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UPIMIR avisa: se paga acorde a lo que se exige o "el cierre de centros empezaría a ser patente en breve".

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Dependencia. (Foto: Shutterstock)
Por Dependencia.info
lunes 19 de diciembre de 2022, 11:47h

UPIMIR, la patronal representativa de las PIMES del sector geroasistencial, ha informado en su newsletter de las reuniones que mantuvieron el jueves pasado en el marco de la negociación de presupuestos de la GENCAT con los portavoces parlamentarios en Cataluña:

1- ERC Diputada Najat Driouech
2- PSC Diputado Raúl Moreno
3- CIUDADANOS Diputado Carlos Carrizosa
4- JUNTS X CATALUNYA Diputada Gloria Freixa

En todas las reuniones expusieron "lo convulso y difícil que es actualmente y en la tesitura económica de aumento de IPC y subida de salarios, el mantener unas prestaciones" a los usuarios "sin menoscabo alguno pese a que los presupuestos negociándose actualmente son claramente insuficientes y sin duda ínfimos considerando los anteriores casuales".

UPIMIR planteó a los parlamentarios unas claras reivindicaciones, que fueron recogidas, explican, "con la seguridad de que serían apoyadas y fortalecidas ante la dinámica parlamentaria de negociación de presupuestarios 2023". Eran estas:

1- Incremento de tarifas superior a IPC y pendiente posibles pactos a nivel convenio nacional el cual, como bien sabes, obliga a cualquier convenio autonómico (GERCAT) a cuando menos igualarlo. Por ello exigimos una subida de tarifas a cuenta 2023 del mismo importe que IPC y una revisión de tal subida en base al Convenio marco estatal y sus porcentajes de incremento si así corresponde.

2- Acreditación inmediata y automática como indica el BOE de todos los centros que actualmente son de la “Xarxa” pública sin tener que elaborar ningún tipo de expediente al respecto, no estamos en momentos en los cuales se puedan pagar por ello, cuando la subida del IPC daña tanto nuestro dia a dia.

3- Reunión de urgencia con los candidatos a alcaldables de los diferentes grupos políticos para buscar fórmulas que eviten la expulsión de las ciudades de los centros sociales en régimen de alquiler por la especulación del suelo y sus espacios.

4- Transmitir al Gobierno central la necesidad de que los centros sociales residenciales sean considerados comunidades de vecinos y puedan por ello beneficiarse de las tarifas con descuento en energía (Luz y Gas).

5- Aprobar de forma inmediata un IVA del 4 % en las plazas privadas igualando dicho IVA con el de las plazas públicas. Mismo servicio mismo IVA.

6- Remarcar nuestro actual estado de penuria económica, cuando a dia de hoy aún se nos deben los atrasos del año 2022, no podemos soportar esta situación y exigimos ser considerados como lo que representamos, un servicio social básico y fundamental para la pervivencia de nuestros usuarios y el funcionamiento de sus familias.

La patronal, en el comunicado, añade: "No pedimos nada más ni nada menos que poder servir a los residentes, nuestro eje de actuación con garantías y calidad, nuestra solicitud de respeto a ellos no va ligada a un incremento de beneficios ni lucro sino a una dignidad hacia ellos y los trabajadores que los atienden".

Y concluyen apuntando que en todas las reuniones con los cargos políticos mencionados se dejó claro que ya no pueden seguir así y que, o se da "un giro a la financiación" y se paga acorde a lo que se les exige o "el cierre de centros empezaría a ser patente en breve".

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