La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado este viernes en el Ateneo de Madrid el Índice DEC correspondiente al año 2022 en el que se mide la situación y el desarrollo de los Servicios Sociales en España y por Comunidades Autónomas. Entre sus conclusiones destaca que "hemos avanzado en la imagen de los Derechos Sociales, pero la cobertura sigue siendo la misma que hace 12 años".
Así lo ha explicado su presidente, José Manuel Ramírez, que incidía en que en la mayoría de las comunidades "solo tenemos discursos, anuncios y papeles publicados en boletines", pero que luego no se atiende a las personas mayores o dependientes como marca la ley, por lo que ha repetido que después de estos años, los servicios sociales han conseguido un sistema que ha llamado de "derechos de papel".
Esta asociación ha puesto el foco en que "mejora la ordenación del sector, pero el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía". De esta forma, "el escaso desarrollo de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción social son los principales exponentes de los derechos de papel.
Se salvan en cierta medida Navarra y Castilla y León, que han sido premiadas como las comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales en los últimos diez años.
El número de plazas residenciales públicas apenas aumentan
En cualquier caso, el estudio subraya que los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registran un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia. Así, las plazas residenciales públicas apenas aumentan desde 2019 (incremento porcentual de sólo 6 centésimas). Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las Administraciones.
Desde 2014 los Centros de Día van reduciendo lentamente su escasa cobertura (1,10% en 2014, 1,05% en 2021) y el servicio de Ayuda a Domicilio mantiene una cobertura del 5% desde el año 2018, mientras que su intensidad sigue por debajo de 20 horas mensuales. Además, la teleasistencia domiciliaria va reduciendo su cobertura desde 2018, y ya son menos del 10% de las personas mayores de 65 años quienes la reciben.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insisten: "Es prioritario desarrollar estos servicios para personas mayores, ya que sin ellos resulta imposible garantizar unos cuidados en su entorno cuando se encuentran en situaciones de dependencia, y sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras".
El coordinador de este informe, Gustavo García, recordaba al inicio de su presentación que el Índice DEC, elaborado siempre en base a datos de carácter oficial, es decir, los que aportan las propias CCAA, contempla tres dimensiones: Definición de derechos, estructuras y planificación (D), Relevancia económica (E) y Cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C).
Era claro al apuntar que "la normativa en materia de servicios sociales está muy bien y los discursos son tremendos, pero en la práctica no es así" y señalaba que "muchas personas fallecen sin ver ese derecho reconocido".
El IDEC de 2022 describe la situación de los servicios sociales tras la pandemia generada por la Covid 19 y destaca que, aunque se constata una mejora, tras el retroceso registrado en 2021, como consecuencia, sobre todo, de los avances en la ordenación del sector (normativa), la relevancia económica de los servicios sociales apenas evoluciona, lo que conlleva el deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores o el desmantelamiento de los recursos para la inserción social de personas y familias en situaciones de exclusión social.
García señalaba también, con gráficos del Índice DEC, que "se ralentiza el gasto que las administraciones dedican a servicios sociales después de la pandemia". Algo que, lamentaba, resultaba impensable cuando con el Covid 19 hablaban todo el tiempo de poner a "nuestros mayores" en el centro.
Al respecto, hizo especial hincapié en que "en la pandemia pasó lo que pasó, pero seguimos igual en el número de plazas residenciales públicas, el porcentaje se mantiene, no hay apenas aumento".
Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. No obstante, en 2021, último del que existen datos oficiales del presupuesto liquidado de las Administraciones, se aprecia una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de sólo un 3,5% respeto al año anterior (+15,8 €). El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, seis centésimas menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Aunque en 2021 la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación del Sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, que repercute en el presupuesto de las Comunidades. Lo que sugiere que algunas (11, según el Observatorio de la Dependencia), han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía.
Grandes diferencias entre Comunidades
La Asociación también ha subrayado que año tras año se constatan las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como el País Vasco, con 1.007 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 561 €, un 65% más que en Murcia, con 340 €. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,1%), o Canarias (2,6%), triplican el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%.
Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos: El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689). El % de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación del IMI, Murcia los ha reducido un 62%.
El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las Comunidades es que desde 2022 todas ellas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.
Reconocimiento a Navarra y Castilla y León
Navarra y Castilla y León ha sido reconocidas por liderar durante la última década el ranking de los servicios sociales de todo el país según el Índice DEC que otorga la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales por obtener ambas las mejores puntuaciones en la aplicación del citado índice de forma consecutiva.
La consejera de Derechos Sociales, Economía social y Empleo, Carmen Maeztu, ha agradecido a la Asociación el reconocimiento y ha destacado la “satisfacción que supone que Navarra haya sido reconocida por su liderazgo en los servicios sociales de todo el país”. Ha subrayado también que “este premio es fruto de un compromiso colectivo y la mejor muestra de los altos niveles de solidaridad de la sociedad navarra”.
“Navarra -ha continuado Maeztu- viene destacando por ser una de las comunidades con mayor inversión en los tres pilares del bienestar: sanidad, la educación y los servicios sociales”. La consejera ha recordado, también, uno de los principios desde los que el Gobierno de Navarra gestiona su presupuesto: “Consideramos las políticas en materia de servicios sociales como una inversión, no como un gasto, como una pieza clave para el desarrollo de una economía inclusiva y competitiva”.
Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado que la constancia de los buenos resultados en la prestación de este pilar del Estado social se debe al consenso fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León, las entidades locales y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, que garantiza estabilidad, continuidad y homogeneidad. Ha hecho referencia al desempeño de los profesionales que trabajan en el sistema social autonómico, a quienes ha destacado como los principales artífices de este galardón.
Isabel Blanco ha subrayado que todo ello hace que los Servicios Sociales de la Comunidad sean los más eficientes, es decir, que los recursos se utilizan para lo que realmente necesitan las personas, y ha explicado la complejidad que supone gestionarlos en una realidad sociodemográfica como es la de Castilla y León: una población cada vez más envejecida, atomizada en el entorno rural y acompañada de una baja natalidad. Por ello, el esfuerzo económico para cubrir todas las necesidades es cada vez mayor. No en vano, la Comunidad destaca respecto del gasto social por habitante, que es de 519,3 euros, un 16 % más que el año anterior y 57 euros por encima de la media estatal.
Otro dato que la consejera ha puesto sobre la mesa es el hecho de que la Comunidad haya sido de las pocas que aumentó el gasto en Servicios Sociales sobre el PIB en 2022, el cual alcanzó el 2,12 % −dos décimas más que el año anterior− y superó el 1,82 % de la media del conjunto del Estado. Pero también se incrementaron, en general, las partidas presupuestarias de corte social de las administraciones públicas ubicadas dentro del ámbito territorial de Castilla y León, superando en más de punto y medio a la media nacional. De todo el gasto social de la Comunidad, el 76,6 % corresponde a la Junta.
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