La Comunidad Valenciana ha sido hasta ahora la única que se ha tomado en serio el Acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y Calidad (conocido como Acuerdo Belarra) y ha publicado dentro de plazo el Decreto 27/2023 que ahora se conoce como Decreto de Tipologías.
No sé si la publicación tuvo algo que ver con la derrota electoral de la coalición responsable de la redacción de la norma, lo que sí sé es que ésta ha sido mucho más polémica de lo que cabría esperar de una norma que básicamente debería tener carácter técnico. No sólo recibió críticas durante su elaboración por la ausencia de estudios económicos, no seguimiento de los dictámenes de los órganos consultivos y falta de rigor, sino que, una vez publicada, ya son 16 las entidades; entre asociaciones de familiares, colegios profesionales y patronales representantes de entidades con y sin ánimo de lucro las que han recurrido judicialmente el decreto.
El día 13 de julio nueve entidades, desde la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, el Consejo de Enfermería, federaciones de familiares de alzheimer y de padres con hijos con autismo, el Colegio de Fisioterapeutas, el de pedagogos, hasta la patronal AERTE; han difundido una carta abierta al nuevo gobierno en el que le piden que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios que no lo han sido anteriormente y que se garantice la financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.
Quienes redactaron y presentaron con bastante bombo el Decreto deben estar viendo como su criatura va a tener una vida bastante corta. No me extrañaría que el nuevo gobierno haga caso al clamor contrario a la nueva norma, o que incluso vaya más allá y, sencillamente la derogue. De hecho, en la última asamblea de ACALERTE se les transmitió el compromiso por parte de quien formará el nuevo gobierno de hacer precisamente eso.
El documento que sirve de base al Decreto, el Acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación, puede seguir un destino muy parecido al de este Decreto ya que, pase lo que pase en las elecciones generales, los resultados de las autonómicas han hecho cambiar tanto el mapa electoral que, el Acuerdo Belarra casi no vale ni el papel en el que está escrito.
Para quien se pregunte “¿qué molesta tanto de ese decreto?”, esto son solo algunas notas que he tomado hablando con alguno de los firmantes y críticos con el mismo. Confieso que no me he leído todo el “ladrillo”.
“Respecto a las ratios, se recupera la diferencia entre ratios de autorización y los de acreditación. Según la patronal más representativa en la Comunidad Valenciana, esta recuperación no es adecuada esta distinción, ya que las personas deben ser atendidas en función de sus necesidades y no de quien paga la plaza.
La ratio de autorización de gerocultoras en Comunidad Valenciana debe alcanzar el 0.44 el 1 de Diciembre de 2027, mientras que el de acreditación a nivel nacional queda en 0.43 el 31 de Diciembre de 2029. Es decir, se ha equiparado prácticamente el nivel de acreditación común con el nivel de autorización territorial, lo que además ha generado mucha confusión. Además, hay que alcanzarlo dos años antes, con las dificultades de personal que hay en el sector.
Por otro lado, los centros privados que tienen alguna plaza pública, mediante concierto social o contrato, solo incrementarán su ratio si la administración sube el módulo económico o el precio del concurso, con 12 meses desde ese momento para adaptarse. Esto supone una discriminación muy importante respecto a los centros privados sin plazas públicas.
Se añade un nivel de acreditación, para los centros públicos o con más del 75% de plazas públicas, con un ratio de 0.50 gerocultoras. Esto supone un incremento sobre el ratio estatal de más de 16% en una comunidad claramente infrafinanciada.
En el caso de los centros de día, el plazo de adaptación del personal vence en un año desde la publicación del decreto, es decir, en Marzo de 2024. El ratio de autorización se establece en el 0.16 frente al 0.15 del acuerdo estatal, pero el de acreditación se va a 0.30.
Tampoco se ha recogidos centros específicos para personas afectadas de Alzheimer o Parkinson, como venían demandado las asociaciones de familiares afectados.
Se recoge un aumento muy considerable del número de documentos, registros y protocolos lo que va a provocar una carga burocrática muy importante en los centros y servicios y encima deben estar en vigor antes de acabe el año, lo que dificulta mucho su implantación.
Los requisitos de titulación para las personas que ejerzan la labor de dirección se aumentan, deben contar en todo caso con el curso de dirección de centros de al menos 500 horas, por lo que no será suficiente la formación especializada en dependencia o geriatría junto con la titulación universitaria. Por otro lado, se establece la preferencia de titulaciones en Psicología, Educación Social y Trabajo Social para estos puestos.
Por último, el incremento de los costes que suponen los nuevos requisitos no viene acompañado de un aumento suficiente de las ayudas, lo que supondrá un aumento del copago que hacen las personas usuarias, lo que puede obligar a abandonar el centro a aquellas personas que no pueden afrontarlo o a hacer imposible el ingreso de aquellas personas que necesiten ese servicio.
Queda a criterio de la Administración el hecho de la eximir de la obligación de adaptar el centro a las unidades de convivencia, lo que puede provocar diferentes criterios en distintos territorios”.
Ahí queda.
Espero que la próxima vez que escriba sobre este Decreto sea para anunciar su suspensión o directamente, derogación.
Si (
No(