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ACAD traslada cómo viven dos centros residenciales los efectos de la segunda ola del COVID-19

Associació ACAD
Associació ACAD (Foto: ACAD)
miércoles 25 de noviembre de 2020, 03:19h

Las residencias de mayores tienen que soportar más sobrecostes y más inversión a la vez que reclaman unos criterios de salud con los pacientes basados en necesidades individuales.

La Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD) traslada cómo están viviendo dos centros asociados los efectos de la segunda ola del COVID-19. Carme Ocón, directora de la Residencia Sol i Natura, de Corbera de Llobregat, e Ingrid Silvestre, directora de la Residencia Asistida Olivaret-Eixample, de Barcelona, relatan qué está suponiendo para ellas estos últimos meses de pandemia.

Más gastos en personal y más carga laboral

Los efectos de la segunda pandemia de la COVID-19 en las residencias ha ido acompañada de un mejor conocimiento de la enfermedad y de saber cómo actuar por parte de los responsables y del personal. Eso sí, las residencias han tenido que contratar más personal para poder ofrecer un mejor servicio. Carme Ocón explica: “Hemos tenido que sectorizar tanto el centro que hemos tenido que contratar más auxiliares de geriatría para que psicólogos, educadores sociales y terapeutas pudieran realizar mejor sus trabajos”.

Para Ingrid Silvestre, la situación no es más esperanzadora: “Estamos económicamente ahogados. Ahora hemos empezado a cobrar los retrasos que nos debía el Govern. Las directrices de la Consejería de Salud para dejar habitaciones vacías y poder aislar casos de COVID todavía no son claras. No siempre una plaza coincide con una habitación individual, cuando eso pasa no sabemos quién asumirá el coste de las plazas que quedan sin cubrir cuando las habitaciones de reserva son compartidas”.

Las dos directoras destacan también la dificultad de encontrar profesionales del ámbito asistencial para incorporar a las residencias, y los sobrecostes que han implicado la compra de equipos de protección individual. Carme Ocón sentencia: “tenemos más gasto que nunca y menos ingresos para poder asumirlas”.

Impacto emocional en las personas usuarias

El aspecto que más preocupa a los responsables de residencias es el de los efectos en la salud de las personas usuarias. No sólo en relación con las afectacaiones por COVID sino en la salud mental y emocional que supone para los pacientes los cambios constantes en la relación entre usuarios, familiares y personal.

Ingrid Silvestre lo explica: “Hay unos criterios dictados por Salud que no se adaptan a las necesidades de las personas usuarias. Hasta ahora disponíamos de planes de atención personalizada para cada usuario, ahora todas estas necesidades han quedado supeditadas a criterios técnicos que les afectan emocionalmente. Las personas usuarias han pasado de salir a pasear, compartir mesa y hasta hacer salidas de fin de semana, a no tocarse y mantener una distancia de seguridad”.

Este hecho, mantenido en el tiempo, ha provocado unas consecuencias negativas en muchos usuarios, ya que han empeorado su proceso cognitivo y no han podido desarrollar aptitudes o actividades previstas.

Carme Ocón añade además, como ha cambiado la relación con los familiares de las personas usuarias: “Nos hemos adaptado a las videoconferencias pero sufren muchos los familiaries y los usuarios. Todo se ha vuelto más frío. Sin visitas en el exterior, los familiares lo hacen de manera muy controlada y con una distancia que ha provocado que la moral de muchos de ellos quede también mermada”.

Reclamamos mejor gestión de las pruebas diagnósticas

La gestión de las pruebas diagnósticas para detectar anticuerpos es también otro caballo de batalla de las residencias. Ingrid Silvestre afirma que “nos ayudaría mucho gestionar correctamente estas pruebas de detección para saber quien tiene anticuerpos y así evitar aislamientos innecesarios. A las personas usuarias que han sufrido la COVID no se les están haciendo tests de anticuerupos y los trabajadores estamos en manos del criterio de los médicos de cabecera, que deciden si nos lo hacen o no”.

Las dos directoras concluyen que la primera opción del Govern es siempre cerrar residencias y ellas creen que hay otras maneras de gestionar este ámbito.

Hay que recordar que ACAD representa a más de 7.000 plazas de residencias y servicios de atención a la dependencia.

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