La Fundación Edad&Vida celebró la pasada semana en Madrid una Mesa de Diálogo, esta vez sobre el Impacto del IVA y la fiscalidad en la economía de las personas mayores.
La primera conferencia corrió a cargo de Dolores Dizy, profesora titular del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, quien analizó la fiscalidad que se aplica actualmente a los mayores de 65 años. Una situación, la del envejecimiento, que junto a la discapacidad y dependencia no aparecen muy separadas al menos en la legislación tributaria, según concluye la profesora, quien además señala que la mayoría de las medidas fiscales como medio de protección de colectivos desfavorecidos, van dirigidas a las personas discapacitadas y, en menor medida, a las personas en situación de dependencia.
Además, observa la profesora Dizy, en términos de equidad se complica aún más con el desarrollo normativo de las CCAA, ya que por un lado las ayudas públicas a colectivos en riesgo de exclusión social sólo están exentas si las perciben menores y/o discapacitados; y por otro, la conciliación de la vida laboral y familiar sólo se contempla a nivel tributario en el caso de menores (leer completa).
A continuación se celebró una mesa redonda sobre Fiscalidad, IVA y personas mayores en la que Rafael Sánchez-Ostiz, director general de IDEA e impulsor del Proyecto IPC Senior, una herramienta que pretende sensibilizar a la sociedad para corregir la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de gasto en IVA o vivienda de los mayores. Según este indicador, entre 2010 y 2015 la población senior habría sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 3,8%, siendo más acusada entre 2010 a 2013 periodo en el que alcanzó el 5%. A la vista de estos datos, Sánchez-Ostiz reclama medidas específicas y políticas fiscales discriminatorias para compensar un gasto más justo de la población senior (leer completa).
Por último, Mario Ferra, director de Administración del grupo residencial SARquavitae y Roberto Criado, director Regional de Ventas de Laboratorios Hartmann, dedicados a la fabricación de productos sanitarios y de higiene, reflexionaron sobre los tipos impositivos del IVA aplicados a productos y servicios para personas mayores (leer completa SARquavitae y Hartman).
Durante la presentación de las Jornadas, el presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, reclamó al Gobierno una revisión de los tipos impositivos de IVA para determinados productos y servicios, como los servicios de atención a la dependencia, los servicios funerarios o los productos sanitarios, muy consumidos por personas en situación de dependencia o enfermos crónicos. Ya que el IVA al tratarse de un impuesto indirecto al consumo, no tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada individuo, “con un efecto claramente negativo para la economía de los mayores, grandes consumidores de productos y servicios relacionados con el cuidado de la salud, que son de primera necesidad para este colectivo”, aseguró Rovira.
Es por ello que ha propuesto aplicar nuevas medidas e incentivos fiscales en este sentido. Entre ellas, considerar los servicios de atención a la dependencia (centros residenciales, centros de día, teleasistencia y servicios de atención a domicilio) como servicios de primera necesidad y, como tales, establecer para ellos un tipo de IVA súper-reducido del 4%.
En este contexto, Juanjo Mulero, director general Seguros Generales y Vida en DKV Seguros y ERGO Seguros, que intervino también en las jornadas, ha afirmado que es necesario replantearse el impacto que este tipo de impuesto tiene sobre la economía de las personas mayores. En su opinión, “hay necesidades naturales, como la muerte, que no pueden estar penalizadas y gravadas con el mismo tipo de IVA que otros productos”, como los artículos de lujo.
El punto de vista de la Administración, vino de la mano de
Ricardo Álvarez, subdirector general de Impuestos sobre el Consumo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien, a pesar de calificar como complicada una rebaja de los tipos impositivos, no descartó la posibilidad futura de una mayor flexibilidad en el sistema tributario que permita “garantizar la calidad de vida de los mayores y el mantenimiento de la Seguridad Social y las pensiones”.
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