Se cumple una semana de la firma del acuerdo entre patronales y el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña que ha comportado un incremento del 3% de los precios públicos en residencias y centros de día. Se trata, en esencia, de un acuerdo necesario, no el que nos hubiera gustado firmar teniendo en cuenta la situación económica por la que pasa el sector.
Aun así, es una actualización importante y que conviene situar en el marco de un acuerdo más amplio que empieza hace unos años con la negociación y la firma el año pasado del Conveni GERCAT o lo que es lo mismo, el primer Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Cataluña de Atención a las Personas Mayores. Para el periodo 2021-2023, el Conveni GERCAT fija un incremento del 10% en las tarifas y del 12% en los salarios, respectivamente.
Es importante tener en cuenta este marco para entender de dónde procede el acuerdo firmado hace una semana. Dicho esto, hay que constatar lo evidente, que se trata de una actualización insuficiente por el extraordinario incremento de los costes de los suministros, de un modo especial en el ámbito energético y de la alimentación, provocados en parte por la guerra en Ucrania. También hay que sumar el largo periodo de congelación de precios en la red de servicios sociales de atención pública en la última década. La insuficiencia económica provocada por todos estos factores está afectando a muchas empresas y entidades, seriamente comprometidas en su viabilidad, y es por ello por lo que hay que actuar rápidamente.
¿Qué pasos va a seguir ACRA en los próximos meses? Hay que mantener la negociación con el Govern para definir el incremento de costes tan importante y cómo repercutirlo en las tarifas públicas de residencia y centro de día. Habrá que cumplir también con el compromiso de crear un espacio estable entre Derechos Sociales y el sector para valorar los costes y hablar de infrafinanciación, de la necesidad de alcanzar unos mayores niveles de inversión en dependencia, así como incrementar el presupuesto a nivel estatal en servicios sociales hasta el 2% del PIB, en correspondencia con otros países europeos.
Y, por último, y no por ello menos importante, hay que destacar que el acuerdo tiene por motivo mejorar las condiciones laborales del conjunto de profesionales. Se trata de un reconocimiento merecido y que permite seguir avanzando en la dignificación de un sector que quiere retener el talento, pero al que le faltan recursos económicos para ello. No es ningún secreto si digo que la falta de profesionales, principalmente de atención directa, es un problema muy grave y ante el que parece no haber solución posible si la inversión pública no aumenta de un modo decidido.
Este último punto daría para un artículo entero, pero hoy lo importante es destacar que tenemos acuerdo. Es un incremento del 3% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2022 para todas las empresas y entidades con plazas financiadas públicamente en Cataluña. Y no va a ser el último, ni mucho menos. Queda trabajo pendiente y vamos a dejarnos la piel en beneficio de todo el sector. Que no quepa ninguna duda de ello.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA
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