La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha valorado positivamente el anuncio del Govern de establecer un pasaporte COVID-19 a las residencias de personas mayores, ya que servirá para proteger más a uno de los colectivos más vulnerables y que más afectados se han visto por la pandemia en un momento de incertidumbre.
Así lo reconocía la directora General de ACRA, Montserrat Llopis: “Es una medida ampliamente reivindicada por el sector, creemos que va en la buena dirección y debería permitir anticiparnos a un posible empeoramiento de la situación pandémica”.
Desde esta asociación se apunta que el pasaporte COVID-19 es una medida que ya reclamaron al Govern hace un mes, cuando la situación epidemiológica estaba prácticamente controlada y se relajaron los protocolos en residencias.
En ACRA esperan que la medida anunciada tenga el visto bueno de los tribunales y que se pueda aplicar lo más pronto posible, tanto en las visitas de los centros como a los profesionales que forman parte, aunque la pauta completa de vacunación entre los trabajadores es del 93,7%.
El viernes por la noche
El aumento de la incidencia de casos covid, varias comunidades autónomas se plantean ya adoptar el pasaporte o certificado covid en residencias de personas mayores y esperan el aval necesario de los tribunales autorizados.
En el caso concreto de Cataluña, el Govern ha decidido ya ampliar el uso del certificado COVID más allá del ocio nocturno y la Comisión Delegada en la materia ha decidido exigirlo también para acceder a los interiores de los locales de restauración, gimnasios, centros deportivos y en las residencias de personas mayores.
El objetivo del pasaporte es reducir el riesgo de contagio y evitar la sobrecarga del sistema sanitario sin tener que aplicar nuevas restricciones. La medida llega después de constatar que evolución de la pandemia tiene una tendencia al alza preocupante para la salud colectiva, para la salud individual de toda la ciudadanía y para el buen funcionamiento del sistema sanitario.
La nueva resolución debería entrar en vigor el viernes por la noche, siempre que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la autorice, con una vigencia inicial de quince días.
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