectividad de los recursos, en cuanto a su optimización, interoperabilidad, mejora y de cara a la simplificación de procedimientos que posibiliten recortar plazos de tramitación y mejorar la resolución de los expedientes de dependencia, acercándose a la ley de procedimiento administrativo común. Igualmente, debemos buscar el equilibrio entre las prestaciones de servicios y las económicas".

En resumen, la PMP ha subrayado que, a pesar de los avances positivos que representa la futura reforma de la LAPAD en términos de contenido y modelo, es imprescindible un amplio acuerdo entre los poderes públicos, tanto a nivel estatal como territorial. Además, se requiere el apoyo de la ciudadanía en general para lograr que España disponga finalmente de un cuarto pilar del bienestar sólido y estable.