En el mundo de la atención a la dependencia, llevamos años viendo cómo las necesidades aumentan mientras las soluciones se postergan. No es una novedad. Lo que sí es novedoso es el panorama en el que nos encontramos ahora: un ministro que rechaza reunirse con las patronales de residencias privadas, un déficit creciente de plazas que difícilmente podrá resolverse sin colaboración público-privada y una apuesta política por la llamada "desinstitucionalización", como si cuidar a domicilio fuese una solución mágica que pudiese sustituir a los cuidados residenciales.
A todo esto, el sector sigue reclamando un gran pacto por la dependencia, mientras el ministro se enfoca en el alumbramiento de una nueva ley. Un pacto que nunca llega y un parto que, sin financiación, puede acabar en mortinato.
La incomprensible negativa al diálogo
El ministro Bustinduy ha decidido que no tiene interés en sentarse a hablar con las patronales del sector privado, esas mismas que gestionan buena parte de las plazas residenciales en España. Se podrá argumentar que no es obligación del Gobierno negociar con empresas privadas, pero cuando esas empresas prestan un servicio esencial para la sociedad, y además lo hacen con financiación pública en muchos casos, la negativa a dialogar suena más a ideología que a gestión.
¿Cómo se pretende abordar un problema estructural sin escuchar a una parte fundamental del sector?
Las plazas residenciales son un recurso esencial para la atención de las personas mayores en situación de dependencia. Si el Gobierno decide no sentarse con quienes gestionan estas plazas, ¿cómo espera mejorar la oferta y garantizar el acceso en el corto, medio y largo plazo? Negarse al diálogo no hará que desaparezca el problema del déficit de plazas, solo lo hará más difícil de gestionar.
El aumento imparable de la demanda
Mientras tanto, la realidad se impone: el número de personas mayores con dependencia severa crece a un ritmo muy superior al de las plazas disponibles. Esto no es una especulación, es un hecho. Y los hechos no se resuelven con discursos políticos, sino con recursos y planificación. Si el sistema de atención a la dependencia en España ya estaba al límite, el futuro próximo se antoja insostenible sin medidas concretas.
Los datos son claros: la esperanza de vida sigue aumentando, lo que implica un mayor número de personas mayores que, con el paso del tiempo, desarrollarán necesidades de atención más complejas. La cronicidad de muchas enfermedades, el aumento de los casos de demencia y la falta de apoyo familiar en muchos casos hacen que la demanda de residencias no solo no vaya a disminuir, sino que crecerá exponencialmente. Medidas que, guste o no, requieren financiación y requieren que el sector público y privado trabajen juntos.
Desinstitucionalización: una idea bonita, pero insuficiente
Sin embargo, en lugar de un plan realista, las administraciones han optado por una vía que parece más una declaración de intenciones que una solución viable: la apuesta por la "desinstitucionalización". En otras palabras, la idea de que el mejor lugar para recibir cuidados es el hogar, y que la falta de plazas en residencias puede compensarse reforzando la atención domiciliaria.
La teoría es hermosa, pero ¿alguien ha analizado si es viable en términos de personal, costes y calidad asistencial?
Para que una persona con una gran dependencia pueda ser atendida en su casa no basta con que haya una persona dispuesta a cuidarla. Hace falta que la vivienda esté adaptada: que no haya barreras arquitectónicas, que existan ayudas técnicas, que los accesos sean seguros. ¿Cuántas viviendas en España cumplen estos requisitos? No las suficientes.
En edificios antiguos, sin ascensores, con puertas estrechas, con baños poco accesibles, la idea de cuidar a una persona mayor dependiente se convierte en un desafío casi imposible al que se enfrentan cada día miles de personas.
Además, la atención domiciliaria hoy en día es un parche más que una solución. El actual sistema de atención a la Dependencia con sus decretos de intensidad de atención establece un máximo que apenas llega a tres horas diarias en los casos más graves. ¿Alguien cree que con tres horas al día puede atenderse de manera adecuada a una persona en situación de gran dependencia que en la actualidad recibe atención en una residencia?
La realidad es que el deseo de ser cuidado en casa es comprensible y legítimo. Nuestros gobernantes no deberían manipularlo ni jugar con él. Todos querríamos ser cuidados en casa, lo que significa que nadie querría encontrarse en una circunstancia que haga imposible ser cuidado en casa. Pero la vida no siempre nos deja elegir. Habrá un número creciente de personas para las que mantenerse en el hogar será inviable, por mucho que las administraciones quieran convencerse de lo contrario.
Y lo peor es que, si no se construyen las residencias que vamos a necesitar, esas personas acabarán malviviendo y "malmuriendo" en sus casas sin los servicios que necesitan, sin saber quizás que parte de lo que motivó su precaria situación fue la falta de audacia y de previsión de nuestros gobernantes en 2025.
Pacto o reforma: ¿qué es lo realmente urgente?
En esta situación, la patronal Lares y otros actores del sector insisten en la necesidad de un gran "pacto de estado por la dependencia". No se equivocan: lo que hace falta es un consenso amplio en el que participen administraciones, sector privado, profesionales y sociedad civil. Un acuerdo que no dependa de los vaivenes políticos y que garantice un modelo sostenible de atención, como mínimo para los próximos veinte años.
Pero en lugar de avanzar en esa dirección, el ministerio prefiere hablar de reformar la Ley de Dependencia. ¿El problema? Que sin una financiación adecuada, cualquier reforma será un ejercicio de retórica vacío. Sin presupuesto, cualquier nueva ley no será más que una declaración de buenas intenciones que se estrella contra la realidad de la falta de recursos.
Si realmente queremos mejorar la atención a la dependencia, hay que empezar por lo básico:
- Más plazas en residencias: No hay alternativa para muchas personas, y el déficit de plazas es una bomba de tiempo.
- Más horas de atención domiciliaria: Tres horas al día en los casos más graves es claramente insuficiente.
- Adaptación de viviendas: Apostar por el cuidado en casa implica adaptar los hogares, y eso requiere inversión en ayudas técnicas y accesibilidad.
- Diálogo entre todos los actores: No se puede reformar la dependencia ignorando a quienes la gestionan en el día a día.
Hoy no escribo sobre la necesidad de atraer y fidelizar a personal preparado para trabajar en la atención a personas mayores. No es que la cuestión haya perdido relevancia, es que, como diría mi paisano: "Hoy, no toca".
Así que, parece que estamos en una encrucijada: algunos piden un pacto, otros buscan un parto. Pero sin recursos, sin diálogo y sin una visión de largo plazo, lo que nos espera no es ni un acuerdo ni un nacimiento, sino un colapso. ¿Soy el único que está preocupado?
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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