José Manuel Freire (PMP): "Las residencias no son parte del sistema sanitario, son los domicilios de los que allí viven"

La atención sanitaria que reciben las personas mayores en residencias sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Estado del bienestar. Así lo denuncia el doctor José Manuel Freire, médico y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, y presidente de la Comisión de Sanidad de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que urge a poner en marcha reformas estructurales para alcanzar un Sistema Nacional de Salud más robusto y equitativo: “Nuestra sanidad pública es de lo más bueno y valioso que tenemos en España. Pero tiene problemas que precisan reformas y más recursos. Las dos cosas juntas”.

En el centro de esas reformas está la necesidad de una coordinación sociosanitaria real y efectiva entre el sistema sanitario y los servicios sociales, especialmente en el ámbito residencial. Freire es claro: “Una premisa para una buena coordinación entre dos organizaciones es que cada una, por sí misma, tenga una organización bien estructurada que funcione adecuadamente”. Añade que “España tiene el reto de desarrollar un sistema sólido de servicios sociales similar a lo que tenemos en sanidad, con una cartera de servicios bien definida y de cobertura universal”.

El presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, tras criticar que “tenemos un sistema de gobernanza capturado por la politización partidaria”, propone reforzar la atención primaria en residencias con más presencia de profesionales sanitarios: “Las personas que viven en una residencia tienen derecho a una atención primaria, cuando menos, igual al resto de la población”, pero dadas sus mayores necesidades, “sería conveniente que su atención primaria estuviera reforzada con servicios adecuados a sus necesidades”.

Freire advierte que no se trata de convertir las residencias en hospitales, pero sí de garantizar la atención sanitaria que corresponde a cualquier ciudadano: “Sorprendentemente me he encontrado algunas personas que equivocadamente asumen que las residencias privadas deben tener médicos privados, como si los que allí viven hubieran dejado de ser ciudadanos normales”.

Pero el responsable de la PMP da más detalles en esta entrevista:

- Ustedes urgen a implementar reformas para lograr un Sistema Nacional de Salud robusto y equitativo. ¿Cuáles considera que son las reformas más urgentes y cómo deberían priorizarse para mejorar la atención a las personas mayores?

Nuestra sanidad pública es de lo más bueno y valioso que tenemos en España. Pero tiene problemas que precisan reformas y más recursos. Las dos cosas juntas. Las reformas se precisan tanto a nivel nacional, de todo el Sistema Nacional de Salud, como a nivel de las Comunidades Autónomas que son las que organizan y gestionan los servicios sanitarios. Pero para avanzar en ello es preciso que la sanidad tenga la alta prioridad que tiene para los ciudadanos en la agenda política nacional y en la de las CCAA. Ahora no la tiene. Y sin ella es imposible hacer nada porque la sanidad moderna es muy compleja y alberga muchos y poderosos intereses de todo tipo que hacen muy difícil las reformas por su alto coste político.

Los problemas principales de la sanidad pública española son de gobernanza y de gestión a todos sus niveles (nacional, autonómico, de centros) y por ahí deberían empezar las reformas. La sanidad pública deber ser gestionada públicamente, pero con formas agiles que le permitan cumplir su misión. Hemos trasladado miméticamente a la sanidad la cultura y las prácticas de una función publica que en España es poco ejemplar y tiene pendiente su reforma; y eso no funciona en una sanidad moderna.

Tenemos un sistema de gobernanza capturado por la politización partidaria, y eso tampoco es bueno; ningún otro país europeo comparable tiene gerentes de nombramiento político al frente de sus hospitales. La regulación actual del personal sanitario es tremendamente disfuncional, maltrata a nuestros profesionales y precisa cambios desde hace décadas.

Nada de esto es nuevo. Estas ideas están en las recomendaciones aprobadas por la gran mayoría de diputados, nada menos que 256, en el Congreso a propuesta de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica sobre Sanidad y Salud Pública cuando todavía vivíamos bajo el pánico de la pandemia. Desgraciadamente, pasado el pánico de aquel momento estas propuestas han caído en el olvido político.

Respondiendo a su segunda cuestión. La mejora de la atención a las personas mayores implicaría, entre otras cosas, avanzar en un código o protocolo de buen trato específico a las personas mayores dentro de la sanidad. En segundo lugar, un gran refuerzo de la atención domiciliaria especialmente de la enfermería de los centros de salud y, muy importante, una revisión a fondo de la atención sanitaria que en la actualidad reciben las personas que viven en residencias de mayores.

