La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) celebra el “hito histórico” que supone la aprobación este miércoles en las Cortes autonómicas de la Ley de Residencias, ya que aporta esa “seguridad jurídica” que requerían todas las residencias y centros de día que en Castilla y León han apostado por el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), regulariza la historia de vida, las unidades de convivencia, así como el tipo de personal que debe atender a los usuarios.
“Residencias, como Lacort en Valladolid o Los Royales en Soria, pioneras en España en la puesta en marcha de este modelo hace ya más de una década, bien saben lo que es no contar con un marco legal. Ellos y todos los centros que siguieron sus pasos llevaban muchos años, demasiados ya, sin tener ese soporte”, recuerda el vicepresidente de Acalerte, Javier Sanz, quien ha asistido al pleno en las Cortes en el que se ha aprobado la Ley de Residencias, junto a parte de la junta directiva de la Federación.
Pese a la satisfacción por ver aprobada la Ley, Acalerte exige a la Consejería que lidera Isabel Blanco que el desarrollo normativo de la Ley “se ajuste a la realidad del sector” y recoja los aspectos concretos que la Federación lleva defendiendo, con sus alegaciones, desde que hace tres años y medio se empezara a diseñar el contenido de la norma en Castilla y León.
Sanz ha manifestado que “Acalerte vigilará muy de cerca los futuros decretos que se vayan desarrollando” y ha señalado que la extensión de este modelo en Castilla y León requiere sí o sí “una financiación digna por parte de la Administración autonómica”.
“Se necesita más dinero y, sobre todo, que la Junta de Castilla y León reponga a la Dependencia los 7,4 millones que dejó de aportar de sus propias arcas aprovechando que el Gobierno de España inyectaba financiación a las autonomías a través del Plan de Choque para la Mejora del Sistema de la Dependencia”.
Solo así, a juicio de Sanz, será posible aumentar las ratios de personal, incorporar nuevos profesionales técnicos, incrementar los salarios y la formación para el personal, además de adecuar las infraestructuras de los centros residenciales y de día a los nuevos requisitos marcados en la Ley de Residencias.
Subida de ratios
“Todas las subidas de ratio que se aprueben deben ir acompañadas de mayor financiación para el sector”, ha pedido el vicepresidente de Acalerte, quien ha recordado el peso de la atención a las personas mayores y/o personas en situación de dependencia recae en ese 70% de plazas que tienen financiación pública,
Junto a esto, ha añadido que “el esfuerzo que los profesionales están realizando para adaptarse al nuevo modelo se merece un esfuerzo presupuestario de la Junta que permita dignificar su trabajo”, en un momento en el que el sector, tanto público como privado, se está enfrentando a un acuciante déficit de profesionales que quieran dedicarse al cuidado de las personas.
Las peticiones se hacen extensivas al Gobierno de España, a quien Acalerte reivindica que valore el esfuerzo pionero de Castilla y León y el sobreesfuerzo económico que supone que la aplicación de la Dependencia recaiga en un 70% en el Gobierno autonómico, frente a un 30% en el Gobierno central.
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