- Se insiste siempre desde el sector de la atención a las personas mayores en la necesidad de una verdadera, real y efectiva coordinación sociosanitaria. ¿Qué barreras existen actualmente para lograr esa colaboración efectiva entre servicios sociales y sanitarios, especialmente en el ámbito residencial?

Una premisa para una buena coordinación entre dos organizaciones es que cada una, por sí misma, tenga una organización bien estructurada que funcione adecuadamente. Mientras que la sanidad pública del SNS tiene una entidad reconocible en todo el territorio con una organización capilla que llega de forma similar a todos, los servicios sociales distan mucho de tener la entidad, la solidez y un funcionamiento comparable al de la sanidad pública.

Un caso muy concreto son estas diferencias entre los servicios de proximidad de la atención primaria sanitaria (Centro de Salud) y lo que existe -más bien lo que no existe- en servicios sociales. España tiene el reto de desarrollar un sistema solido de servicios sociales similar a lo que tenemos en sanidad, con una cartera de servicios bien definida y adecuada a las necesidades, de cobertura universal como parte de derechos universales de ciudadanía común compartida.

- En muchas residencias de mayores, el acceso a la atención sanitaria depende de la comunidad autónoma. ¿Qué modelo proponen para garantizar la equidad en la asistencia sanitaria dentro de estos centros, independientemente del territorio?

En toda España la sanidad pública que, por supuesto incluye a las residencias de mayores, es responsabilidad de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Las residencias son el domicilio a todos los efectos de las personas que viven allí, que es donde debe recibir la misma atención que tiene el resto de la ciudadanía. Desgraciadamente este no es el caso.

Las personas que viven en una residencia tienen derecho a una atención primaria (médico de familia, enfermera) cuando menos igual al resto de la población. Pero, dado que en las residencias se juntan varias personas que frecuentemente por edad tienen más necesidades de atención sanitaria, sería conveniente que su atención primaria estuviera reforzada con servicios adecuados a sus necesidades; por ejemplo, con una dotación mayor de cuidados de enfermería y de médicos de familia, por supuesto con consulta en las propias residencias, especialmente si éstas tienen un gran número de personas.

La situación de la atención sanitaria en las residencias es muy variable según CCAA y dentro de cada Comunidad para cada residencia. La pandemia COVID ha expuesto con crudeza la realidad bastante negativa de muchas residencias. Y no parece que se hayan tomado medicas para cambiarla. De hecho, la situación de salud y de la atención sanitaria de las residencias de mayores merece en todas las CCCAA una evaluación a fondo para luego tomar medidas de salud pública que prevengan situaciones tan frecuentes como evitables (escaras, infecciones urinarias, brotes de toxiinfecciones alimentarias, etc.); sin duda es preciso reorganizar la atención sanitaria actual de muchas residencias, garantizando una atención primaria de calidad, de acuerdo a las necesidades de las personas mayores.

España es uno los países europeos con más bajo gasto en cuidados de largo plazo, menos de un 1% del PIB. Las residencias no son hospitales, ni los hospitales residencias; por ello es importante enfatizar la necesidad de incrementar las camas en hospitales de media y larga estancia para atender a los pacientes que precisa cuidados especiales, a pacientes que actualmente están en hospitales de agudos sin necesidad y también para tener un refuerzo de cuidados de enfermería y atención médica cuando no es posible una buena atención en el domicilio, sea éste una residencia o la casa de toda la vida.

- ¿Cree que el actual modelo de financiación del sistema sanitario contempla suficientemente las necesidades específicas del envejecimiento poblacional y la cronicidad asociada?

En la actualidad en España la sanidad pública no tiene un modelo de financiación específico propio, diferenciado y finalista. La financiación de la sanidad pública española la deciden las CCAA, sus gobiernos y sus parlamentos, no el Gobierno de España. La sanidad está metida indiferenciadamente dentro del Sistema de Financiación Autonómica (SFA); éste tiene un componente, el Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales (FGSPF) que nivela la financiación de los servicios públicos fundamentales (sanidad y educación) en todos las CCAA, teniendo en cuenta indicadores relacionados con la población que influyen en estos gastos.

Sin embargo, la cantidad que el Gobierno central transfiere, calculada con estos parámetros, llega a las CCAA como financiación indiferenciada y no finalista, de modo que finalmente son los gobiernos autonómicos y sus parlamentos quienes deciden la cuantía del gasto sanitario.

En definitiva, y vale la pena repetirlo porque mucha gente lo ignora: la financiación sanitaria se decide a nivel de cada Comunidad Autónoma. En la medida en la que ello da lugar a diferencias de gasto per cápita notables entre CCAA, hay voces a favor de modificar el sistema introduciendo un componente finalista que disminuya las desigualdades territoriales, con la obligación de dedicar a sanidad una cuantía determinada.

Aclarado esto, hay que decir que en su conjunto la sanidad española tiene una financiación baja, bastante inferior a las necesidades, tanto en comparación a otros países de nuestro entorno en la UE, como en relación con la demanda y necesidades no atendidas, como reflejan las listas de espera en las que hay demoras inaceptablemente largas. Además, es importante tener en cuenta que siendo España un país rico hay servicios básicos, como la atención bucodental, que no están incluidos en la cartera de sanidad, dando lugar a desigualdades sociales en salud inaceptables e injustas.

En definitiva, el SNS español debe tener más financiación, pero este incremento para redundar en una mejor atención ha de ir acompañado de reformas que hagan posible un uso eficiente de los recursos.

- ¿Qué papel deberían tener las propias residencias en la estrategia de salud pública y atención primaria? ¿Se está infrautilizando su capacidad como parte del sistema sanitario?

Como he dicho antes, las residencias son el domicilio de las personas que allí viven. Hay un gran acuerdo social e incluso político de que las residencias de mayores y la política de residencias en España necesita una revisión a fondo. He mencionado antes algunos problemas de salud pública de las residencias de mayores que merecen estudio y atención (una alta tasa de infecciones urinarias, prevalencia de escaras, frecuentes brotes de origen alimentario, etc.). Mejorar esto corresponde a los servicios de Salud Pública de las CCAA y de atención primaria.

Las residencias de mayores no son parte del sistema sanitario, son los domicilios de los que allí viven. Y el sistema sanitario tiene que tratar a los residentes como ciudadanos con iguales derechos a la atención que cuando vivían en sus casas. Sean residencias públicas o meramente privadas; sorprendentemente me he encontrado algunas personas que equivocadamente asumen que las residencias privadas deben tener médicos privados, como si los que allí viven hubieran dejado de ser ciudadanos normales.

Lo que sí parece sensato es adecuar la atención primaria lo más posible a las necesidades sanitarias de las personas que viven en residencias, aprovechando que en un mismo entorno hay un grupo de personas mayores tiene necesidades sanitarias específicas y similares. Como he dicho antes, habría que dotarles de más servicios enfermería y de médicos vocacionalmente orientados a atender a las personas mayores.

- ¿Ha habido avances reales en los últimos años en materia de colaboración sociosanitaria o seguimos en un punto similar al de hace una década? ¿Qué papel juegan plataformas como la suya para que se escuche la voz de las personas mayores en este proceso?

Indudablemente en los últimos años, especialmente a partir de la COVID, existe una mayor conciencia de la necesidad de colaboración sociosanitaria, tanto en los domicilios particulares como, especialmente, en las residencias, cuyas carencias ha evidenciado dramáticamente la epidemia pandemia COVID. Honestamente no sabría decir si esta mayor preocupación se ha traducido en avances reales durante los últimos años porque cada Comunidad Autónoma es muy diferente a otras y dentro de cada una hay circunstancias muy diferentes. Mi impresión personal es que poco o nada ha cambiado a mejor en las residencias después del trauma de la pandemia.

La Plataforma Mayores y Pensionistas (PMP), al igual que todas las organizaciones que la integran, son un poderoso instrumento para alzar la voz a favor de los mayores; también, sobre las necesidades y los retos que hoy tenemos en materia de coordinación sociosanitaria; para plantear alternativas y para exigir a los poderes públicos que actúen en consecuencia.

Muy posiblemente para ser más eficaces en esta labor, todas estas organizaciones han de aprender del activismo cívico político de otros países que prioriza actividades muy focalizadas y orientadas a influir en el proceso político por el que se toman decisiones que afecta a toda la población y especialmente a los mayores… Se trataría de movilizar a la ciudadanía para que influir con sus votos en los políticos, de modo que estos tomen nota y actúen en consecuencia.